Tres focos de scrapie detectados en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos ponen en jaque las exportaciones ganaderas de Argentina en medio del desmantelamiento del SENASA, el organismo sanitario que enfrenta recortes presupuestarios, fuga de profesionales y derogación de normativas clave bajo el gobierno de Milei.
El pánico se apoderó del sector ganadero argentino en las últimas semanas con la detección en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos de casos de scrapie, una enfermedad neurodegenerativa conocida también como "oveja loca", (prima hermana de la más conocida “vaca loca") que nunca había sido detectada en el país.
El hecho se produce en un contexto de desguace del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) — el organismo estatal encargado de fiscalizar y certificar la sanidad animal y vegetal—, y enciende las alarmas y las críticas al poner en riesgo exportaciones y el control alimentario nacional.
El primer caso se detectó la segunda semana de abril en un campo de la provincia de Buenos Aires, y las autoridades sanitarias confirmaron otros dos focos que terminaron de encender las alertas y disparar las hipótesis acerca de que no se trate de un episodio aislado.
El scrapie es una enfermedad que afecta el sistema nervioso de los ovinos y genera alteraciones de conducta, pérdida de coordinación y deterioro progresivo. Su contagio se produce principalmente de forma horizontal, a través de fluidos o por vía oral, lo que convierte en muy riesgosa la convivencia dentro de un mismo rodeo.
Las autoridades intentan reconstruir la trazabilidad completa del brote. Una tarea muy complicada que por ahora parte de la base de que el foco inicial pudo originarse en animales importados desde Paraguay hace unos dos años. Sin embargo, se desconoce si esos reproductores tuvieron origen en otros países como Canadá o el Reino Unido y que Paraguay haya sido solo una escala previa para llegar a Argentina.
Una de las dificultades centrales para determinar dicha trazabilidad, señalaron fuentes sanitarias consultadas por El Desconcierto, es que los contagios mencionados dan cuenta de infecciones ocurridas hace al menos 30 o 40 días. Esto, debido al tiempo que transcurre entre los primeros síntomas, la toma de muestras y el resultado de los análisis de laboratorio.
El hecho pone aún más sombras sobre la “credibilidad sanitaria” de Argentina, inmersa en un proceso de severos recortes en áreas de la administración pública. A fines de marzo, Chile bloqueó el ingreso de carne argentina y endureció los controles, y pocas días después la Administración General de Aduanas de China (GACC) suspendió las importaciones del frigorífico Arrebeef —el tercer exportador del país— tras detectar residuos de cloranfenicol -un antibiótico prohibido para animales destinados al consumo humano- en un contenedor de huesos con carne.
El escenario descripto abre un problema sanitario complejo circunscripto a dos alternativas: imponer una barrera sanitaria, lo que implica sacrificar todo el rodeo, o centrar la estrategia en avanzar con estudios genéticos para intentar salvar animales resistentes, una alternativa mucho más costosa y compleja.
Gracias a políticas sanitarias extremadamente estrictas de control de importaciones, Chile se mantiene libre de la Aftosa sin vacunación desde 1981. Cualquier señal de relajamiento por parte del lado argentino dispara automáticamente mecanismos de defensa.
El temor local de fondo es que, si el brote escala, las autoridades argentinas deban aplicar medidas extremas como el cierre sanitario de exportaciones.
En el año 1992 un brote de aftosa en Bariloche obligó a imponer un cordón sanitario para evitar el contagio, lo que obligó a sacrificar unas 6.000 ovejas de la empresa Benetton. Por esos años la intervención veloz del SENASA permitió contener la enfermedad, pero la debilidad en que se encuentra ese organismo argentino, producto del voraz “achique del Estado” que viene implementando el gobierno de Javier Milei, siembra dudas sobre la capacidad de respuesta actual.
Si el Gobierno libertario no transfiere los recursos necesarios para enfrentar el brote ni para compensar a los productores afectados, el hecho podría derivar en quiebras en cadena.
El desguace del SENASA
Bajo los eufemismos “ordenamiento normativo”, “actualización de normas históricas” y liberación de restricciones para impulsar la producción”, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger lleva a cabo un virtual vaciamiento del SENASA.
En 2025, mil millones de pesos recaudados por el SENASA no fueron ejecutados y se absorbieron por Rentas Generales, limitando la operatividad del organismo. Se derogaron normativas clave (Resolución 62/2026), y actualizaron reglamentos de 1968 con el argumento de “agilizar la producción”, que en la práctica eliminan controles en productos de origen animal.
El organigrama del organismo se esfuma mientras muchos profesionales de carrera con sueldos congelados desde el inicio del gobierno de Milei migraron hacia el sector privado.
Los trabajadores denuncian un “desmantelamiento” que pone en riesgo la sanidad, las exportaciones y el control alimentario.
