La organización apuntó contra el presidente José Antonio Kast por anunciar los cambios a las leyes indígenas con foco en "seguridad" y no en derechos.
Presidente José Antonio Kast. Créditos: Agencia Uno.
A través de una declaración pública, el Observatorio Ciudadano realizó un análisis del anuncio del presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, en donde comunicaba una reforma a la Ley Indígena y cambios en la Consulta Indígena, medidas que fueron comparadas con lo sucedido durante la dictadura militar.
"Es una política de orden público aplicada sobre territorios y comunidades indígenas", sostienen, debido al momento en el que fue anunciada, justo después de que el presidente se refiriera a los conflictos de la Macrozona Sur, otorgándole un enfoque de seguridad.
"La Araucanía no será más refugio de terroristas ni de prófugos de la justicia. A quien quema, roba o asesina, le caerá todo el peso de la ley", dijo el mandatario previo al anuncio de la reforma.
Sin embargo, para la organización se trata de una "agenda de seguridad y mercado aplicada sobre tierras indígenas. Bajo el lenguaje de la libertad y la igualdad, se abre el riesgo de debilitar la protección jurídica de los territorios indígenas y avanzar hacia su mercantilización".
Respecto al arriendo de tierras en el marco de la Ley Indígena, la organización advierte de una "grave desprotección" debido a la ampliación del plazo máximo de arriendo de tierras indígenas —que actualmente es de 5 años—. En ese sentido, "no es un detalle técnico".
La situación recuerda a lo sucedido durante la dictadura militar: "Las tierras indígenas tampoco podían venderse, pero sí arrendarse. El resultado fueron contratos de hasta 99 años que dejaron a comunidades enteras sin control de sus territorios por generaciones, a precios muy por debajo del mercado. La historia que hoy se propone repetir tiene nombre y consecuencias conocidas", explican.
En cuanto a la consulta indígena, la organización cuestiona el espíritu de un proceso "libre de interferencias", como mencionó el mandatario, ya que "puede abrir la puerta a excluir voces indígenas incómodas bajo criterios definidos unilateralmente por el propio Estado".
Por el contrario, "una reforma de esta magnitud exige consulta previa, de buena fe, culturalmente pertinente y orientada a alcanzar acuerdos, conforme al Convenio 169 de la OIT", mencionan.
Adicionalmente, respecto a las modificaciones a la Ley Lafkenche, apuntan contra el gobierno por intervenir en dos normativas que abordan derechos de los pueblos indígenas. "Ambas nacen desde intereses no indígenas y se imponen sobre comunidades que no las pidieron. Eso no es política indígena: es política sobre los indígenas".
Lo anterior, debido a que el discurso omite temas como "la restitución territorial, libre determinación, participación política indígena, pluralismo jurídico, protección del patrimonio cultural, derechos colectivos y reparación histórica".
