Corte de San Miguel aplica Ley Naín-Retamal y sobresee a carabinero que mató a Aníbal Villarroel en La Victoria

Ley Naín-Retamal y presunción de legítima defensa

El fallo se funda en el principio pro reo del artículo 18 del Código Penal, que permite aplicar retroactivamente una ley más favorable al imputado. La Ley Naín-Retamal, promulgada en 2023 durante el gobierno de Gabriel Boric, establece una presunción legal de legítima defensa a favor de las Fuerzas de Orden cuando actúan en funciones de orden público. Al aplicarla, la Corte trasladó la carga probatoria a los querellantes, quienes debían desvirtuar esa presunción.

Los cuatro imputados sobreseídos son el teniente Joaquín Ignacio Muñoz Vásquez —a quien el peritaje balístico de la PDI identificó como el autor del disparo que causó la muerte de Villarroel—, el exdirector general de Carabineros Mario Rozas, el exministro del Interior Víctor Pérez y el exintendente metropolitano Luis Felipe Guevara.

Para fundamentar el sobreseimiento de Joaquín Muñoz, la Corte valoró que el último peritaje balístico situó sus disparos "hacia el sector desde donde provenían los disparos en su contra" y que el proyectil recuperado del cuerpo de Villarroel presentaba "material inorgánico", lo que sugería que antes de impactarlo había chocado con una pared u otro elemento. A partir de esos antecedentes, la sala descartó que el teniente hubiera actuado "dolosamente en contra de una persona específica". Una vez cubierta la conducta de Muñoz por la eximente, la Corte extendió el sobreseimiento a Rozas, Pérez y Guevara.

El Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento, actuando en el mismo sentido que las defensas de los imputados. El tribunal de primera instancia rechazó esa postura en diciembre de 2025, argumentando que no existían antecedentes sobre "la participación de las víctimas en la agresión sufrida por Carabineros" y que la Ley Naín-Retamal no podía sustentar un sobreseimiento mientras los hechos permanecieran en disputa entre las partes.

¿Cuáles son los próximos pasos de los querellantes?

Uno de los abogados de la causa anunció a El Desconcierto que interpondrán un recurso de queja ante la Corte Suprema como paso inmediato, y que de agotarse la vía interna evalúan acudir al sistema interamericano de derechos humanos. "Chile tiene obligaciones internacionales en materia de investigación de muertes producidas en contextos de uso de fuerza pública, y esas obligaciones no desaparecen porque una Sala de la Corte de Apelaciones decrete un sobreseimiento", aseguró.

Además cuestionó la lógica jurídica del fallo. A su juicio, la Ley Naín-Retamal no introdujo una nueva eximente de responsabilidad —la legítima defensa ya existía en el Código Penal—, sino una presunción legal que invierte la carga de la prueba y que admite prueba en contrario. "Aplicarla como si fuera una exención automática e irrefutable, sin examinar si los antecedentes del proceso la desvirtúan, no es interpretación jurídica: es una decisión política disfrazada de técnica", agregó.

Para el abogado, el efecto de este fallo excede el caso particular. "Esta ley, aplicada de esta manera, cierra el acceso a la justicia de las víctimas de violencia policial del estallido. Estamos hablando de Aníbal Villarroel, que murió en La Victoria. Estamos hablando de Bastián Salamanca, que todavía espera que alguien le explique con todas las letras por qué lo que le pasó no merece un juicio. La Ley Naín-Retamal, aplicada así, les dice que no merecen esa respuesta. Eso no es justicia, es impunidad con fundamento legal", concluyó.