- La propia ministra Ximena Lincolao sugirió que no sería la única ministra en esa situación. ¿Qué implica eso?
Se agrava lo anterior con sus dichos en un medio de comunicación, donde reconoció que esta omisión habría sido cometida también por otros colegas del gabinete, y que incluso esos mismos colegas le habrían sugerido omitir la información. Cuando la ministra lanza esa acusación contra sus pares, el problema deja de ser personal y pasa a ser un problema del gobierno. Nos parece del todo grave.
Por eso, además del oficio que ingresamos con el diputado Cuello, enviamos uno dirigido a todos los ministerios. Y dado lo grave del asunto, junto al jefe de nuestra bancada, el diputado Raúl Leiva, ingresamos un requerimiento a la Contraloría para que aperciba a la ministra Lincolao a rectificar su declaración de patrimonio e intereses, y para que se le requiera lo mismo al resto de los ministros a quienes ella se refirió.
La Ley Miscelánea y el "tsunami" de indicaciones
- La oposición presentó alrededor de 1.200 indicaciones a la Ley Miscelánea. El oficialismo lo califica de obstrucción y el gobierno respondió con indicaciones sustitutivas para neutralizarlas. ¿No arriesgan quedar como un factor de bloqueo?
Nadie puede escandalizarse porque los parlamentarios hagamos uso de nuestras facultades constitucionales. Indicar proyectos significa nutrir, modificar y enriquecer los mensajes presidenciales. Eso no es obstaculizar: es legislar.
Hay además una contradicción evidente. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero, presentó más de 100 indicaciones en la reforma tributaria del gobierno del presidente Boric. El diputado Bobadilla (UDI) presentó más de 200 indicaciones en la discusión de la ley de pesca, muchas de ellas un copy-paste de las sugerencias que le hacían las propias empresas pesqueras. Y la senadora Ximena Rincón, actual ministra de Estado, presentó más de 100 indicaciones en la discusión del proyecto para regular las apuestas online. Resulta curioso que quienes hoy cuestionan esta herramienta la ejercieron ampliamente cuando estaban en la oposición.
- ¿Y cuál es el problema de fondo con el contenido de la reforma?
Tramitar una modificación de 40 cuerpos legales en tres semanas es bien inaudito. La reforma previsional se demoró dos años y medio en tramitarse. Esta reforma tributaria, que entrega beneficios cuantiosos a los principales capitales del país, se pretende sacar adelante en tres semanas. Eso no es razonable.
Y hay un patrón de fondo. Por un lado, el gobierno agiliza y aumenta los cobros contra los estudiantes en el marco del Crédito con Aval del Estado. Pero no presenta ninguna norma para recaudar recursos omitidos por empresarios que han eludido el pago de impuestos. Queda en evidencia que hay un doble trato cuando se trata de hablar del trabajador y cuando se trata de hablar del empresario.
- El gobierno presentó una indicación sobre el CAE que plantea que los estudiantes paguen un pie y 48 cuotas a la Tesorería. ¿Cómo lo analiza?
El gobierno intenta disfrazar esta indicación como un avance cuando, en verdad, es un retroceso. Pretende que los estudiantes paguen un pie y 48 cuotas bajo criterio discrecional de la Tesorería General de la República. Lo que hacía el proyecto del Fondo de Estudios para la Educación Superior —el FES— era condonar la deuda con el solo hecho de suscribirse a ese mecanismo. Además, esta indicación no le mueve ningún pelo a la participación de la banca en el financiamiento de la educación superior. Lo que hacía el FES era sacarla y darle al Estado un rol protagónico.
- ¿Y cuál es el problema concreto con ese mecanismo de pago?
Que no es razonable exigirle a los estudiantes un pie cuyo monto desconocemos, más 48 cuotas inamovibles independientemente de su situación económica. Recibimos denuncias de que cuando la Tesorería inició estos cobros, los pies iniciales superaban con creces la remuneración mensual de los deudores. Hablamos de profesionales que ganaban dos millones y medio de pesos a quienes se les exigía un pie aún mayor a su sueldo. Muchos tuvieron que sacar créditos de consumo para poder cumplir.
Lo que ofrece la oposición
- Más allá de las indicaciones, ¿qué propone concretamente la oposición?
El lunes, los parlamentarios que participan en la Comisión de Hacienda y los jefes de bancada de oposición suscribimos un documento con 10 indicaciones que recogen los principales puntos de confluencia. El criterio central es que el país crezca y se generen empleos, pero que ese crecimiento llegue a todos los sectores. No puede ser que se reduzcan los tributos a determinados sectores empresariales sin ningún trato especial para las pequeñas y medianas empresas, que representan el mayor esfuerzo de los trabajadores.
- ¿Y cuál es el principal riesgo si la reforma se aprueba tal como está?
El principal riesgo es el déficit fiscal. Esta reforma significará un déficit proyectado hasta el año 2031. No lo dice ningún partido de izquierda: lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, el organismo independiente encargado de evaluar las políticas públicas. Y cuando hay déficit fiscal, no hay garantía de financiamiento para las políticas que sostienen a la población más vulnerable.
Por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal, de la que proviene el 80% de las pensiones de muchas mujeres; el programa de alimentación escolar, que lleva décadas porque impacta en el desarrollo cognitivo de los estudiantes; el acceso a la gratuidad universitaria; los fondos pro retención que evitan la deserción escolar; o la Ley de Inclusión Escolar, que apoya a quienes estudian en mayor situación de vulnerabilidad.
Lo que se está cumpliendo es el compromiso de campaña de José Antonio Kast de reducir en 6.000 millones de dólares el gasto fiscal. Lo paradójico es que esa reducción beneficia al sector empresarial, porque al bajarle los impuestos el Estado deja de recaudar. No es solo un recorte del gasto: es una rebaja de impuestos a los principales capitales del país.
El PDG y la articulación de la oposición
- ¿Está la oposición en condiciones de actuar de forma articulada frente a esta reforma, o cada partido termina yendo por su cuenta? El PDG ha sido mucho más incidente en la tramitación
La idea de una coalición opositora me parece completamente prematura. Hoy no hay ningún premio en constituirla: tiene que ser el fruto de un trabajo colectivo de mediano y largo plazo, con un proyecto político compartido. No estamos en esa discusión. Pero sí estamos en una coyuntura en que se tramita una reforma muy importante, y eso genera condiciones para que los partidos de oposición confluyan. El Partido Socialista respeta la autonomía de cada colectividad. Si el Partido de la Gente hace propuestas en función de lo que ellos ponderan, bienvenido sea si hay coincidencias.
Lo que no es natural es que el gobierno intente sacar adelante una reforma tributaria sin tener el apoyo ni siquiera del conjunto de empresarios que él mismo representa, que ha pedido que se llegue a acuerdos amplios en el parlamento.
-Dentro del bloque de gobierno, RN no siempre vota alineado con UDI y Republicanos. ¿Le sirve a la oposición esa tensión interna?
Hay aspectos de la vida institucional donde el sector moderado puede cumplir un rol relevante.
Un ejemplo concreto: en la tramitación del proyecto "Escuelas Protegidas" en la Comisión de Educación, si no hubiese sido por el voto del diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional, se habría aprobado una norma que venía no solo a sancionar con la gratuidad a estudiantes involucrados en problemas de convivencia escolar, sino también a retirarles beneficios como el programa de alimentación escolar. Eso ilustra que incluso en la derecha hay sectores que pueden frenar una agenda ultraconservadora cuando el gobierno hace omisión completa de los derechos sociales.
- ¿Y en el plano institucional también ve ese rol moderador?
Lo vimos con el conflicto del ministro de Vivienda, Iván Poduje, con el senador Alfonso De Urresti. Durante cuatro años se le pidió al presidente Boric actuar a la altura del cargo. Lo que había de fondo era señalar que el presidente no estaba ejerciendo sus responsabilidades de la manera esperada. Y paradójicamente hoy vemos a ministros generando conflictos con autoridades del poder legislativo, con quienes les corresponde colegislar. Fue muy importante el pronunciamiento del diputado Diego Schalper y, principalmente, el de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, como segunda autoridad del país, al exigirle al ministro un comportamiento acorde con su cargo.
La estrategia del Partido Socialista
- Hay quienes leen al PS como un partido que busca espacios de entendimiento con el gobierno, mientras figuras como Cicardini y Manouchehri apuestan por una oposición más confrontacional. ¿Cómo define el partido su rol en este momento?
Parto desmintiendo lo primero. La prueba más clara es que en el acuerdo administrativo de la Cámara, el Partido Socialista terminó siendo el partido más perjudicado: teniendo más diputados que las bancadas del PPD y la DC, la mayoría nos dejó fuera de la Comisión de Hacienda. Eso ocurrió precisamente porque decidimos no construir una mayoría política con los sectores del gobierno, sino construir con los partidos de oposición. Fue una decisión difícil, pero valiente y correcta, que le da coherencia a nuestra bancada. No estamos arrepentidos.
En el Partido Socialista hay no solo sensibilidades sino también estilos distintos, y eso es bienvenido. El partido fue bien evaluado recientemente en encuestas de opinión. Me quedo con las resoluciones del Comité Central: debemos ser una oposición firme y fiscalizadora, dispuesta a colaborar en aquello que sea una contribución real para el país.
-¿El gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos o va a imponer su mayoría?
Porque el gobierno no ha mostrado disposición real al diálogo. Es un gobierno que llegó con la pata arriba, pasando la máquina, y ha decidido sacar adelante sus reformas por una mayoría circunstancial. Eso es un problema, porque al sector empresarial le interesa que cualquier reforma que se apruebe sea sostenible en el tiempo. Si dentro de cuatro años hay un cambio de gobierno —porque el presidente Kast no realizó una buena gestión, tal como hemos estado viendo en estos dos meses— y la composición del parlamento cambia, es perfectamente viable empujar una nueva reforma tributaria en otra dirección. Con esta actitud, el gobierno no solamente hace un desprecio a las propuestas de la oposición, sino también a aquello que le pidió el propio sector empresarial que ellos mismos representan.
Herramientas constitucionales
- ¿Qué herramientas le quedan a la oposición una vez que la Ley Miscelánea salga de la Comisión de Hacienda? ¿Van al Tribunal Constitucional?
Hay que acudir a todas las herramientas constitucionales y de fiscalización disponibles. Cuando uno dice que hay una norma inconstitucional y acude al Tribunal Constitucional, está yendo a una instancia de último ratio, precisamente porque el gobierno no ha sido capaz de reconocer la inconstitucionalidad de sus propias normas. Hemos visto a un gobierno que prefiere tramitar por contrabando una reforma que modifica 40 leyes en tres semanas.
- ¿Van a agotar todas las instancias disponibles?
Por supuesto. Lo primero que esperaría del gobierno es que recoja las propuestas de la oposición. Lo segundo, que retire las normas inconstitucionales incluidas en la reforma. Lo tercero, que respete los pasos normales de tramitación de un proyecto. Todas estas acciones, incluidas las denuncias sobre los conflictos de intereses del propio gabinete, están estrictamente apegadas a la institucionalidad.
Pero hay un patrón de fondo que tiene que ver con la voluntad del gobierno. Si no tiene voluntad de recoger las propuestas de la oposición, ese es su problema. Y ese problema no lo pagamos nosotros: lo pagan los efectos sociales y políticos de sacar adelante una reforma como esta sin el respaldo necesario.
SLEP: el gobierno frena la educación pública
- Ustedes ingresaron un requerimiento a la Contraloría sobre el proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública. ¿Qué está haciendo el gobierno en ese frente?
Si no hubiera sido por una denuncia de los gremios del mundo de la educación, no habríamos conocido una circular del gobierno que le otorga facultades completamente excedidas a la Dirección de Educación Pública, limitando la posibilidad de que los Servicios Locales puedan contratar personal, realizar compras o ejecutar cualquier acto administrativo de gestión de recursos. Eso va contra la ley.
Puedo entender que el gobierno tenga una opinión contraria a la implementación de los SLEP. Pero una cosa es tener esa opinión, y otra muy distinta es que las autoridades obligadas a llevar adelante ese proceso hagan exactamente lo contrario. Eso fue precisamente la causal de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos en el segundo gobierno del presidente Piñera.
- ¿Qué espera concretamente de la ministra Arzola?
El llamado que le hacemos es que, en vez de frenar este proceso de implementación que es importante para la educación pública, dialogue con la oposición respecto de la reducción del presupuesto educacional. El gobierno anunció un recorte del 3% en Educación y Salud, los dos ministerios más perjudicados, con más de 500 mil millones de pesos. Eso significa menos becas para la educación superior, menos recursos para el programa de alimentación escolar, menos dinero para la Ley de Inclusión Escolar —que apoya a quienes estudian en mayor situación de vulnerabilidad— y menos fondos pro retención para evitar la deserción escolar. Antes de frenar la instalación de los SLEP, la ministra Arzola debería preocuparse de detener la disminución del presupuesto, que es lo que realmente afecta la calidad de vida de los estudiantes.
- ¿Han conversado con los alcaldes que están en medio de este proceso?
En la Comisión de Educación hemos recibido alcaldes y alcaldesas desde hace muchos años para escuchar cómo avanza el proceso. La mayoría busca que se lleve adelante en los términos en que fue planificado; hay otros que plantean mantener la administración municipal.
Hay que decirlo con claridad: entre los alcaldes que más han resistido el traspaso nos hemos encontrado con dos tipos de resistencia. Por un lado, hay un tema de poder político: cuando la educación está en manos del municipio, eso le da poder al alcalde. Y por otro lado, en el caso de municipalidades bien financiadas como Las Condes o Vitacura, el traspaso al nuevo sistema generaría un empeoramiento de las condiciones educacionales, porque el financiamiento estatal iba a ser menor al que el municipio ponía. Eso pone en evidencia la brecha que existe en Chile entre los recursos de esas comunas y los de municipalidades como Alto del Carmen o Freirina, en la Región de Atacama.
