La situación de Trinidad Steinert no habría sido informada mientras ejercía como fiscal, abriendo cuestionamientos políticos y administrativos.
Ministra Trinidad Steinert y nueva polémica - Agencia Uno
Una nueva controversia afecta a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego que se revelara que mantendría una sociedad comercial con un abogado que ha defendido imputados por delitos de narcotráfico, según información publicada por el diario La Segunda.
De acuerdo con el citado medio, la secretaria de Estado comparte propiedad en la sociedad El Yunke Limitada junto a Rodrigo Irarrázabal Izikson, quien además es su expareja y padre de sus hijas.
Este abogado figura en los registros que mantiene la Contraloría General de la República sobre profesionales que han participado en defensas vinculadas a la Ley de Drogas.
Uno de los puntos más sensibles del reportaje es que dicha sociedad no habría sido declarada por Steinert cuando ejercía como fiscal regional, lo que podría abrir flancos administrativos y eventuales cuestionamientos sobre conflictos de interés.
El caso cobra especial relevancia considerando que la actual ministra construyó su carrera precisamente en la persecución del crimen organizado y delitos asociados al narcotráfico, antes de asumir en marzo de 2026 como parte del gabinete del presidente José Antonio Kast.
La revelación se suma a una serie de controversias que han marcado el inicio de la gestión de Steinert al frente del Ministerio de Seguridad, en un escenario donde la seguridad pública es una de las principales prioridades del gobierno.
En las últimas semanas, su desempeño ya había estado bajo escrutinio por conflictos con la Policía de Investigaciones (PDI) y decisiones administrativas cuestionadas, lo que ha aumentado la presión política sobre su rol en una de las carteras más sensibles del Ejecutivo.
Hasta ahora, no se han informado eventuales acciones administrativas concretas derivadas de este antecedente, pero la situación podría ser revisada por organismos de control, dada la existencia de registros oficiales sobre abogados vinculados a causas de narcotráfico.
El caso instala nuevamente el debate sobre la transparencia en las declaraciones de intereses y patrimonio de autoridades públicas, especialmente en áreas directamente relacionadas con la persecución del delito.
Por el momento, desde el gobierno no se ha emitido una declaración oficial detallada respecto de este nuevo antecedente que involucra a la ministra de Seguridad.
