Si todo es crisis, entonces nada lo es
La llegada al poder de José Antonio Kast no puede entenderse sin una palabra que dominó buena parte del debate público en los últimos años: crisis. Durante la campaña, el diagnóstico fue repetido con insistencia, que Chile vivía una emergencia, una crisis sin precedentes que amenazaba con llevar al país a un punto de no retorno. En ese contexto, la elección presidencial terminó planteándose como una decisión urgente: o se cambiaba el rumbo del país, o Chile seguiría cayendo.
La narrativa resultó políticamente eficaz. En un clima de incertidumbre y fatiga social, la idea de que el país estaba al borde del colapso encontró terreno fértil. Pero a pocos días del inicio del nuevo gobierno, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando un proyecto político llega al poder apoyado en la premisa de múltiples crisis?
Durante los últimos años, uno de los pilares discursivos de la oposición al gobierno de Boric fue la llamada “crisis de seguridad”. Desde la derecha se instaló la idea de que Chile se encontraba en una espiral incontrolable de delincuencia y violencia, un país donde el Estado habría perdido la capacidad de garantizar el orden público. Bajo esa lógica, la propuesta política fue simple: mano dura, autoridad y un Estado dispuesto a actuar sin complejos.
Sin embargo, el diagnóstico no siempre se correspondía con la evidencia disponible. Es así como, en una nota publicada por la BBC a fines del año pasado se mostraba que, aunque la seguridad se había convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, Chile seguía teniendo niveles de criminalidad considerablemente menores que otros países de la región.
Por otro lado, una encuesta de Ipsos reveló que un 59% de los chilenos consideraba el crimen y la violencia como el problema más importante del país, una preocupación incluso mayor que en países como México o Colombia, pese a que sus tasas de homicidio son más de cuatro veces superiores.
La política encontró en esa brecha entre percepción y realidad un terreno fértil. En lugar de discutir con mayor profundidad las causas estructurales de la delincuencia, desde el crimen organizado hasta las transformaciones del mercado ilegal, el debate público terminó muchas veces reducido a un diagnóstico de colapso permanente. Y cuando cada hecho delictual se interpreta como prueba de que el país se encuentra al borde del abismo, la seguridad deja de ser una política pública compleja para convertirse en una herramienta de movilización política.
Algo similar ocurrió en el plano económico. Durante meses se repitió una consigna que logró instalarse con fuerza en el debate público: “Chile se cae a pedazos”. El mensaje circuló con rapidez en redes sociales, columnas de opinión y discursos de campaña, generando una sensación de deterioro generalizado. En ese contexto, la promesa de un cambio de rumbo parecía no solo razonable, sino urgente.
El miedo cumplió su función política. Se habló reiteradamente de la posibilidad de que Chile siguiera el camino de Cuba o Venezuela, como si el país estuviera a un paso de reproducir esas trayectorias. Pero más allá de la retórica electoral, la comparación siempre fue, en el mejor de los casos, exagerada.
Hoy, ya instalado el nuevo gobierno, emerge una tercera narrativa: la de la crisis fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó recientemente que la administración anterior habría dejado un “Fisco sin caja”, señalando que el Estado contaría con apenas 40 millones de dólares disponibles. La cifra, sin embargo, fue rápidamente cuestionada por el exministro de Economía, Nicolás Grau, quien sostuvo que los datos públicos muestran montos significativamente mayores.
Más allá de cuál sea la cifra correcta, el episodio refleja algo más profundo: la disputa por instalar un diagnóstico de crisis como punto de partida político. Porque las crisis, cuando son reales, requieren respuestas urgentes y consensos amplios. Pero cuando se transforman en un recurso discursivo permanente, corren el riesgo de perder su significado.
Si todo es crisis, entonces nada lo es.
Y allí aparece la paradoja del actual gobierno. Si Chile efectivamente vivía una crisis de seguridad, una catástrofe económica y, actualmente, un colapso fiscal, entonces el nuevo gobierno debería enfrentarse hoy a un país en situación crítica. Pero si, por el contrario, esas crisis comienzan a diluirse una vez alcanzado el poder, entonces cabe preguntarse si alguna vez fueron tan profundas como se dijo.
La política democrática necesita diagnósticos rigurosos, no relatos construidos sobre el miedo. Porque gobernar a partir de la idea de que todo está al borde del colapso puede ser útil para ganar elecciones, pero es una estrategia peligrosa para administrar un país.
Al final, la lógica es simple: cuando todas las situaciones se presentan como crisis, las verdaderas crisis dejan de ser reconocibles.