No es solo una crisis de pensiones, es una crisis de confianza. Mientras las AFP celebran utilidades récord, el sistema sigue fallando en su promesa básica: asegurar una vejez digna.
Persona de tercera edad al lado de un grafiti contra las AFP / Agencia Uno
En 2025, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile registraron ganancias equivalentes a aproximadamente $691.498 millones. La cifra representa un aumento del 22% respecto de 2024, cuando las utilidades alcanzaron US$625 millones ($566.869 millones).
Mientras tanto, miles de jubilados sobreviven con pensiones que apenas superan los $200.000 o $300.000 mensuales. Esta obscena convivencia —rentabilidad extraordinaria para los administradores y precariedad estructural para quienes financiaron el sistema— no es una falla, es el diseño.
Pero el problema no se agota en los números. Se agrava cuando se observa quiénes están llamados a regular este engranaje.
La designación, por parte de Kast, de Joaquín Cortez como superintendente de Pensiones no es un hecho aislado, sino un síntoma. Su trayectoria —director en filiales de AFP Habitat en Perú y Colombia, integrante del directorio de Prudential AGF, exdirector de Confuturo y Corpseguros, y con 15 años en AFP Provida, donde incluso presidió el directorio— lo sitúa no como un árbitro neutral, sino como un actor orgánico del mismo sistema que ahora debe fiscalizar.
Como advertía C. Wright Mills, en La élite del poder, las democracias modernas tienden a concentrar decisiones clave en círculos estrechos donde intereses económicos y políticos se entrelazan hasta volverse indistinguibles.
El episodio de La Polar en 2011, donde Provida —bajo su área de inversiones— adquirió el 26% de un bono cuestionado, intermediado por el propio grupo BBVA, sigue siendo una sombra incómoda. No por una ilegalidad comprobada, sino por algo más corrosivo: la normalización de prácticas opacas, acuerdos verbales y falta de registros completos en decisiones que involucraban los ahorros de millones de personas.
Sin embargo, el caso de Cortez no es el único que revela esta promiscuidad estructural entre industria y Estado.
Elisa Cabezón, actual subsecretaria de Previsión Social, fue directora ejecutiva de Perspectivas, un observatorio de estudios vinculado directamente a la Asociación de AFP. No se trata de un detalle menor, ya que Perspectivas opera como un espacio de producción de discurso técnico que, bajo la apariencia de neutralidad académica, ha contribuido a legitimar el modelo previsional vigente. Además, Cabezón participó en Pivotes, un centro de pensamiento fundado por Bernardo Larraín Matte, ligado a uno de los grupos empresariales que reciben grandes inversiones de las AFP. Es decir, no solo analizó el sistema, formó parte de los espacios que lo defienden, lo interpretan y lo proyectan.
Por su parte, Ivonne Bueno —hoy a cargo de la Dirección de Estudios Previsionales— fue una alta ejecutiva de la Asociación de AFP, donde coordinó equipos técnicos y elaboró informes sobre el sistema previsional y el mercado laboral. Su rol no era periférico, era central en la construcción del conocimiento técnico que sustenta el funcionamiento del modelo. Hoy, desde el Estado, administra bases de datos clave, elabora análisis y participa en la formulación de políticas públicas. La pregunta no es si tiene competencias, sino desde qué marco conceptual y con qué sesgos acumulados ejercerá ese poder.
Un aspecto central para entender la riqueza que se acumula en este negocio se origina en la baja cantidad de competidores que se disputan el 10% del sueldo de los trabajadores. Entre 1993 y 1994, habían 21 administradoras. Desde 1995 la tendencia fue decreciente, llegando actualmente a siete AFP.
Siguiendo a María José Azócar, investigadora de la Fundación SOL, el sistema ofrece múltiples opciones de inversión, pero en la práctica una proporción significativa de los fondos termina en activos de grandes grupos económicos. En 2020, el 38,4% de las inversiones en empresas nacionales se concentró en instituciones financieras, destacando el Banco de Chile (familia Luksic) como principal receptor.
Emerge, entonces, un circuito cerrado: los trabajadores financian, mediante cotizaciones obligatorias, la expansión de las mismas élites económicas que dominan el país.
Como ha advertido Thomas Piketty, cuando el capital se reproduce a mayor velocidad que el ingreso del trabajo, la desigualdad deja de ser una desviación y se convierte en regla.
En ese escenario, la pregunta final ya no es incómoda, es urgente... Cuando quienes regulan han sido parte del negocio, cuando quienes diseñan políticas han trabajado para quienes se benefician de ellas, cuando el conocimiento técnico proviene de los mismos espacios que defienden el modelo, ¿qué intereses se están realmente protegiendo?
No es solo una crisis de pensiones, es una crisis de confianza. Mientras las AFP celebran utilidades récord, el sistema sigue fallando en su promesa básica: asegurar una vejez digna. Y cuando el Estado parece más cercano a los administradores que a los jubilados, lo que se difumina no es solo un modelo, sino la legitimidad misma del orden social.