El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena acogió tutela por vulneración de derechos y ordenó pagar indemnizaciones y prestaciones adeudadas.
Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena / Poder Judicial
La trabajadora decidió poner fin a su contrato tras meses de sobrecarga laboral, falta de pago de cotizaciones y exposición a riesgos, caso que fue revisado por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena por vulneración a su integridad psíquica.
Según expuso en la demanda, durante su trabajo como vendedora enfrentó jornadas extensas, retrasos en remuneraciones y la obligación de lidiar con reclamos y amenazas de clientes sin apoyo de la empresa. También denunció que no se pagaron sus cotizaciones previsionales desde marzo de 2025.
El caso fue analizado por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, cuyo juez Cristian Rodrigo Álvarez Mercado estableció que existían antecedentes suficientes para acreditar que la trabajadora fue expuesta a un ambiente laboral hostil.
En la sentencia se determinó que la empresa incurrió en conductas que vulneraron la integridad psíquica de la trabajadora, al someterla a condiciones exigentes sin medidas de protección, además de incumplir obligaciones esenciales como el pago oportuno de cotizaciones.
El tribunal también concluyó que el autodespido ejercido por la trabajadora se encontraba justificado, ya que la empresa incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, especialmente en materia de seguridad laboral y previsional.
En base a estos antecedentes, se acogió la acción de tutela laboral y se condenó a la empresa al pago de $12.291.216 por concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, se ordenó el pago de otras prestaciones, entre ellas $2.048.536 por indemnización sustitutiva de aviso previo, $12.291.216 por años de servicio y un recargo legal de $6.145.608.
El fallo también dispuso el pago de $2.048.536 por feriado legal y proporcional, junto con las remuneraciones que se sigan devengando hasta que se regularice el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas.
El tribunal rechazó las excepciones presentadas por la empresa, incluyendo la caducidad, falta de legitimación activa y pago, al no acreditarse los fundamentos de dichas alegaciones durante el juicio.
