Desde 2009, una familia se tomó el humedal urbano Vasco da Gama en Hualpén y lo transformó en un vertedero ilegal, que operó durante años a pesar de constantes intentos de la comunidad y las autoridades locales por clausurarlo. Integrantes de la familia incluso golpearon y amenazaron a fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
En 2025 los años de presión ciudadana rindieron frutos que no dejaron contentos ni a los vecinos ni al alcalde de la comuna: se ordenó la clausura definitiva del vertedero y se estableció una multa por los 16 años de contaminación acumulada. La multa es de $1,8 millones.
Multa irrisoria para familia que operó vertedero ilegal
“Nos parece bastante irrisorio el resultado de una investigación de más de cinco años. Toda la irregularidad del relleno ilegal estaba a la vista y la multa es de solo $1.800.000, cuando en el mismo informe se acredita que esta familia ha ganado más de $300 millones cobrando por la descarga de escombros. ¿De qué sirve tanto trámite si las sanciones dan risa?”, criticó en su momento Miguel Rivera, alcalde de Hualpén.
En audiencia ante el tribunal, desde la municipalidad argumentan que no se ponderó correctamente el nivel de daño ambiental, cuya intervención afectó la capacidad del ecosistema para absorber agua, aumentando el riesgo de inundaciones para las viviendas aledañas.
Tras luchar por años para que se clausure el vertedero, los vecinos siguen en alerta por la presión inmobiliaria que pesa sobre el humedal recién recuperado.
Humedal urbano en Hualpén
El humedal Vasco da Gama en Hualpén (o Chimalfe según su nombre en mapudungún), tiene 64 hectáreas y completa la conectividad ecológica del sistema de humedales Rocuant-Andalién, Vasco da Gama, Paicaví y Tucapel Bajo en la región del Biobío.
Es un hábitat importante en la región del Biobío para plantas nativas como la totora o el junquillo, y para animales como la lagartija de Schroeder, la rana chilena, el coipo, el pájaro sietecolores y la garza cuca, entre otros.
En 2024, tras un largo trabajo de levantamiento técnico por parte de vecinos y el municipio, se declaró el ecosistema como humedal urbano, habilitando a tomar acciones para su protección y restauración. A raíz de ello se modificó el Plan Regulador Comunal para restringir las construcciones sobre el humedal.
Algunas empresas inmobiliarias presentaron reclamaciones en contra de la declaratoria del humedal, buscando excluir partes del ecosistema sobre las que tienen interés. Además, una de las empresas vinculada a la inmobiliaria Valmar, presentó una reclamación en contra del cambio en el PRC.
Por su parte, vecinos acusan que desde la Dirección de Obras Municipales se entregó un permiso de edificación en un anteproyecto para construir un mall abarcando parte de la superficie del humedal urbano.