El área ecológica pasará a ser controlada por el empresariado del agro a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
En un movimiento que vuelve a encender las alarmas de las comunidades indígenas y las organizaciones ecologistas, la institucionalidad medioambiental de Bolivia ha sufrido un nuevo degradamiento luego de que el pasado 3 de agosto el presidente Rodrigo Paz disolviera el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
Se trata de la segunda de vez que realiza cambios a esta cartera. En noviembre de 2025 había fusionado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el de Planificación del Desarrollo.
Ahora, —y en pleno estado de excepción— el mandatario traspasó las competencias de resguardo ecológico directamente a la cartera de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
La decisión deja el destino ecológico del país altiplánico bajo la tutela de Óscar Justiniano, un influyente agroempresario que lideró la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).
Con este traspaso, entes clave en la protección de la biodiversidad y el control de la deforestación —como la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)— pasarán a ser fiscalizados por el mismo sector productivo que históricamente ha presionado por la expansión del extractivismo agrícola.
A través de sus canales oficiales, el mandatario defendió la medida bajo el argumento de reducir el gasto público y agilizar la burocracia estatal.
Asimismo, el mandatario convirtió el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía en una agencia, mientras que el Ministerio de Justicia fue eliminado bajo el argumento de evitar que se transforme como instrumento político.
El rediseño del Ejecutivo dejó la estructura estatal reducida a solo 12 ministerios e implicó movimientos estratégicos en el equipo de confianza del presidente.
