La Corte Suprema declaró justificado el autodespido y ordenó al municipio pagar más de $35 millones, además de cotizaciones adeudadas.
Corte Suprema / Agencia Uno
Una trabajadora que prestó servicios a honorarios durante más de 11 años para la Municipalidad de Ercilla se autodespidió en 2023 por el no pago de cotizaciones de seguridad social. La Corte Suprema determinó que ese incumplimiento era suficientemente grave para justificar su decisión y ordenó al municipio pagar más de $35 millones en indemnizaciones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer trabajó para la municipalidad desde el 7 de septiembre de 2011 hasta el 3 de abril de 2023, bajo sucesivos contratos a honorarios.
Ese último día puso término al vínculo mediante despido indirecto, alegando, entre otros incumplimientos, que no se habían declarado ni pagado sus cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía.
El Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli reconoció que durante todo ese período existió una relación laboral, pero rechazó el autodespido, la nulidad del despido y el cobro de prestaciones.
La trabajadora recurrió y la Corte de Apelaciones de Temuco mantuvo esa decisión, al estimar que los incumplimientos no eran imputables al municipio con la gravedad necesaria.
El caso llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de unificación de jurisprudencia. La Cuarta Sala estableció que, reconocida la relación laboral, el empleador tenía la obligación de enterar las cotizaciones correspondientes.
El máximo tribunal explicó que no pagarlas tiene consecuencias para el trabajador, especialmente para “financiar su sustento futuro cuando se acoge a jubilación”, además de afectar prestaciones de salud y otros beneficios. Por ello, determinó que el incumplimiento “sólo puede calificarse como causal de gravedad”.
La Corte Suprema acogió el recurso y declaró justificado el autodespido. La Municipalidad de Ercilla deberá pagar $2.025.272 por indemnización sustitutiva del aviso previo, $22.277.992 por años de servicio y $11.138.996 como recargo legal del 50%, totalizando $35.442.260, además de reajustes e intereses.
También ordenó pagar las cotizaciones previsionales y de salud adeudadas entre septiembre de 2011 y diciembre de 2020, exceptuando las mensualidades pagadas directamente por la trabajadora, y las cotizaciones del seguro de cesantía por todo el período laboral.
La decisión fue adoptada por las ministras Andrea Muñoz y Jessica González, la ministra suplente Eliana Quezada y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop.
