La querella criminal contra seis carabineros de Melipilla: Retiro arbitrario de vehículos y coimas tarifadas

De acuerdo a Fastcheck.cl, la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Juzgado de Garantía de Melipilla no describe simplemente un conjunto de irregularidades administrativas. Expone, más bien, un presunto sistema organizado de coimas en la Tenencia de Carreteras de esa comuna.

Seis funcionarios de Carabineros de Chile —Luis Orrego Reyes, Claudio Aceituno Fuentes, Cristian Gutiérrez Pérez, Francisco Marrot Martínez, José Romero Cordero y Francisco Palma Huerta— aparecen querellados por el delito de cohecho agravado; junto a dos civiles vinculados al Aparcadero Custodias Nacionales (ACN), Francisco Cortez Loveras y José Luis Carreño Zenteno, imputados por el delito de soborno, en calidad de presuntos pagadores de las coimas.

El presunto retiro injustificado de vehículos, la omisión deliberada de su registro en plataformas oficiales, la fijación tarifaria de la coima ($40.000 por camión y $20.000 por automóvil), la desaparición de permisos de circulación y la coordinación vía WhatsApp para exigir el pago pactado, configuran una trama que encaja con los patrones del denominado “Caso Grúas”, formalizado por el Ministerio Público en 2021.

No se trata de un funcionario aislado tentado por la oportunidad; se trata —según la querella— de una red que operaba con naturalidad, con frases como “permiso que me voy a pagar”, pronunciadas en la oficina del jefe de Tenencia, con fajos de billetes a la vista.

Desde la teoría política, el problema es más profundo que el delito. Es una fractura en la legitimidad del Estado.

El Estado y la corrupción

Max Weber definía al Estado como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio. El punto no es la violencia en sí, sino su legitimidad. Cuando quienes encarnan ese monopolio lo utilizan para generar rentas privadas —mediante el retiro arbitrario de vehículos, la fabricación de infracciones o la manipulación de registros— el monopolio deja de ser legítimo y se transforma en una franquicia de extorsión.

Lo descrito en Melipilla sugiere algo aún más inquietante, una estructura de incentivos corrupta y normalizada. La fiscalización vehicular, concebida como herramienta de orden público, habría sido convertida en un negocio paralelo con tarifa establecida y logística consolidada. La omisión intencional de registros para eludir la supervisión de la UOCT no solo constituye un acto ilegal, sino una forma de sabotaje institucional interno.

El Caso Grúas

La vinculación de esta causa con el “Caso Grúas” revela continuidad. En 2022 se dictaron condenas contra altos mandos y civiles vinculados al aparcadero ACN, incluyendo a José Williamson Poblete. El nombre de Francisco Cortez Loveras —excarabinero dado de baja en 2008 por robo con intimidación— vuelve a emerger como pieza de conexión.

Que un exfuncionario expulsado por un delito grave reaparezca años después como intermediario en un esquema de coimas dentro de la misma institución no es una coincidencia menor, es la evidencia de una porosidad estructural. Si, como reportó CIPER, existía monitoreo interno desde al menos 2014, entonces el problema no es solo la corrupción, sino la tolerancia.

Cultura institucional 

El elemento más corrosivo no es el monto de la coima, sino la naturalización del mecanismo. Los testimonios hablan de reuniones periódicas, de presión para firmar infracciones, de bromas públicas sobre “ir a pagarse”. Ese tono revela ausencia de temor a la sanción y, por tanto, percepción de impunidad.

Alexis de Tocqueville advertía que las democracias pueden deteriorarse no solo por tiranías abiertas, sino por la degradación silenciosa de sus instituciones. Cuando la policía —institución armada, jerárquica y dotada de potestad coercitiva— adopta lógicas de camarilla rentista, el daño no se limita al erario, se difumina la confianza pública.

Carabineros arrastra, además, el peso de escándalos previos —fraudes financieros masivos— que ya habían debilitado su credibilidad.

Un cuerpo policial no puede sobrevivir democráticamente solo con disciplina interna; necesita legitimidad social. Y esa legitimidad no se decreta, se construye mediante transparencia y rendición de cuentas.

Conclusión

En estructuras altamente verticales como Carabineros, los esquemas reiterados rara vez prosperan sin, al menos, tolerancia superior. La pregunta incómoda es si existió ignorancia genuina o si hubo mirada cómplice.

Si la investigación avanza, se formalizan cargos y se dictan condenas proporcionales, la institucionalidad habrá demostrado capacidad de autocorrección. Si, en cambio, el proceso se diluye o se limita a chivos expiatorios de bajo rango, el mensaje será devastador.

Cuando el uniforme se convierte en pasaporte para la renta ilícita, lo que se pierde no es solo dinero, sino también autoridad moral.

En última instancia, como advertía Weber, la legitimidad es frágil. Una institución armada sin legitimidad no es un pilar del orden; es una amenaza latente para él.