Hace poco vi en Instagram la historia de un joven con autismo que mostraba orgulloso la foto de su título universitario obtenido en una prestigiosa universidad chilena. Relataba lo difíciles que fueron esos cinco años: la discriminación de algunos compañeros, las barreras del sistema, el desgaste emocional para finalmente titularse. Podría ser otra historia difícil más. Pero hubo un detalle que me quedó resonando: estudió Educación Diferencial.
¿Qué pasa si los educadores que no incluyen? Formadores que no logran reconocer el talento que tienen frente a ellos. El prejuicio también tiene título universitario.
La escena me recordó un capítulo de The Good Doctor. Un niño con autismo severo necesita una cirugía urgente y solo logra conectar con el protagonista, un cirujano autista brillante. Sin embargo, sus propios padres se niegan a que participe en la operación. ¿Le confiarías una cirugía a un médico autista? La pregunta incomoda porque revela lo esencial: el problema no es la discapacidad, es el prejuicio y la discriminación. Y cuando toca en lo personal, la desconfianza.
Hace algunos años, Pablo, egresado de TACAL, no pudo terminar Trabajo Social por el bullying de compañeros y profesores. Trabajadores sociales que no incluyen. Padres que dudan del profesional que su hijo podría llegar a ser. Allí está la primera pieza de la inclusión laboral: confiar. Porque la discapacidad no es el límite; el prejuicio sí lo es.
En Chile hablamos mucho de inclusión. Más del 17% de las personas adultas vive con alguna discapacidad: casi 3 millones de ciudadanos. No es una minoría invisible, es parte estructural de nuestra sociedad. Y, sin embargo, solo el 40% está ocupada. Más de 1,6 millones permanecen fuera del empleo.
En el caso de las mujeres, la participación baja al 36%. Muchas veces no estudian ni trabajan porque sus familias prefieren que se queden en casa “ayudando en lo que puedan”. Sin formación, sin desarrollo profesional, sin la dignidad que se construye cuando uno logra aquello para lo que se preparó.
En 2024, más de 12 mil estudiantes con discapacidad cursaron educación superior en Chile. La matrícula ha crecido. Jóvenes que cada día se suben al transporte público, sortean barreras físicas y culturales, rinden exámenes y cumplen prácticas. El talento está titulado. ¿Y ahora qué?
La tasa de acceso sigue siendo de apenas 0,46%, es decir, menos de 1 cada 200 personas con discapacidad llega a la educación superior, frente a 1 de cada 10 en la población sin discapacidad. La brecha es brutal. La inclusión universitaria sigue siendo excepcional, no estructural.
Y cuando alguien logra atravesar esa barrera, terminar la carrera y obtener su título, lo mínimo que merece es una oportunidad real. No un puesto simbólico. No una contratación para cumplir una cuota. No faltan capacidades, faltan decisiones.
Por esta razón Fundación TACAL abrió una oficina de intermediación laboral para incorporar al mercado regular a profesionales y técnicos con discapacidad. No les ha sido fácil terminar la carrera, y es de toda justicia que puedan acceder a un trabajo acorde a sus conocimientos.
El desafío está en reclutamientos accesibles, descripciones de cargo sin sesgos, evaluaciones centradas en competencias, ajustes razonables en infraestructura y tecnología. No son privilegios; son condiciones mínimas para la igualdad de oportunidades.
La inclusión real se mide en si confiamos en su talento, tanto como confiamos en el de cualquier otro egresado.
Si en tus presentaciones hablas de equipos integrales, de mirada 360, de pensar fuera de la caja, empieza por aquí. Porque el verdadero déficit no está en ellos. Está en nuestra decisión -o falta de ella- de abrir la puerta.
