Se negó a realizar una tarea para la que no había sido capacitado y terminó despedido. El caso llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el trabajador demandara a la empresa por despido injustificado, acusando que se le exigieron funciones fuera de su contrato y con riesgo.
Se negó a realizar tarea para la que no tenía capacitación, lo echaron y demandó: Deberán pagarle $4,6 millones
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo acogió la demanda y la Corte de Apelaciones confirmó que no hubo incumplimiento grave.
Según se acreditó en el juicio, el trabajador fue instruido para asistir a pacientes críticos, una labor que no estaba dentro de sus funciones ni de sus obligaciones escritas.
Además, no contaba con capacitación para realizarla, lo que implicaba un riesgo tanto para él como para terceros.
A esto se sumó un conflicto con su supervisor, quien inició una agresión verbal. En ese contexto, el trabajador reaccionó y dañó el celular del superior, hecho que la empresa utilizó para justificar el despido por incumplimiento grave.
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda y concluyó que el despido fue injustificado, ordenando el pago de indemnizaciones: $668.450 por aviso previo, $2.673.800 por años de servicio y un recargo legal del 50% equivalente a $1.336.900.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
La empresa presentó un recurso de nulidad, pero la Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó.
En la sentencia, la Décima Sala —integrada por la ministra Elsa Barrientos y los ministros Tomás Gray y Fernando Valderrama— confirmó que no hubo errores en la decisión de primera instancia.
El fallo sostuvo que “la obediencia debida del trabajador no es absoluta”, y que no está obligado a cumplir órdenes que excedan su contrato o que impliquen riesgos por falta de capacitación.
También abordó el altercado, señalando que la provocación del supervisor fue determinante, por lo que la reacción del trabajador, aunque reprochable, no tenía la gravedad suficiente para justificar un despido sin indemnización.
Finalmente, la Corte concluyó que no existió un incumplimiento grave, sino un conflicto generado por exigencias indebidas y un maltrato previo, dejando firme la sentencia que ordenó el pago de las indemnizaciones.
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