¿Leyes y protocolos para vivir la escuela? Profesionales atrapados entre el registro y el patio

A fines de enero, el Congreso despachó el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, a la espera de su revisión por el Tribunal Constitucional. El ministro Nicolás Cataldo lo presentó como una transformación necesaria para fortalecer el bienestar socioemocional y entornos escolares más seguros e inclusivos.

El diagnóstico se repite: hay tensiones en la vida escolar. Pero más allá de discutir su magnitud, importa cómo se reparten las responsabilidades y con qué criterios se actúa. La convivencia ocurre con tiempos acotados y emociones encima. Y ahí aparece una pregunta simple: ¿quién hace qué cuando surgen situaciones complejas?

Pensemos en una escena mínima: Un estudiante se desregula en el recreo. La inspectora pide “que se lo lleven”. El profesor jefe quiere volver a clase. La dupla psicosocial llega a contener. Alguien pregunta si corresponde activar protocolo y otro recuerda que hay que registrar. En minutos hay varios adultos presentes y una duda central: ¿quién lidera la intervención y quién acompaña? ¿Qué es formativo o educativo y qué es sanción?

La escuela no es una oficina de tramitación de conflictos. Es vida en común, con todo lo que eso trae, incluido el malestar. Pretender que esa vida cabe completa en un registro o en una respuesta para la Superintendencia no solo es ingenuo; termina empujando a los equipos a trabajar para el papel, no para la intervención.

Y esa vida escolar tampoco se reduce a “lograr que nadie se agreda”. Por cierto que es crucial que estudiantes no agredan a otros estudiantes ni a sus profesores. Pero la convivencia no es solo ausencia de golpes o insultos, también es pertenencia, clima de aula, trato cotidiano, límites claros y reparación cuando el daño ya ocurrió. Y justamente por eso, la pregunta “¿quién hace qué?” no puede responderse solo con un protocolo.

Quienes quedan atrapados en esa tensión son los equipos. La experiencia es compartida por coordinadores de convivencia, profesionales del Programa de Integración Escolar, duplas psicosociales, equipos directivos y docentes. Muchos enfrentan conflictos, crisis emocionales o situaciones de exclusión sin referencias claras y coherentes para orientar la acción.

En Chile, la indefinición se agrava por la superposición de normativas y programas. Distintos marcos fijan principios relevantes, pero no articulan con consistencia las funciones de los equipos de apoyo. Falta una política pública específica que delimite el quehacer profesional en las escuelas. El resultado se siente en la cotidianeidad escolar: solapamientos, vacíos operativos y tensiones entre roles.

El proyecto introduce un punto atendible: exige formación y define con mayor precisión el rol del Coordinador o Coordinadora de Convivencia, con dedicación exclusiva. Es un avance frente a la precariedad histórica del cargo. Pero el énfasis sigue puesto en tareas administrativas (planes, reglamentos, protocolos). Existe el riesgo de profesionalizar para responder mejor por escrito, más que para acordar criterios de intervención. Si todo termina en carpetas impecables, la ley habrá cambiado el papeleo, no la convivencia.

En el debate público, algunos sostienen que el problema central es la falta de autoridad profesional, y contar con marcos claros importa, pero ese énfasis queda corto si no se resuelve la indefinición de funciones. Difícilmente se consolida autoridad cuando los equipos operan con roles que se pisan y decisiones que dependen del estilo de quien esté de turno. En esas condiciones, la autoridad se vuelve frágil o administrativa.

Lo paradójico es que esta ambigüedad convive con una creciente protocolización. Frente a casos reales y singulares, los equipos deben decidir entre aplicar el procedimiento al pie de la letra o adaptarlo asumiendo riesgos personales e institucionales. Esa carga se vuelve diaria.

La pregunta “¿quién hace qué?” no es burocrática. Tiene implicancias institucionales, políticas y éticas. Afecta la calidad de las intervenciones, el bienestar de los equipos y la confianza de las comunidades. El desafío no pasa solo por multiplicar protocolos, pasa por crear condiciones para acordar criterios de acción, deliberar profesionalmente y sostener marcos coherentes. Porque si el sistema solo pide registros para explicar lo que ocurrió, se llega tarde a lo que importaba: intervenir a tiempo en el patio.