Carolina Rudnick, Fundación Libera: "Chile falla en todos los criterios para combatir el trabajo forzoso"

Lo importante de haber entregado información es que las investigaciones de la USTR y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos son empíricas. Se basan en datos verificables y en la acreditación de antecedentes fácticos.

—¿Cuál es esa evidencia que presentaron en el ámbito de la agricultura y la salmonicultura?

Casos concretos, algunos ante tribunales chilenos y otros no, porque la legislación no nos alcanza. También presentamos sentencias laborales, porque en Chile hay muchos juicios en sede laboral donde el fondo del asunto es trabajo forzoso, aunque nadie lo identifique como tal. Se sumaron investigaciones académicas y de organismos internacionales elaboradas bajo los estándares más rigurosos de fundamentación probatoria, noticias de prensa e informes del propio Estado. La constatación de condiciones propias de trabajo forzado se puede observar, por ejemplo, en el informe de la SUSESO del año 2020 sobre las condiciones laborales de los buzos en la salmonicultura. Es mucho dato duro, construido bajo los estándares metodológicos de las ciencias sociales.

Lo que Chile no tiene

-¿Qué debería hacer el Estado chileno para avanzar en la erradicación del trabajo forzoso?

El informe de la USTR describe con precisión los criterios para determinar que un país hace esfuerzos efectivos. La lista textual de la página 32 exige que el país tenga una definición legal de trabajo forzado basada en el derecho internacional, una autoridad de aplicación designada, una lista pública de entidades, el uso de una presunción cuando se establezca el uso de trabajo forzado respecto de algún bien determinado, estándares probatorios claros, requisitos de remediación que reparen a las víctimas, un mecanismo accesible de denuncia y transparencia y divulgación pública. Esa lista marca la hoja de ruta que debe seguir el Estado.

—¿Y en cuál de esos puntos falla Chile?

En todos. No tenemos definición legal de trabajo forzado: solo existe la figura de trata con fines de trabajo forzado, que en la práctica resulta insuficiente. Esa figura se sanciona antes de que ocurra la explotación, pero en Chile —y en todas partes del mundo— la trata solo se detecta cuando la persona ya está siendo explotada. En la práctica ambas figuras se confunden porque el problema siempre se identifica demasiado tarde.

—¿Y eso tiene consecuencias prácticas para las víctimas?

Existe una discusión teórica falsa en Chile que intenta establecer un criterio de graduación entre infracción laboral y trabajo forzado. No es un tema de graduación sino de calidad. En el trabajo forzado siempre habrá infracciones laborales, pero lo que lo distingue es la coacción, el abuso de vulnerabilidad o el engaño. Necesitamos definir eso legalmente y dictar legislación que prevenga estas dinámicas.

—¿Y qué pasa con la institucionalidad? ¿Hay alguna autoridad que fiscalice esto?

A diferencia de otros países, Chile tiene muy separada la Dirección del Trabajo del Ministerio Público para la trata, sin claridad sobre las facultades de cada uno. No hay una autoridad designada para el trabajo forzado ni para los productos que Chile importa, porque también podemos ser un país de destino, que es exactamente lo que señala Estados Unidos. Lo que tenemos es una Comisión Asesora Contra el Trabajo Forzado, creada durante el segundo gobierno de Piñera, que durante el gobierno de Boric sacó un plan de acción muy débil. La nueva administración planteó revisarlo, pero no hay mecanismos de remediación para las víctimas ni persecución penal efectiva. A nosotros nos desestiman las denuncias permanentemente.

Migración y agricultura

—¿Cómo se relaciona la política migratoria con el trabajo forzoso en la agricultura?

La criminalización de la migración irregular pone un riesgo gigantesco de aumentar el trabajo forzoso entre personas migrantes en la agricultura. Cuando se criminaliza la migración irregular, se entrega a la población patronal un control sobre la voluntad de los migrantes que es prácticamente indestructible, porque consolida mecanismos de sometimiento con el amparo del Estado. Por eso hay que rechazar los proyectos que van en esa dirección: criminalizarla significa autorizar la esclavitud en el país.

Salmonicultura: trabajo forzoso en tres etapas

—¿En qué consiste específicamente el trabajo forzoso en la industria del salmón?

Hay presencia de trabajo forzoso en las tres etapas de la salmonicultura: en la piscicultura, en los centros de cultivo y en las plantas de procesamiento. Nuestra investigación fue específicamente sobre los buzos salmoneros, y lo que planteamos es que los 11 indicadores de trabajo forzoso que aluden a situaciones de coacción, engaño y utilización abusiva de vulnerabilidad se dan como prácticas habituales. Se abusa la vulnerabilidad de los trabajadores, se les pagan sueldos más bajos en condiciones de inestabilidad laboral y con mucho engaño, y la parte más grave es la exposición a condiciones de trabajo y de vida de carácter mortal.

Las muertes de buzos evidencian un régimen de funcionamiento que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores sin que ellos puedan ofrecer resistencia, porque la salmonicultura es la única fuente de trabajo disponible en esas zonas. Si reclaman, los aíslan y los ponen en listas negras.

—¿Cómo evalúas los anuncios de expansión de la industria salmonera en ese contexto?

Los anuncios de expansión en el sur sin abordar estas fallas y vulneraciones estructurales anticipan la duplicación del daño y del sufrimiento. Y hay un agravante: ya se levantó la prohibición de que los buzos sean exclusivamente chilenos, de ahora en adelante podrán ser extranjeros y la moratoria de dos años que existía para esta reforma ya venció. Eso posiciona factores de mayor vulnerabilidad que dependen enteramente de la actuación del Estado. El Estado genera la vulnerabilidad y permite que otros abusen de ella.