El ministro Fernando Rabat anunció la suspensión de los decretos mientras el Ejecutivo prepara reformas legales, en medio de la polémica por 56 rebajas de condena ya concedidas.
El ministro de justicia Fernando Rabat en los pasillos de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Agencia UnoEl Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suspendió la tramitación de los decretos de rebaja de condena, en medio de la controversia por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El ministro Fernando Rabat anunció la medida este viernes y adelantó cambios legislativos para restringir el acceso a estas reducciones de pena.
La decisión se conoce después de que seis bancadas de oposición exigieran la salida del ministro y anunciaran que preparan una acusación constitucional en su contra por las 56 rebajas concedidas durante la actual administración.
El gobierno de José Antonio Kast anunció que impulsará proyectos de ley con discusión inmediata para impedir que personas condenadas antes de 2022 sigan accediendo a estos beneficios.
Rabat sostuvo que la suspensión se mantendrá mientras avanzan esas iniciativas. “Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos”, afirmó.
El comunicado ministerial aludió a un vacío legal en las restricciones aplicables a condenas anteriores a 2022. Sin embargo, no precisó el fundamento jurídico de la suspensión ni señaló que los beneficios ya otorgados quedarían sin efecto. En otras palabras, las 56 rebajas ya concedidas se mantienen vigentes.
La controversia también abrió un frente político para el ministro. Este viernes, las bancadas de diputados y diputadas del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Liberal emitieron una declaración conjunta en la que exigieron al presidente Kast remover a Fernando Rabat del cargo.
“El presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de gobierno”, señala el texto. Según los parlamentarios, la respuesta del Ejecutivo ha sido “tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente”.
La declaración también cuestiona las que describe como constantes iniciativas del gobierno y el oficialismo para promover la impunidad de violadores de derechos humanos. La crítica se da en paralelo a la revelación de que el Ejecutivo rebajó la condena a un exagente de la CNI.
Como primer paso, la oposición acordó impulsar una sesión especial para el miércoles 28 de octubre, con el objetivo de que el ministro dé cuenta al Congreso de su cambio de criterio.
Además, las bancadas anunciaron que iniciarán la preparación de una acusación constitucional contra Rabat. Para ello, analizarán los argumentos jurídicos y dialogarán con otros sectores políticos. La definición conjunta se conocerá ese mismo miércoles 28 en el Congreso Nacional.
Consultado sobre la posibilidad de enfrentar una acusación, Rabat respondió que una acción de ese tipo “por cumplir la Constitución y la ley, me parece que no tiene asidero”.
