Después de que el presidente Gabriel Boric anunciara que ingresará un proyecto de ley de aborto legal en su pasada cuenta pública el debate sobre la propuesta no se hizo esperar. Las declaraciones a favor y en contra del anuncio se tomaron la contingencia y distanciaron aún más la tensa relación entre el gobierno y la oposición.

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“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos (…). Siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, sostuvo Boric.

Sin embargo, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, señaló que “con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes. Pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de derecho”.

Estas dos visiones son una de las razones que tiene atrapado el debate sobre la ley de aborto legal, es decir, si es una discusión valórica o una discusión de política pública de salud. Aquí es donde han chocado y chocan las perspectivas de la oposición y la del oficialismo.

Ya se vio en 2017 cuando la expresidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 21.030 que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: Salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación. No sin antes, esperar la resolución del Tribunal Constitucional, después de que la derecha presentara dos recursos para impugnar el proyecto.

La discusión sobre el aborto legal tiene vestigios valóricos y éticos, pero que son individuales y que pertenecen a las creencias de cada persona, por lo que no deben introducirse en el debate de una política pública de salud que busca relevar los derechos de las mujeres y la opción a elegir sobre su propia maternidad.

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Por lo demás, es importante recordar que Chile es un país laico y que garantiza la libertad religiosa y de culto de acuerdo con la Constitución, y que el Estado y la iglesia se separaron en 1925 por lo que su visión de la vida (legítima para sus feligreses) no debe inmiscuirse en las discusiones que no le competen.

El aborto en tres causales significó un avance para las mujeres, pero no es suficiente. Según información del gobierno al diario El País se producen clandestinamente entre 30.000 y 150.000 abortos al año en Chile. Y en el mundo la situación no es mejor, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud sólo en 2022 se realizaron 25.000 abortos sin protección.

Esto quiere decir que las políticas públicas que están instaladas en el país sobre el aborto no están cubriendo el problema de fondo: Hay mujeres y niñas que, simplemente, no quieren ser madres y se les castiga por eso. Basta de discriminaciones, basta de subyugación a la decisión de otros y otras sobre su propio cuerpo.

Las mujeres no son un envase, “no prestan el cuerpo”, como dijo Ena von Baer (UDI), son personas pensantes, que tienen derechos y discernimiento suficiente para decidir sobre su maternidad y lo que quieren hacer con su vida sexual.

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El nuevo proyecto de ley sobre el aborto legal es una política optativa que sólo les da opciones a las mujeres sobre su libertad individual, pero que no obliga a nadie a abortar. Es una política pública democrática que le confiere a cada mujer su derecho a decidir. Por lo mismo, quienes deseen ser madres podrán hacerlo sin problema, y quienes no quieran no tendrán que pedirle permiso a nadie sobre las decisiones que tomen sobre su propio cuerpo y su derecho a elegir una maternidad deseada.