El caso se inserta en los más de 55 mil que detectó la Contraloría en el uso de licencias médicas, incluyendo viajes, trabajos paralelos y otras actividades incompatibles con el reposo, evidenciando un patrón extendido de incumplimientos en el sector público.
Contraloría General de la República.
Más de 6 mil empleados del sector público utilizaron licencias médicas para justificar la ausencia de sus labores y desarrollar, al mismo tiempo, actividades en el sector privado, según reveló este lunes la contralora Dorothy Pérez, en el marco de la reciente cuenta pública de la Contraloría General de la República (CGR).
“6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”, detalló la autoridad.
Se trata de trabajadores que "estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse”, informó.
Estos 6 mil casos se suman a los más de 55 mil que la CGR detectó y que incluyen desde viajes al extranjero (casi 25 mil casos) hasta actividades incompatibles con el reposo.
Por ejemplo, "vimos otra situación de los médicos que atendían partos; estando con licencia médica, se iban a lo privado a atender un parto", percibiendo otra renta por dichas labores.
O también "funcionarios que iban al casino a apostar, mientras estaban justificando su inexistencia con licencia médica en el sector público", señaló.
De acuerdo con la contralora Pérez, desde qué estalló el caso del uso de licencias para viajar al extranjero, cerca de mil funcionarios renunciaron a sus cargos en el sector público.
En tanto, la CGR ha instruido 13.074 sumarios de los cuales se han concretado 344, que culminaron con la destitución de 93 trabajadores y el cese de contrato de 77 personas. A su vez, de los sumarios implementados, al menos 723 instituciones no han reportado avances.
Considerando todos estos antecedentes, la contralora Pérez pidió a las autoridades legislativas otorgar urgencia al actual proyecto de ley (boletín 17928-06) que amplia las facultades de la CGR para sancionar a los funcionarios que han renunciado una vez conocidos los hechos por el ente regulador, y que dicho plazo se extienda durante los seis meses siguientes a su desvinculación.
La iniciativa, presentada en octubre de 2025, se encuentra actualmente en la Comisión de Gobierno. "Pedimos a las autoridades colegisladoras que evalúen dar urgencia a la tramitación de un proyecto de ley", expresó Pérez.
