El caso de la PDI de Calama es el síntoma de una fragilidad institucional más amplia, donde el crimen organizado dispone de recursos crecientes; mientras los mecanismos de control interno del Estado parecen insuficientes, lentos o vulnerables.
Hay escándalos que dañan gobiernos. Otros deterioran instituciones. Pero existen algunos particularmente corrosivos, aquellos en que los encargados de perseguir el delito terminan actuando con la lógica del crimen organizado que juraron combatir. El caso de corrupción que hoy sacude a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Calama pertenece precisamente a esa categoría.
Lo que describe la investigación de la Fiscalía de Calama es muy grave. Detectives presuntamente apropiándose de cerca de $70 millones en efectivo y joyas durante diligencias vinculadas al robo de cobre en la división Ministro Hales de Codelco, realizando allanamientos ilegales, adulterando partes policiales y luego intentando blanquear el dinero sustraído mediante operaciones de lavado de activos. Aproximadamente $3 millones habrían ingresado al sistema formal de evidencia, el resto desapareció. Y para cubrir el faltante, los funcionarios habrían manipulado los partes policiales.
Para mayor abundamiento, fueron tres funcionarios de la Bicrim de Calama y la cónyuge de uno de ellos los que fueron formalizados. El tribunal decretó prisión preventiva para dos detectives: un comisario formalizado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público; y un agente policial acusado de malversación y lavado de activos. Un subcomisario quedó con arresto domiciliario por falsificación de instrumento público, mientras que la esposa del agente fue imputada por lavado de activos y también quedó con arresto domiciliario.
El contexto tampoco es irrelevante. El robo de cobre en el norte no es aislado ni artesanal, es una economía criminal consolidada, vinculada a redes de crimen organizado, contrabando, corrupción logística y estructuras transnacionales.
El filósofo Michel Foucault sostenía que el verdadero poder se ejerce mediante la violencia y la administración de los mecanismos institucionales. Precisamente por eso este caso resulta tan grave, ya que la corrupción aquí no aparece como ruptura del sistema, sino como infiltración del sistema.
Los detectives operaron desde el interior del aparato estatal, utilizando las herramientas de la institucionalidad —con allanamientos, partes, procedimientos, custodia de especies— para transformar una investigación criminal en una oportunidad de enriquecimiento ilícito.
Chile atraviesa desde hace años una crisis progresiva de confianza institucional. Casos como el “Pacogate”, “Milicogate”, Fundaciones, escándalos municipales, etc., han erosionado lentamente la idea de probidad pública.
Pero los casos que afectan directamente a policías poseen una gravedad distinta, pues el policía no solo administra recursos públicos, sino que también administra la coerción legítima.
El filósofo Byung-Chul Han ha advertido que las sociedades contemporáneas colapsan menos por grandes revoluciones que por procesos graduales de pérdida de confianza. Ergo, si el ciudadano cree que el narcotráfico compra policías, que funcionarios roban evidencia o que detectives manipulan partes, entonces la ley deja de contemplarse como justicia y comienza a percibirse como arbitrariedad.
El sociólogo Zygmunt Bauman advertía que las instituciones modernas muchas veces terminan priorizando su autopreservación reputacional antes que la verdad. El problema es que cuando una policía protege más su imagen que su transparencia, el daño reputacional termina siendo todavía mayor.
El ciudadano percibe corporativismo, y el corporativismo policial históricamente ha sido uno de los mayores fertilizantes de la corrupción estructural.
Asimismo, el escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn decía que la decadencia de un sistema comienza cuando la mentira deja de escandalizar. Y hay algo muy inquietante, cual es la naturalidad con que Chile parece absorber noticias sobre policías robando evidencia, funcionarios adulterando documentos públicos o redes estatales infiltradas por corrupción.
La corrupción persistente hace que el ciudadano deje de esperar rectitud. Hace que la mediocridad ética se convierta en estándar. Y hace que el abuso de poder parezca inevitable.
El caso de la PDI de Calama es el síntoma de una fragilidad institucional más amplia, donde el crimen organizado dispone de recursos crecientes; mientras los mecanismos de control interno del Estado parecen insuficientes, lentos o vulnerables.
Cuando policías investigan policías, fiscales persiguen a funcionarios armados y organismos del Estado deben infiltrar otras instituciones estatales para descubrir corrupción, queda en evidencia una verdad incómoda: el problema ya no es solo delictual. Es sistémico.
Si el sistema no reacciona con profundidad —no solo castigando individuos, sino reformando controles, trazabilidad de evidencia, supervisión patrimonial y mecanismos anticorrupción— el riesgo es evidente: Que el crimen organizado deje de infiltrar instituciones y empiece directamente a convivir con ellas.