Frente al avance del fracking, la minería y las parcelaciones, personas adquieren terrenos para blindarlos. En Chile, la donación de los Tompkins y la Ley de Derecho Real de Conservación consolidaron un modelo que hoy replican organizaciones locales.
Frente al avance del fracking, la minería y las parcelaciones, personas adquieren terrenos para blindarlos. En Chile, la donación de los Tompkins y la Ley de Derecho Real de Conservación consolidaron un modelo que hoy replican organizaciones locales.
La conservación privada se consolida como una alternativa para el cuidado de la ecología frente al avance de proyectos de fracking, minería, tala e inmobiliarios. Ante la lentitud de los procesos legislativos para declarar áreas protegidas, filántropos, organizaciones y comunidades optan por comprar terrenos para evitar que sean explotados, una práctica que en Chile cuenta con respaldo legal desde 2016.
Durante décadas, la protección ambiental se jugó en el plano normativo, con movilizaciones y presión parlamentaria. Sin embargo, la adquisición directa de tierras ganó espacio como un mecanismo que permite bloquear usos industriales del suelo sin esperar una resolución de la autoridad.
Uno de los nombres asociados a esta discusión es el del actor estadounidense Mark Ruffalo, que vive en una antigua granja lechera de cerca de 20 hectáreas en las montañas Catskill, en el estado de Nueva York. El predio se ubica sobre la formación Marcellus Shale, codiciada por la industria del gas, lo que convirtió al intérprete en una de las caras visibles de la campaña contra la fracturación hidráulica. Finalmente, Nueva York prohibió el fracking en 2014, una decisión que se convirtió en ley en 2020.
En el contexto sudamericano, Chile es un referente en conservación privada a gran escala. El caso más conocido es el del empresario estadounidense Douglas Tompkins, fundador de The North Face, y su esposa, Kristine McDivitt Tompkins. A partir de la década de 1990, la pareja compró extensas superficies de bosque nativo en el sur del país para evitar su tala o su fragmentación por proyectos energéticos.
Tras la muerte de Douglas Tompkins en 2015, ese proceso derivó en un acuerdo con el Estado. En marzo de 2017, la entonces presidenta Michelle Bachelet y Kristine Tompkins firmaron en el Parque Pumalín un protocolo mediante el cual Tompkins Conservation donó 407.625 hectáreas, a las que el fisco sumó cerca de 949.000. La familia ha descrito el aporte como la mayor donación privada de tierras de la historia.
Ese acuerdo dio origen a la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, que abarca unos 4,5 millones de hectáreas e incluye el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins y el Parque Nacional Patagonia, ambos traspasados formalmente al Estado en abril de 2019.
Paralelamente, la compra de tierras con fines de conservación dejó de depender solo de grandes fortunas extranjeras. En la zona central y el sur, comunidades organizadas han adquirido paños de bosque amenazados por parcelaciones. A su vez, agrupaciones ambientales y fundaciones locales han comprado terrenos en cabeceras de cuenca y valles cordilleranos para dificultar el acceso de mineras y centrales de pasada a fuentes hídricas.
A diferencia de otros países, Chile dispone de una herramienta jurídica específica. Se trata de la Ley 20.930, publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2016, que creó el Derecho Real de Conservación (DRC).
Este instrumento permite al propietario de un predio pactar voluntariamente con un titular, que puede ser una persona o una organización, restricciones como la prohibición de tala, loteos o actividades extractivas. El contrato se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces y, desde ese momento, el gravamen se mantiene aunque el inmueble se venda o se herede.
De este modo, la ley establece que los derechos reales constituidos antes del DRC prevalecen sobre este, lo que acota su alcance en terrenos con gravámenes previos. Aun así, el mecanismo se ha aplicado tanto en pequeñas propiedades como en grandes superficies de Aysén y Los Lagos, donde la compra de tierras pasó de ser un activo económico a una forma de protección ambiental de largo plazo.
