Autoritarismo con sonrisa socarrona
Chile vive un momento decisivo. El recién juramentado José Antonio Kast no ha dejado mucho espacio para interpretaciones. Son tiempos en los que se golpean las puertas con miedo, en los que se disfraza de orden lo que puede convertirse en autoritarismo, se maquilla como seguridad lo que muchas veces es xenofobia, y se presenta como recuperación nacional el regreso de los privilegios de una minoría que históricamente ha gobernado sin tener que responder ante la mayoría.
Kast aparece como un rostro moderado, incluso amable para algunos, pero para sus críticos representa la continuidad de una tradición política más profunda. Para ellos, es la versión chilena de Donald Trump en Palacio de La Moneda: un liderazgo que se inscribe en una corriente internacional de nacionalismo duro y de políticas de “mano firme”.
Sin embargo, su primer mensaje real —según esta mirada crítica— no fue el discurso oficial pronunciado desde el balcón presidencial. Fue el gesto político de viajar a Miami, donde, simbólicamente, habría reafirmado su cercanía con el nuevo orden político impulsado desde Estados Unidos. Para sus detractores, aquello fue más que una visita: fue una señal de alineamiento con ese nuevo mapa de poder.
Pero hubo otra señal aún más inmediata. Catorce horas. Solo catorce horas bastaron para que el nuevo presidente mostrara sus prioridades. En ese tiempo ya estaba hablando de vender tierras raras en la Patagonia y de abrir paso a más minería y extractivismo. La promesa de orden y recuperación nacional parece comenzar, curiosamente, por abrir la puerta a una nueva fiebre de recursos naturales.
Parece que preservar nuestras áreas naturales no importa demasiado. Bosques milenarios, especies únicas y ecosistemas fundamentales para nuestra vida quedan en segundo plano cuando se trata de hacer dinero. En un país que se enorgullece de su geografía y de su riqueza natural, la pregunta surge inevitable: ¿cuánto vale realmente ese patrimonio cuando entra en la lógica del mercado?
La lógica parece ser simple: que vengan los grandes inversores, aunque eso signifique explotar territorios y poner en riesgo el patrimonio natural de Chile. No es una discusión nueva en América Latina. Desde hace décadas, el desarrollo suele presentarse como una ecuación donde la naturaleza siempre paga la primera cuota.
Y mientras se abren las puertas a nuevas explotaciones, el ajuste aparece por otro lado. Entre las primeras decisiones del nuevo gobierno surge también el anuncio de un recorte social del 3%. La cifra puede parecer técnica, incluso menor en el lenguaje frío de las finanzas públicas. Pero en la vida cotidiana de miles de familias ese porcentaje se traduce en menos recursos para programas sociales, menos apoyo estatal y más incertidumbre para quienes dependen de esas políticas para sostener su día a día.
En su primer mensaje formal, Kast habló de instaurar un “gobierno de emergencia”. Y esa palabra —emergencia— despierta preocupación en muchos sectores. A lo largo de la historia, los gobiernos con vocación autoritaria han utilizado contextos de crisis para justificar medidas extraordinarias: primero se construye la sensación de amenaza, luego se identifica a un enemigo y finalmente se legitima la restricción de derechos en nombre del orden y la seguridad.
Hoy ese enemigo suele tener rostro. En distintos lugares del mundo, desde Europa hasta Estados Unidos, el foco se ha puesto sobre la migración. Y muchos temen que en Chile ese discurso pueda seguir el mismo camino.
La discusión sobre seguridad también remueve heridas recientes. El recuerdo del Estallido Social de 2019 sigue presente: las muertes, las denuncias de abusos y casos emblemáticos como el del estudiante Gustavo Gatica, que perdió la vista durante las protestas. Para algunos sectores de la sociedad, la pregunta sigue abierta: ¿qué significa realmente seguridad en una democracia?, ¿dónde termina el orden y dónde comienza la vulneración de derechos?
Kast ha dicho que recibe un país peor de lo que esperaba y que no hay tiempo que perder. Ha advertido que las reformas serán profundas. Sus críticos temen que esa determinación se traduzca en políticas duras que recuerden viejas heridas de la historia latinoamericana.
La memoria inevitablemente conduce al período de la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos historiadores sostienen que aquellas dictaduras no solo tuvieron un componente represivo, sino también un proyecto político y económico destinado a consolidar el poder de determinados sectores económicos y a alinear la región con los intereses de Estados Unidos.
Para quienes sostienen esta crítica, el temor es que Chile vuelva a recorrer parte de ese camino.
Pero el texto también recuerda otra lección de la historia: los pueblos resisten. A lo largo del continente —desde Gaza hasta distintas regiones de América— los movimientos sociales han demostrado que las sociedades no son actores pasivos frente al poder.
En Chile, dicen, la historia aún no está escrita. Y evocan las palabras pronunciadas por Salvador Allende en sus últimas horas: algún día volverán a abrirse las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Para quienes sostienen esta mirada crítica, ese momento dependerá del tiempo, de la memoria y de la lucha democrática de la sociedad.
