El 9 julio se cumplen dos años de la muerte del joven mapuche Pablo Marchant, en el fundo Santa Ana Tres Palos, de Forestal Mininco en la comuna de Carahue, cuyas circunstancias en torno a su deceso mantienen un manto de dudas con una serie de contradicciones y omisiones en el proceso investigativo.

La defensa de la familia de Pablo Marchant ha sostenido que existen una serie de elementos que desmienten la versión entregada por Carabineros en torno a la investigación de la muerte del miembro de la CAM. Uno de ellos, es el informe forense elaborador por el médico forense Luis Ravanal Zepeda, quien da cuenta que el joven fue ejecutado con cañón de escopeta apoyado sobre la cabeza.  

La abogada de la familia, Patricia Cuevas Suárez, señala que “a pesar de que existió un pre informe metapericial forense de nuestra parte, que buscaba plasmar las falencias o conclusiones erróneas o infundadas del protocolo de autopsia, y que dichas conclusiones preliminares son ratificadas con mayores antecedentes y de forma incluso más tajante en un segundo informe pericial que acabamos de acompañar y que ha sido elaborado por prestigioso médico forense Luis Ravanal Zepeda, la versión del SML se ha mantenido intacta y reafirmada con citas de textos médicos que no vienen al caso”.

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En uno de los puntos de la conclusión del informe de Ravanal, se señala: “En suma, es posible establecer con la evidencia disponible que la lesión balística ocasionada a nivel de la zona temporal posterior derecha (mastoidea) con estallido y evisceración de la masa encefálica, es concordante con un disparo de escopeta efectuado con apoyo, mortal en forma inmediata, y atribuible a la acción de terceros”.

Para la abogada querellante, “el sentir de la familia es que no se entiende por qué el SML y Fiscalía se cuadran con la versión de un imputado en materia penal, y en particular en un crimen gravísimo como el que se investiga, cuestión que no suele verse nunca en causas de esta naturaleza, ni tampoco por qué en el procedimiento se utilizaron vehículos que no pertenecen a Carabineros de Chile, ni tampoco por qué no se ha dado una explicación acerca del error en la determinación de la identidad de la víctima durante varias horas, y un largo etcétera”.

Cabe consignar que el funcionario al que apunta la defensa fue trasladado a Punta Arenas.

Sobre esto Cuevas Suárez sostiene que el uniformado “sigue trabajando, recibiendo probablemente un sueldo mayor al que recibía antes de acabar con la vida de Pablo”.

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Además, la profesional acusa que no se les ha hecho llegar el sumario administrativo que se abrió en contra del carabinero. “Suponemos, debió haberse rechazado, y, probablemente con mucho menos trabajo que realizar dada la existencia de menos personas y delitos en la región en la que está destinado. Es decir, su vida mejoró después de dar muerte a un joven de 28 años de edad”, indicó.

Cuevas Suárez agrega: “Sin duda, son muchos más los asuntos que como querellantes controvertimos de la investigación, y, es por ello que no descansaremos hasta que se determine verdaderamente la forma en que falleció Pablo y la responsabilidad de quienes cometieron el delito”.

Cabe consignar, que este segundo informe médico forense incorporado por la querellante, no sólo afirma la existencia de dos disparos y que el disparo mortal se realizó con apoyo del cañón en la cabeza de Pablo, sino que además evidencia claras falencias en el protocolo de autopsia, “quienes lavaron partes esenciales del cuerpo antes de hacer análisis, permitiendo que eventualmente se desprendiera pólvora u otros elementos que podían dar cuenta de la poca distancia con que se efectuó el disparo, además de contar con radiografía y fotografías deficientes, junto con el hecho de que no se perició la polera que cubría la cabeza de la víctima ni el resto de sus ropas para establecer la distancia de los disparos, así como tampoco se radiografió la zona de su tórax, en la cual existían múltiples lesiones”, señala la abogada querellante.

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