La Corte Suprema confirmó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín Jr., luego de rechazar el recurso de amparo presentado por su defensa para revertir la medida cautelar que cumple desde mayo en el anexo penitenciario Capitán Yáber por varios delitos graves de corrupción.
Joaquín Lavín Jr. seguirá en prisión preventiva tras decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones y mantuvo en prisión preventiva a Joaquín Lavín Jr., acusado de graves delitos de corrupción.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país ratificó el fallo emitido previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había desestimado la acción constitucional impulsada por la defensa del exparlamentario, investigado por una serie de delitos vinculados a corrupción y uso irregular de recursos públicos.
Corte Suprema respalda decisión de tribunales inferiores
La defensa de Lavín León buscaba dejar sin efecto la prisión preventiva argumentando que la medida era improcedente. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema concluyeron que los antecedentes expuestos no justificaban modificar la cautelar.
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El tribunal de alzada ya había sostenido que el recurso de amparo no era la vía procesal adecuada para cuestionar la prisión preventiva, señalando que los argumentos debían discutirse mediante los mecanismos establecidos en el Código Procesal Penal.
La resolución de la Suprema constituye un duro revés judicial para el exdiputado, quien permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación liderada por el Ministerio Público.
Los delitos que se investigan contra Joaquín Lavín Jr.
Lavín León permanece imputado por presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, en una investigación relacionada con el uso de recursos parlamentarios y presuntas irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, durante el periodo como alcaldesa de su esposa, la también imputada Cathy Barriga.
Según la Fiscalía, parte de los hechos investigados involucran el uso de asignaciones parlamentarias para financiar actividades de carácter político-electoral mediante facturas presuntamente falsas y otras maniobras que habrían generado perjuicios al Estado.
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