La crisis económica y social que vive Bolivia en los primeros 6 meses del derechista Rodrigo Paz hicieron que el pueblo saliera a las calles a protestar.
Gente en Bolivia protestando para pedir la renuncia del presidente Paz - Agencia EFE
La tensión política y social en Bolivia alcanzó uno de sus puntos más críticos desde la llegada de Rodrigo Paz al poder en noviembre de 2025, pues miles de personas se han movilizado durante las últimas semanas en distintas ciudades del país para exigir la renuncia del mandatario, acusándolo de incumplir promesas de campaña y aplicar medidas económicas que han deteriorado aún más el costo de vida.
Las protestas, que incluyen bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos con fuerzas policiales, se concentran especialmente en La Paz y El Alto, aunque también se han extendido a otros departamentos. Sectores indígenas, sindicatos campesinos, trabajadores, profesores y organizaciones sociales apuntan directamente contra el plan de ajuste impulsado por el Ejecutivo.
El gobierno de Rodrigo Paz asumió en medio de una compleja situación económica, marcada por inflación, escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustibles. Sin embargo, las primeras decisiones económicas del Ejecutivo profundizaron el malestar social.
Entre las medidas más cuestionadas están el recorte del gasto público, la eliminación de subsidios a los combustibles y la reducción de programas estatales. Estas decisiones impactaron directamente en el precio del transporte, los alimentos y productos básicos.
Analistas y organizaciones sociales sostienen que buena parte de la población que apoyó electoralmente a Paz hoy se siente “traicionada”, especialmente sectores populares y comunidades indígenas que esperaban un gobierno más cercano a las demandas sociales.
Las manifestaciones ya completan varias semanas consecutivas y han provocado graves problemas de abastecimiento en distintas ciudades bolivianas. Incluso hospitales han reportado dificultades para acceder a oxígeno medicinal y suministros esenciales debido a los bloqueos y cortes de rutas.
En medio de la creciente presión política, el presidente boliviano anunció este lunes una drástica reducción del 50% de su salario y del sueldo de sus ministros, medida que presentó como un gesto de “compromiso” frente a la crisis.
El mandatario también habló de un “perdonazo tributario” y defendió sus reformas económicas asegurando que son necesarias para estabilizar las finanzas del país y enfrentar el déficit fiscal.
Sin embargo, las medidas no lograron desactivar las movilizaciones. Diversos dirigentes sociales consideran que los anuncios llegan tarde y no atacan el problema de fondo: el aumento del costo de la vida, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo.
La situación se volvió aún más delicada tras denuncias por la muerte de un manifestante durante operativos policiales en las cercanías de La Paz. Organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica pidieron investigaciones independientes sobre los hechos.
Las protestas bolivianas también han sido interpretadas por sectores políticos y analistas como parte de un creciente rechazo latinoamericano a las políticas de ajuste económico impulsadas por gobiernos de derecha en la región.
Las movilizaciones recuerdan otros episodios de fuerte conflictividad social registrados en América Latina cuando los gobiernos avanzaron en recortes estatales, eliminación de subsidios y reformas económicas orientadas al mercado.
En Bolivia, además, el conflicto tiene un fuerte componente político y simbólico debido al alejamiento del actual gobierno respecto de movimientos indígenas y organizaciones populares que históricamente han tenido gran influencia en la vida política del país.
El escenario boliviano también genera atención en Chile debido a las similitudes que algunos sectores observan con parte del programa económico impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.
Durante los últimos meses, la administración chilena ha promovido iniciativas ligadas a la reducción del gasto fiscal, reformas al aparato estatal y políticas promercado que han generado debate entre economistas, sindicatos y organizaciones sociales.
Aunque la realidad económica y política chilena es distinta a la boliviana, los efectos sociales de ajustes económicos severos pueden aumentar el malestar ciudadano si no van acompañados de medidas de protección social y crecimiento del empleo.
Las protestas en Bolivia, en ese contexto, son observadas por distintos sectores políticos chilenos como una señal de advertencia sobre el impacto que pueden tener las políticas de austeridad en países que enfrentan desigualdad, inflación y descontento social acumulado.
