La autoridad ambiental dio el visto bueno al proyecto inmobiliario de la familia Piñera Morel en Lago Ranco, el cual tuvo varias observaciones, una de ellas por aguas servidas.
Bahía Coique en Lago Ranco - Captura de video
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Los Ríos aprobó por unanimidad el proyecto inmobiliario Bahía Coique, ligado a la familia Piñera Morel, en la comuna de Futrono, a orillas del Lago Ranco. La iniciativa considera 208 unidades habitacionales destinadas principalmente a segunda residencia y una inversión estimada en US$40 millones.
La aprobación se produjo este martes, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara aprobar el proyecto. La tramitación estuvo marcada por observaciones de organismos públicos y de la ciudadanía, entre ellas reparos relacionados con el tratamiento de aguas servidas y la gestión hídrica, además de materias vinculadas con biodiversidad, ecosistema del lago, paisaje, recursos hídricos y patrimonio arqueológico.
El proyecto se denomina oficialmente “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique” y su titular es Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera. La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en febrero de 2025.
Según los antecedentes publicados por Ex-Ante, el proyecto contempla 208 unidades habitacionales entre departamentos y viviendas tipo Village, en una superficie aproximada de 18,12 hectáreas dentro de un paño mayor de cerca de 41 hectáreas. La iniciativa considera una inversión de US$40 millones y una ejecución por etapas proyectada hasta 2033.
El diseño contempla torres de cuatro y cinco pisos, sin subterráneos, además de viviendas tipo Village de dos pisos. También considera áreas verdes y equipamiento. La aprobación ambiental no significa el inicio inmediato de las obras: de acuerdo con Ex-Ante, el titular todavía debe gestionar permisos sectoriales y el permiso de edificación ante la Dirección de Obras de Futrono.
Uno de los principales problemas enfrentados por el proyecto durante su tramitación fue el sistema de tratamiento de aguas servidas.
En diciembre de 2025, la Seremi de Salud de Los Ríos objetó la solución sanitaria propuesta. El organismo determinó que la planta de tratamiento se encontraba a 230,82 metros de una zona de camping, mientras que la normativa sanitaria establecía una distancia mínima de 500 metros respecto de un foco de contaminación. Esta situación impedía obtener el Permiso Ambiental Sectorial 138 asociado al tratamiento de aguas servidas.
El proyecto también recibió cuestionamientos de otros organismos durante la evaluación. El Desconcierto informó en febrero que la DGA, Conaf, la Armada, Subpesca y la Seremi de Medio Ambiente habían formulado observaciones en distintas materias, incluyendo manejo sanitario, recursos hídricos, cartografía, biodiversidad y eventuales impactos sobre el ecosistema del Lago Ranco.
En marzo de 2025, además, el primer informe consolidado del SEA había solicitado antecedentes sobre la capacidad del sistema existente para absorber la carga adicional asociada a las 208 unidades habitacionales, junto con información sobre su capacidad actual y proyectada y la disposición del efluente.
Durante la tramitación, Inmobiliaria Arenas Blancas modificó parte del diseño original para responder a las observaciones formuladas por los organismos públicos. El proceso incluyó nuevas presentaciones de antecedentes y modificaciones al sistema de tratamiento de aguas servidas.
El Desconcierto informó en mayo que la empresa había solicitado una ampliación del plazo para responder las observaciones ciudadanas, mientras continuaba la revisión de materias ambientales y los antecedentes arqueológicos requeridos durante la evaluación. En esa oportunidad, el gerente general de Inmobiliaria Arenas Blancas, Felipe Vidaurre, confirmó la solicitud de extensión del plazo.
Posteriormente, el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del SEA, publicado el 17 de agosto de 2026, recomendó aprobar el proyecto. Según ese informe, las observaciones, omisiones e inexactitudes detectadas durante la evaluación fueron subsanadas y la iniciativa cumplía con la normativa ambiental y los requisitos asociados a los permisos ambientales sectoriales.
