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Biodiversidad

Frenazo al nuevo Servicio de Biodiversidad: Otro efecto de la mega reforma de Kast y el retiro de decretos

El recién instalado servicio que protege la biodiversidad podría funcionar hasta fines de 2027 casi sin reglamentos ni capacidad de proteger sitios prioritarios

Por María del Mar Parra 22 de mayo de 2026 - 07:05

Más de una década tardó el país en tener un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), para cuidar la naturaleza de Chile dentro y fuera de parques y reservas nacionales. Ahora, la entrada en funcionamiento del servicio atraviesa momentos de incertidumbre ya que gran parte de los reglamentos que dictan su operatividad están en suspenso.

Reglamentos del Servicio para la Biodiversidad

De los 17 reglamentos que necesita el SBAP para operar, uno está vigente y al menos 12 fueron retirados de Contraloría a inicios del gobierno de José Antonio Kast, mientras que tres reglamentos más están en elaboración, atravesando procesos de consulta indígena o participación ciudadana.

Los reglamentos retirados de Contraloría regulan funciones esenciales del servicio para cuidar la biodiversidad del país, como la clasificación de ecosistemas amenazados y áreas degradadas o los planes de recuperación de especies en peligro y de erradicación de especies exóticas invasoras.

Mientras tanto, avanza a pasos acelerados en el Congreso la megareforma impulsada por el gobierno, que entre otras materias amplía de dos a cuatro años el plazo (ya vencido) para dictar los reglamentos del SBAP. Así, crece la incertidumbre sobre la forma en que operará el servicio hasta esa fecha.

Sitios prioritarios para la conservación

Además, la megareforma también indica que, para oficializar la protección de los sitios prioritarios para la conservación seleccionados, primero deberá aprobarse el reglamento que ahora tiene plazo hasta 2027.

Así, se vuelve a retrasar una de las disposiciones más polémicas pero más relevantes que trae la creación del SBAP: La protección oficial de sitios que han sido identificados en cada región por su valor ecológico y su importancia como refugios de biodiversidad.

Ya desde el gobierno de Gabriel Boric, el proceso para determinar los sitios prioritarios ha sido motivo de disputa con gremios industriales, que participaron activamente en el proceso para reducir los sitios seleccionados. De 330 sitios prioritarios identificados en la estrategia nacional y las estrategias regionales de biodiversidad, solo 99 fueron considerados y el proceso fue aplazado tanto en el gobierno saliente como en el entrante.

Ministerio de Medio Ambiente

La nueva ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha manifestado que la implementación del SBAP es una de las prioridades de su gestión.

Ante las dudas que despierta el retraso en los reglamentos, desde la cartera argumentan que muchos de ellos se presentaron incluso el último día del gobierno de Gabriel Boric, y que el retiro responde al objetivo de revisar exhaustivamente estos decretos, en los cuales encontraron errores, para que una vez ingresados a Contraloría la toma de razón sea expedita.

Explican además que, mientras revisan los problemas detectados en los reglamentos para solucionarlos, avanza en paralelo la preparación técnica para instalar el servicio, “garantizando que, una vez tomados de razón los reglamentos, el SBAP pueda entrar en funciones de manera oportuna, con un despliegue territorial robusto y libre de vulnerabilidades jurídicas”, declaran.

Revisión o retraso

Desde organizaciones ambientales que han seguido el proceso de implementación del SBAP, destacan los meses de trabajo previo que requirió la elaboración de los reglamentos, incluso si fueron presentados el último día de gobierno.

Algunos especialistas, como la abogada ambiental Pilar Moraga, directora del CR2, sostienen que el gobierno busca revisar los aspectos técnicos y la legalidad de los reglamentos, pero que la legalidad la revisa la misma Contraloría, y los aspectos técnicos tendrán que ser revisados por los mismos profesionales que los elaboraron.

Además, tomando en cuenta el tono del discurso de autoridades de gobierno que minimizan la protección ambiental como un obstáculo ideologizado contra el desarrollo, algunas organizaciones dudan de si el verdadero objetivo de estos retrasos es hacer una revisión exhaustiva o si se está instrumentalizando el aplazamiento como señal política y para retrasar la protección de la biodiversidad, de cara a intereses empresariales.

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