Cada vez que una sociedad habla de volver a lo tradicional, alguien paga el costo de esa simplificación. Y casi siempre, son las mujeres.
Cuando un líder político insiste en “defender la familia” o en restaurar un supuesto “orden natural”, u “orden normal”, y lo repite como un mantra, como un disco rayado, no está hablando únicamente de valores. Está dibujando, también, los límites de lo posible e intentando instalar una verdad absoluta.
En los discursos de José Antonio Kast, y en las vocerías que lo acompañan, como la de Mara Sedini, se configura un relato que, para muchos, suena a certezas; pero para otras, especialmente para las mujeres, comienza a sentirse como una amenaza. Los derechos que alguna vez percibimos como garantizados hoy ya no lo parecen tanto.
Ahora bien, los derechos no suelen desaparecer de un día para otro. Se erosionan. Primero en el lenguaje, luego en las prioridades, después en las políticas públicas. Lo que ayer parecía incuestionable, la autonomía sobre el propio cuerpo, la igualdad ante la ley, la posibilidad de decidir y avanzar hacia una mayor independencia, empieza a ser rodeado de condiciones, matices y excepciones. Y en ese tránsito, casi imperceptible, lo conquistado deja de ser un piso firme para transformarse en un terreno en disputa.
No es novedad que Kast ha manifestado admiración pública por figuras como Viktor Orbán en Hungría o Giorgia Meloni en Italia. Pero resulta relevante observar cómo, en esos contextos, el rol de la mujer ha sido tensionado. Diversos estudios muestran que muchos movimientos populistas de derecha recurren a un lenguaje misógino y promueven que las mujeres se ajusten a roles tradicionales de género. El caso de Hungría es particularmente ilustrativo.
La académica Andrea Pet ha señalado que la representación femenina en la política húngara es peor que en otros países vecinos de Europa Central. “Mientras otros han avanzado, Hungría se ha mantenido igual o incluso ha retrocedido desde 1990”, advierte. No se trata solo de cifras, sino de una señal más amplia: cuando el discurso cambia, las estructuras también lo hacen.
En Chile, un ejemplo claro de lo anterior ha sido la postura histórica de Kast frente al aborto. Ha defendido la derogación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, una normativa que en Chile fue resultado de años de debate social y político. En ese planteamiento no solo hay una diferencia valórica, sino una señal concreta: incluso derechos mínimos, ya legislados, pueden volver a ponerse en cuestión.
A esto se suma su insistencia en reforzar una agenda centrada en la familia tradicional como núcleo excluyente de políticas públicas. Si bien la familia es, sin duda, un pilar económico y social, el problema surge cuando esa definición se vuelve rígida y deja fuera otras formas de vida, otras experiencias y, sobre todo, otras decisiones posibles para las mujeres y disidencias. En ese marco, conceptos como corresponsabilidad, diversidad o autonomía pasan a segundo plano frente a un ideal único que se presenta como norma.
En este contexto, además, el discurso político se entrelaza con una narrativa económica que busca instalar una sensación de crisis permanente. Bajo la idea de un “Estado en quiebra” o de una situación fiscal insostenible, se justifican medidas que impactan directamente en la vida cotidiana: alzas en el costo de la vida, reducción de apoyos o ajustes que no siempre se distribuyen de manera equitativa.
Sin embargo, distintos economistas han cuestionado estas premisas, señalando que no es efectivo que el déficit heredado sea necesariamente mayor que en períodos anteriores, ni que no existieran alternativas para discutir mecanismos como el MEPCO o mitigar el impacto inflacionario de forma más equilibrada.
Pero más allá de estas medidas, que podrían parecer puramente económicas, hay una dimensión que suele quedar fuera del análisis: la de género. ¿Quién paga realmente el costo de las crisis? Como tantas veces, son las mujeres quienes absorben los efectos más duros: en el trabajo precarizado, en las labores de cuidado no remuneradas, en la renuncia silenciosa a su propia autonomía.
Según la Red Chilena contra la Violencia, la inminente subida de precios de los insumos básicos afectaría principalmente a los sectores más precarizados: quienes tienen empleos inestables, quienes sobreviven con pensiones insuficientes y quienes asumen tareas de cuidado no remuneradas.
De acuerdo con datos de la Fundación SOL, en el último trimestre de 2025 solo el 48,6% de las mujeres en edad de trabajar recibió una remuneración por su trabajo. Otra encuesta de 2024 indica que el 57% percibe ingresos de $611.162 o menos. Esta situación se agudiza en los hogares monoparentales, muchas veces fuera de la “normalidad” promovida por sectores de ultraderecha como el de Kast.
En ellos, la economía recae directamente en las mujeres, quienes sostienen sus propias vidas y las de otros, frecuentemente en un contexto de incumplimiento de pensiones de alimentos. Asimismo, la precarización no es solo económica, sino que se extiende a otras dimensiones de la vida. El 51,4% de las mujeres vive en situación de pobreza de tiempo, una condición que limita sus posibilidades de desarrollo, autonomía y bienestar.
Lo que parece una discusión económica no lo es. Se trata de la vida concreta de las mujeres. De quién decide, de quién cede, de quién vuelve a quedarse atrás. Cuando se redefine el “orden”, cuando se estrechan los márgenes de lo posible, no todos retroceden por igual. La historia lo ha mostrado una y otra vez: cada vez que una sociedad habla de volver a lo tradicional, alguien paga el costo de esa simplificación. Y casi siempre, son las mujeres.
La pregunta, entonces, no es solo qué país se quiere construir, sino sobre los hombros de quién se construye. Y si, en nombre de ese orden prometido, Chile está dispuesto, una vez más a pedirles a las mujeres que esperen, que se sacrifiquen por el ‘futuro de Chile y de la ‘patria’
¿Y el futuro de las mujeres?