Ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas: Un aporte a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país

¿Son aliados del proceso educativo o elementos distractores? Medios de comunicación o simples generadores de dopamina? Los teléfonos móviles ¿deben tener cabida en las aulas de escuelas y liceos de Chile?

Después de un extenso debate en el Congreso, nuestra institucionalidad tomó una decisión: los celulares no deben estar presentes en la sala de clases. Salvo excepciones: casos de emergencia, usos justificados y puntuales para el proceso educativo, o alguna otra salvedad que ya veremos.

Entonces, ¿es un acierto o una exageración? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido político que tiene regular este aspecto de la vida privada de las personas en contexto educativo?

Tengamos primero un repaso de lo que mandata la nueva norma. Se trata de una ley que modifica parte de la Ley General de Educación, con el fin de regular y prohibir el uso de celulares y otros dispositivos por el estilo, con acceso a Internet, durante actividades pedagógicas en establecimientos educacionales.

La ley restringe el uso de estos aparatos durante las actividades curriculares (principalmente en la sala de clases, pero no exclusivamente circunscrito a ella), con excepción de situaciones específicas.

Entre ellas se encuentran: necesidades educativas especiales, usando el dispositivo como apoyo acreditado; surgimiento de emergencias, catástrofes o peligros inmediatos; uso pedagógico planificado que incorpore el equipo móvil; condiciones de salud que requieran el monitoreo médico mediante dichos equipos, o solicitud justificada del apoderado por seguridad personal o familiar.

Este nuevo cuerpo legal, además, indica que la obligación abarca a toda la comunidad educativa; la prohibición o autorización de uso fuera de actividades curriculares queda a discreción de lo que defina el reglamento interno de cada establecimiento. La norma ya se encuentra en vigor, pero existe plazo hasta el 30 de junio para actualizar estas normativas internas.

Ahora, vamos a los argumentos. Desde la cartera de Educación se ha promovido que prohibir el uso de celulares en las aulas –algo que este senador comparte– ayuda a recuperar la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin interrupciones ni fragmentaciones.

¿Cómo comparto esta idea? Porque no es un invento de la política. Nosotros tomamos las decisiones, pero siempre sobre una base técnica: por ejemplo, un amplio estudio en Países Bajos constató empíricamente una mejora de hasta el 75% en la concentración de los estudiantes y un avance en hasta el 59% en el clima social percibido, así como un alza de hasta un 28% en los resultados escolares tras prohibir los smartphones en las escuelas, se informa en distintos medios de prensa internacional.

Fuentes del mismo tipo describen que en la India, por su parte, un estudio con casi 20 mil estudiantes constató que retirar los teléfonos móviles antes de la jornada escolar aumentó los puntajes académicos.

Todo ello, si lo sumamos a los numerosos estudios sobre población general (no estudiantes) donde se ha comprobado que la dopamina rápida generada por el scrolling en las redes sociales está provocando una suerte de “crisis global de concentración”, configura un cuadro final donde esta decisión se adopta, y en buena hora.

Ahora bien, la socialización es otro punto. Estudios e investigaciones publicadas en revistas y webs de Chile y el extranjero llegan a la conclusión, más o menos compartida, de que el uso de teléfonos móviles en recreos interviene o reemplaza a interacciones sociales cara a cara o participación en juegos, aspectos que son formativos en el desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes.

Aún otros estudios documentan evidencias más preocupantes: que el uso problemático (tipo adictivo) de los smartphones se relaciona a menores con competencias socioemocionales más bajas (en autorregulación, procesamiento de la ira y la frustración, inteligencia emocional general y habilidades sociales); y todavía otros apuntan a que el uso de smartphones en las escuelas es un vehículo más para contenidos y comportamientos que desencadenan en incidentes de bullying.

Por lo demás, ¿qué sentido tiene prohibir el uso de los smartphones a la comunidad educativa toda? El argumento –al que este senador suscribe también– es que los adultos sean un modelo respecto de la pertinencia y responsabilidad en el uso de la tecnología; proveyendo a los alumnos de un contexto donde cada actor actúe en concordancia, y donde existan condiciones que faciliten la concentración de los niños y jóvenes.

Finalmente, Chile no está solo en esto: En Australia, por ejemplo, los distintos estados adoptaron desde 2024 prohibiciones rigurosas en la materia, que abarcan toda la jornada escolar, con teléfonos apagados y guardados, e incluso se prohibió que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

Por su parte, en Francia también se aplican estas medidas: desde 2018, no se permiten dispositivos conectados a Internet en las escuelas hasta los 15 años de edad, y desde 2025 el Estado exige que los estudiantes entreguen sus móviles nada más llegar al colegio. En España, la realidad es regional, pero en Madrid o Galicia han limitado o prohibido los smartphones en colegios.

¿Y Latinoamérica? Chile llega de los primeros. Sólo Brasil era el único país que tenía ya una ley para prohibir los dispositivos conectados en jornada escolar; y en México o Argentina, hay prohibiciones parciales sólo por provincias o entidades federales.

En definitiva, esta nueva ley se perfila como un aporte para mejorar la efectividad del aprendizaje, la convivencia escolar, el clima de las comunidades educativas y el desarrollo intelectual y psicosocial de niños, niñas y jóvenes. En todo sentido, la escuela debe ser un lugar protegido y potenciado en su rol por parte del Estado, que en esta ley se da la obligación política de poner límites razonables a los medios tecnológicos.

Este es el tipo de aportes y contribuciones que la política debe impulsar, por el bien de Chile y su gente.