El senador Fidel Espinoza pidió a Contraloría investigar posibles conflictos de interés del ministro Louis De Grange, por su vínculo previo con Uber.
Ministro Louis De Grange tendría conflicto de interés en Ley Uber - Agencia Uno
El senador Fidel Espinoza presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por un eventual conflicto de interés del ministro de Transportes, Louis De Grange, en el marco de las modificaciones impulsadas por el gobierno a la denominada Ley Uber.
La acción fue ingresada luego de las manifestaciones realizadas por gremios de taxistas en distintas ciudades del país, quienes cuestionaron la flexibilización de la normativa que regula las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT).
Uno de los principales puntos en disputa es la posibilidad de permitir que vehículos tipo “city car” puedan operar en plataformas como Uber.
Según explicó el parlamentario socialista, existen antecedentes que justificarían una revisión por parte de la Contraloría debido a la relación previa que tuvo el actual ministro con la empresa Uber cuando ejercía labores académicas.
De acuerdo con la información publicada, en 2023 Louis De Grange participó en el desarrollo de estudios sobre la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte financiados por Uber mientras era académico universitario.
A juicio de Espinoza, aquello podría afectar la imparcialidad del secretario de Estado en la discusión de cambios regulatorios que hoy benefician directamente a las aplicaciones de transporte.
La controversia se centra en las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo al reglamento de la Ley EAT (conocida como Ley Uber), normativa ya aprobada y que solo estaba pendiente de su implementación definitiva mediante reglamento. Sin embargo, los ajustes propuestos por el Gobierno retrasaron nuevamente su entrada en vigencia.
Entre los cambios defendidos por el Ministerio de Transportes se encuentra una flexibilización de requisitos para los vehículos que operan en plataformas digitales, medida que fue rechazada por gremios de taxistas tradicionales, quienes acusan competencia desigual.
El oficio presentado busca que la Contraloría General de la República determine si existió o no una incompatibilidad ética o administrativa en la participación del ministro Louis De Grange en la discusión de las modificaciones a la Ley Uber.
