A través de una declaración pública, un grupo de académicos de 26 universidades chilenas rechazó el oficio de Hacienda que sugiere descontinuar 15 programas en materia de Educación, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar, con el fin de disminuir el gasto fiscal.
"Máxima irresponsabilidad": Académicos de 26 universidades por "descontinuación" de 15 programas de Educación
Los académicos acusan al gobierno de "sondear la opinión pública" para negociar la reducción de presupuestos de programas que constaron años de lucha.
Si bien el ministro Jorge Quiroz salió a contradecir el propio oficio de su cartera, negando recortes a programas de tal envergadura pertenecientes al Mineduc, el solo hecho de plantear esta sugerencia encendió la alerta en la comunidad educativa.
Las y los académicos describieron la recomendación de Hacienda como "un acto de máxima irresponsabilidad y un golpe contra la educación", considerando el contexto de "violencia, la inseguridad, la precariedad de la vida o la crisis política" que afecta al país. En ese sentido, fortalecer la educación es clave.
Al mismo tiempo, destacaron que los programas "son el resultado de décadas de lucha de docentes, estudiantes y miembros de la sociedad civil". Descontinuar estos programas es equivalente a "abandonar la educación".
Desintegración de la democracia
Las y los académicos explicaron que una de las principales consecuencias de descontinuar los programas es "la desintegración de la democracia", entendiendo que la educación pública acoge la heterogeneidad de la sociedad.
En concreto, el 73,2% de los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y medio-bajo, mientras que el 14,4% son inmigrantes y un 21,1% son niñas, niños y jóvenes requieren necesidades especiales para aprender.
"Es ahí donde las discrepancias se conversan, los heterogéneos modos de vivir y sus intensidades afectivas se encuentran", se lee en la declaración.
La doble estrategia del gobierno
Las y los académicos sostienen que el gobierno encabeza una doble estrategia que se basa en "sondear la reacción de la opinión pública" y, por otro lado, en "instalar como piso la eliminación de un programa para incorporar después la necesidad artificial de 'negociar' su continuidad".
Esta negociación implica "recortes dramáticos" de programas que originalmente estaban diseñados como tal. El objetivo es confundir a la ciudadanía, sostienen.
Esta teoría toma fuerza al momento de reflexionar en torno al anuncio de la disminución del presupuesto para casi todos los ministerios, que se contradice con la ya anunciada rebaja de los impuestos a las empresas más grandes del país, como parte de la Ley Miscelánea.
En definitiva: "una contradicción que solo se explica desde una perspectiva ideológica: la decisión de debilitar y privatizar lo público, y avanzar en la eximición del rol del Estado".
La declaración concluye con un llamado a las comunidades a "estar alertas y a movilizarse activamente ante la inminencia de estas medidas que intentan negar los logros hacia la justicia social que tanto nos ha costado levantar y sostener".
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