El diputado Néstor Rodríguez cree que con esta medida se ayuda a la “reinserción social” de personas que viven en la calle. Recibió múltiples críticas.
Imagen referencial sobre mujeres bolivianas - Agencia EFE
Un proyecto de ley presentado en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha desatado el rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, que advierten de que la medida vulneraría derechos fundamentales.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro, con el argumento de favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle y abordar especialmente la situación de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
Rodríguez justificó su propuesta por la situación que, según dijo, observa entre mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, dijo Rodríguez a Agencia EFE.
El documento se presentó hace unas semanas y, según el legislador, en los próximos días debe tratarse en primera instancia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez afirmó que el proyecto busca responder a “la necesidad de las personas en situación de calle de reinsertarse en la sociedad” y explicó que la eventual esterilización estaría precedida por evaluaciones médicas y psicológicas.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores afirmó a EFE que la propuesta del legislador “es inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”.
“Está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos”, aseguró Flores.
Para la activista, la propuesta es “profundamente racista, clasista, machista y misógina” y que amerita “una sanción del sistema legislativo”.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la iniciativa del diputado.
“La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una gravísima violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señala el comunicado.
