Un comerciante descubrió que Movistar le cobraba tres planes telefónicos con equipos iPhone que nunca contrató, acumulando una deuda superior a $3 millones. Pese a que la empresa reconoció un fraude cometido por una exempleada, los cobros continuaron. La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó una indemnización de $5 millones.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el conflicto comenzó en julio de 2023, cuando el afectado contrató la portabilidad de dos líneas telefónicas y un equipo celular con Telefónica Móviles de Chile S.A.
Sin embargo, en junio de 2024 advirtió que sus cuentas mensuales eran superiores a lo habitual. Al acudir a una sucursal, descubrió que existían tres planes adicionales asociados a su nombre y al de su negocio, cada uno con un iPhone.
Las contrataciones se habían realizado sin su autorización y generaron una deuda que terminó registrada en el Boletín Comercial, afectando su acceso al crédito.
Tras presentar reclamos, la propia compañía reconoció que se trataba de un fraude cometido por una antigua ejecutiva y se comprometió a eliminar los cargos y retirar sus antecedentes del registro comercial.
No obstante, la solución no llegó dentro del plazo comprometido. El comerciante continuó recibiendo correos de cobranza y la deuda aumentó hasta alcanzar $3.298.416.
Ante esta situación, presentó una demanda ante el Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, solicitando $27.800.000 por distintos perjuicios.
El 2 de diciembre de 2025, el tribunal condenó a Telefónica Móviles al pago de una indemnización de $5 millones por daño moral y una multa de 20 UTM.
La empresa apeló, argumentando que había sido víctima del fraude y cuestionando la falta de pruebas médicas o psicológicas que acreditaran el sufrimiento del demandante.
¿Qué decidió la Corte de Apelaciones?
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán consideró acreditado que Movistar mantuvo los cobros incluso después de reconocer las contrataciones fraudulentas.
El fallo calificó la atención entregada como un "servicio al cliente deficiente y poco profesional", destacando que la empresa tampoco cumplió oportunamente su compromiso de solucionar el problema.
Asimismo, estableció que las cobranzas reiteradas y la inclusión en el Boletín Comercial provocaron una afectación emocional que justificaba la indemnización.
Finalmente, la Corte confirmó los $5 millones por daño moral, reajustables según el IPC, y la multa de 20 UTM, rechazando las indemnizaciones adicionales por daño emergente y lucro cesante.