El gobierno de Kast pretende presentar un proyecto que postergue en un año la entrada en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales que fue ya fue despachada.
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El gobierno de José Antonio Kast evalúa presentar un proyecto para postergar la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, cuya aplicación está fijada actualmente para el 1 de diciembre de 2026. La alternativa que analiza el Ejecutivo contempla aplazarla hasta el 1 de diciembre de 2027, aunque el plazo definitivo todavía no está resuelto.
La discusión se produce luego que gremios de grandes empresas solicitaran postergar la aplicación de la normativa ante la falta de instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo creado por la propia ley y encargado, entre otras funciones, de fiscalizar su cumplimiento y aplicar sanciones.
La Ley N° 21.719 regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. El texto fue promulgado el 25 de noviembre de 2024 y sus disposiciones permanentes entrarán en vigencia el primer día del mes vigésimo cuarto posterior a su publicación en el Diario Oficial, calendario que fija el inicio de su aplicación para el 1 de diciembre de 2026.
La normativa establece nuevas obligaciones para quienes realizan tratamiento de datos personales, tanto en el sector privado como en organismos públicos, además de reconocer derechos para los titulares de esos datos. Entre ellos se encuentran los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo temporal del tratamiento.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que el Ejecutivo está analizando la posibilidad de disponer de más tiempo para implementar la normativa. “Si necesitamos más tiempo para implementarlo, lo estamos conversando con los parlamentarios y en los próximos días vamos a tener noticias al respecto”, afirmó, según consignó La Tercera.
Uno de los principales problemas para la implementación de la ley es la falta de funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos Personales. La legislación establece que este organismo será una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función será velar por la protección de los derechos relacionados con los datos personales y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
La dirección superior de la Agencia corresponde a un Consejo Directivo integrado por tres consejeros, quienes deben ser designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio. Los cargos exigen dedicación exclusiva y están sujetos a diversas inhabilidades e incompatibilidades.
El Ejecutivo propuso al Senado una primera nómina de consejeros, pero esta fue rechazada el 19 de mayo de 2026 al no alcanzar el quórum requerido. La propuesta incluía a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel, quienes habían sido nominados para períodos de seis, cuatro y dos años, respectivamente.
La eventual postergación es respaldada por algunos de los principales gremios empresariales. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó que, dadas las condiciones actuales, sería necesario aplazar la entrada en vigencia para asegurar una transición ordenada y que la nueva normativa comience a regir una vez que la Agencia se encuentre plenamente operativa.
Una posición similar manifestó la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien sostuvo que es importante contar con una institucionalidad preparada y criterios claros para aplicar las nuevas obligaciones. Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) también han planteado la necesidad de prorrogar la entrada en vigencia debido a la incertidumbre que, a juicio del gremio, genera la ausencia de la Agencia.
No todos los gremios comparten esa posición. El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Nicolás Shea, señaló que la mayoría de las pymes no está preparada para la Ley N° 21.719, pero sostuvo que eso no justificaría postergarla. La propia normativa contempla durante los primeros 12 meses un régimen especial para empresas de menor tamaño, que permite a la Agencia aplicar una amonestación escrita en determinados casos.
El eventual aplazamiento no puede concretarse mediante una decisión administrativa del Gobierno. La entrada en vigencia está establecida en la propia ley, por lo que cualquier modificación requiere una nueva iniciativa legal aprobada por el Congreso.
Según los antecedentes publicados este miércoles, el Ejecutivo conversa con parlamentarios para evaluar el respaldo a una postergación de hasta un año. La alternativa que se analiza contempla instalar la Agencia a fines de este año y trasladar la entrada en vigencia de la ley al 1 de diciembre de 2027. Sin embargo, el propio Ejecutivo no ha cerrado esa fórmula y también se contempla un período de postergación menor si no existe respaldo suficiente para extenderlo por 12 meses.
