La problemática de la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y las autoridades, quienes a lo largo de los últimos años han desplegado esfuerzos por combatir el alza de la violencia en la criminalidad y la sensación de inseguridad que abunda en las calles.
Es por eso que el gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió separar esta labor de la gestión interna de la administración en el Ministerio del Interior, lo que derivó en la creación de la nueva cartera de Seguridad Pública con el propósito de orientar con mayor énfasis las estrategias en torno a la materia.
Es así que el exministro de Justicia y exsubsecretario del Interior, Luis Cordero, pasó a liderar la repartición con la principal tarea de "dejar andando" la institucionalidad para que el próximo Ejecutivo -encabezado esta vez por José Antonio Kast (Republicanos)- pueda ejecutar con facilidad las políticas públicas.
En ese contexto, el secretario de Estado advirtió en El Desconcierto sobre la expansión del crimen organizado transnacional y destacó las cuestiones más importantes a las cuales hay que dirigir la atención para evitar que las organizaciones delictivas permeen en las instituciones.
Asimismo, abordó los desafíos del sistema penitenciario chileno a raíz del aumento de 40.000 a 63.000 personas privadas de libertad en cuatro años, los avances en la lucha contra la corrupción dentro de Gendarmería y los resultados de la política de seguridad de Boric.
-¿Cómo evalúa la situación carcelaria actual del país y cuáles son las principales acciones que está tomando el gobierno?
La situación penitenciaria en Chile ha cambiado en muy pocos años. Simplemente para tener un orden de magnitud, el año 2021 contábamos con aproximadamente 39.000 personas privadas de libertad. Este gobierno comenzó con cerca de 40.000 personas privadas de libertad. Y en la actualidad hay 63.000 personas privadas de libertad. El aumento es muy significativo, más de un 45%, y eso tiene consecuencias muy relevantes.
La primera es que hoy todas las regiones del país, salvo Los Ríos, tienen sobrepoblación carcelaria. La segunda es que esa sobrepoblación tiene principalmente tres explicaciones. La primera tiene que ver con las reformas legales que se han introducido en los últimos años en el país, no solo en este periodo sino desde la Agenda Corta 2 en materia de seguridad. Ese conjunto de reformas lo que han hecho es reducir beneficios y aumentar penas.
Si antes podíamos estar en torno a 8.000 libertades condicionales al año, hoy es un poco más de 1.000. Entonces lo primero es que ha existido un impacto por el aumento de penas y la reducción de beneficios penitenciarios.
La segunda razón ha tenido que ver con que los jueces hoy están dispuestos a aplicar penas más altas, es decir, a ocupar el rango mayor de las penas. Por lo tanto hoy tenemos personas condenadas a más años y también un aumento de la prisión preventiva simplemente por la proyección de la pena alta.
Y la tercera razón es que el Estado de Chile durante este periodo ha invertido muchos recursos para aumentar la eficiencia policial y la eficiencia de la persecución penal. Entonces, si usted agrega a esos elementos que durante largos años el país demoró entre 10 y 14 años la construcción de una cárcel, lo que tenemos es un sistema que tiene mucha demanda pero que tuvo poca expansión.
La razón por la cual tuvo poca expansión se debe esencialmente a que todos los proyectos de infraestructura penitenciaria que se desarrollaron en los gobiernos anteriores tuvieron mucha resistencia y oposición. Porque todo el mundo quiere cárcel, pero nadie la quiere cerca.
Esta combinación de elementos de mayor disposición al encarcelamiento por normas que reducen beneficios y aumentan penas, jueces que aplican penas más altas y aumento de eficiencia policial, en un sistema penitenciario que no amplió su número de plazas en tiempo razonable, es lo que hace que nosotros hayamos tenido este incremento. Es el incremento de personas privadas de libertad más alto que hemos tenido en la historia penitenciaria chilena en tan poco tiempo.
Este aumento de personas privadas de libertad, que se ha hecho normativamente de un modo deliberado, no ha tenido como correlato el aumento del número de plazas, o bien de elementos sustitutos que permitan generar mecanismos para tener sistemas mixtos de cumplimiento de penas que no sean necesariamente encarcelamiento.
Entonces, el Gobierno ha reaccionado con tres cosas. Primero, reactivar el plan de inversión en materia de infraestructura penitenciaria. Nosotros, hasta antes de ese plan, administrábamos el plan de infraestructura penitenciaria que había diseñado el presidente Lagos y que luego había sido ajustado durante la administración del presidente Piñera I.
Lo segundo es que hemos podido despachar leyes para poder reducir la permisología en la construcción de cárceles. Mucho se habla de la permisología privada, pero poco se habla de que el sector público enfrenta muchas restricciones para poder construir su infraestructura.
-¿En qué consisten esos problemas?
Entre otras cosas, las cárceles enfrentan problemas de desplazamiento. Sobre todo las cárceles antiguas han terminado finalmente capturadas por la ciudad y por lo tanto hay problemas de congelamiento urbanístico. Usted no puede hacer la expansión de la cárcel. Nosotros tuvimos que cambiar el proyecto de ley para poder hacer modificaciones y hacer compatibles los usos del suelo para las expansiones de los sistemas penitenciarios.
Y la otra es un conjunto de permisos. Por ejemplo, la evaluación ambiental. Construir una cárcel en un desierto implica también la exigencia de evaluación ambiental, cuyos trámites demoran mucho tiempo. Entonces, la infraestructura pública, aun cuando sea infraestructura pública de primera necesidad como los sistemas penitenciarios, también enfrenta problemas permisológicos muy serios.
La tercera acción es que hemos podido destrabar proyectos de cárceles que llevaban mucho tiempo detenidos. Uno de ellos es la de Copiapó, que se ha podido adjudicar y que está en el desierto, y eso le va a permitir una expansión relativamente grande.
-¿Le parece relevante trabajar en reinserción?
Reinserción es clave porque las personas privadas de libertad en algún momento van a salir de la cárcel y la manera de sacarlas del circuito de la comisión de delitos tiene que ver con políticas de reinserción más efectivas. Y esto tiene que ver con patrones distintos. La política de reinserción para jóvenes es distinta, por ejemplo, que la de mujeres o la de adultos.
Nosotros hoy tenemos una relación de 92% hombres y 8% mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad tienen como delito prevalente el tráfico de drogas. El delito prevalente es más del 50%. En el caso de los hombres es un poco más del 15%.
La edad promedio de los adultos encarcelados ha bajado de modo significativo. Entonces lo que el país también tiene que focalizar es que el crimen y la seguridad pública también dependen de políticas de reinserción eficaces. Y por eso trabajar en reinserción en la cárcel es relevante, por eso buscar mecanismos de empleo en el sector privado también es relevante. Por eso esto no solo es un compromiso del Estado, también es un compromiso del sector privado, de la sociedad civil dentro de las cárceles.
De lo contrario, podemos permanecer en una especie de ilusión, creyendo que simplemente encarcelando personas solucionamos los problemas de seguridad cuando en verdad podemos estar trasladando el problema a otro lugar.
Durante largos años la cárcel fue vista como un espacio donde las personas iban a cumplir sus penas, los delitos que se cometían en su interior eran poco investigados, hasta que el sistema institucional comenzó a darse cuenta de que la cárcel era una fuente de información criminal muy relevante.
Y eso ha sido muy evidente respecto de la conformación en el sistema penitenciario de personas privadas de libertad que vienen de organizaciones criminales que el Estado de Chile ha decidido perseguir activamente, especialmente organizaciones transnacionales.
A partir de un orden de magnitud, nosotros hoy casi el 17% de la población penal es extranjera. La primera nacionalidad es venezolana, la segunda es colombiana y la tercera es peruana. Y esto es importante porque significa que la cultura penitenciaria ha ido cambiando. Los tipos de delitos a los cuales esas personas están vinculadas son delitos que tienen una cierta sofisticación que antes no tenían.
Por lo tanto, la cárcel se ha transformado también hoy en un espacio de información criminal relevante para atacar bandas y organizaciones criminales. Por eso nosotros hemos modificado una serie de legislaciones durante este último tiempo. Tenemos más de 70 leyes en materia de seguridad, muchas destinadas a sofisticar la persecución al crimen organizado.
-¿En qué consiste eso al interior de las cárceles?
Por ejemplo, mecanismos de cooperación eficaz entre personas que están privadas de libertad y que entregan antecedentes que son relevantes para investigación de estos delitos. Hoy pueden acceder, por ejemplo, a rebajas de condena. Y eso ha permitido buscar en la cárcel también medios de información que son extremadamente útiles.
Pero la cárcel es un espacio reducido, es un espacio muy poblado, y por lo tanto enfrenta otro tipo de riesgo desde el punto de vista de seguridad. Una de ellas tiene que ver con las muertes que pueden ocurrir en su interior. La letalidad dentro de las cárceles es un indicador que internacionalmente siempre se observa. Chile ha bajado sus índices de letalidad dentro de las cárceles.
-¿Tiene ese índice en un número concreto?
En 2024 tuvo un índice como 45% menos de muertes. Y eso tiene que ver con las condiciones internas, el resguardo en su interior, la segregación. Por eso los sistemas penitenciarios siempre miran la letalidad dentro de las cárceles, porque es la manera en que se comparan los sistemas penitenciarios.
Pero yo creo que la cárcel hoy tiene que ser mirada también como un espacio para lograr la reinserción, y también hay que tener segregación eficaz de sujetos que están vinculados a organizaciones criminales. Y por eso la sobrepoblación es un problema.
Aunque los módulos de máxima seguridad que nosotros tenemos hoy en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, son módulos que tienen capacidad todavía, no son módulos que se encuentran sobrepoblados.
-¿Cómo está la situación de la inhibición de señal, que había sido criticada hace un par de meses?
La política de inhibición de señal es un tema que debe tener muchos años en nuestro país. Los mecanismos de inhibición que finalmente se licitaron durante esta administración han sido los únicos que han podido implementarse, logrando resultados.
La administración del presidente Piñera también lo intentó, tenía que ver con temas de tecnología disponible en ese momento también, pero tratar de neutralizar las comunicaciones de los privados de libertad es clave en cualquier sistema penitenciario, no solo en Chile, sino en todo el mundo.
La inhibición de señal y el tipo de tecnología que se licitó ha surtido efecto. Se hicieron observaciones, hay una auditoría que arrojó un resultado positivo en términos de efectividad del sistema de inhibición. Hay ciertos temas de control interno que es necesario administrar.
En general la inhibición lo que hace es que ataca el teléfono, pero también ataca el chip, y lo inutiliza sucesivamente. Por eso al final termina existiendo una disputa no tanto sobre cuántos celulares ingresan, sino cuántos chips ingresan.
La inhibición produce efectos y por lo tanto genera un mercado secundario de permitir acceso de tarjetas pequeñas. Porque al final no solamente es que estén viendo un partido de fútbol, sino que desde las cárceles operan, por ejemplo, para estafar a la gente, para dar instrucciones a bandas en el exterior, para estar al tanto de sus negocios.
La lista blanca lo que hace es que identifica qué teléfonos están autorizados para que estén dentro del establecimiento, pero además tiene georreferenciación. Entonces si ese teléfono está autorizado pero está en medio de un módulo, entonces permite control.
Pero la inhibición de señal es un combate diario entre la inhibición y quienes buscan ingresar nuevos medios de comunicación. Ante Pedro Montt ya está funcionando, se está licitando para el resto del país. Y yo creo que es una política que uno tiene que mantener, que es complementaria a otra serie de políticas en materia de seguridad de los establecimientos penitenciarios, entre ellas la reforma a Gendarmería.
-¿Cómo va la reforma a Gendarmería y las investigaciones de corrupción?
Nosotros tenemos, dentro de la política del gobierno de atacar la corrupción en instituciones públicas, uno de los focos en Gendarmería. Esencialmente por el tipo de labor que desempeña la gendarmería. Entonces, a partir de marzo-abril del año 2023, nosotros solicitamos al Ministerio Público que tuviera un foco investigativo, lo cual el Ministerio Público accedió.
Nosotros hemos tenido varias investigaciones, pero la más grande ha sido una operación en Valparaíso en La Serena, a propósito de tráfico de armas. Otra en Tocopilla, que estaba vinculada al tráfico de drogas. Y la de Santiago 1, que era la red de corrupción.
-¿Se refiere a la Operación Apocalipsis?
El fiscal Marcos Pastén ha tenido en la Operación Apocalipsis, que fue una operación muy grande, una investigación que todavía continúa, y donde nosotros probablemente vamos a tener más resultados de investigaciones que siguen más adelante y que se van a apreciar en el transcurso del año.
La única manera de poder tener un sistema penitenciario relativamente estable, razonable y bien cuidado es atacando intensamente la corrupción al interior de Gendarmería. Y eso implica, por el rol que cumple Gendarmería y por todos estos factores de los cuales hemos conversado, que Gendarmería debe pasar a ser una institución de orden y seguridad pública, dejando de depender de Justicia.
El proyecto fue aprobado en la Cámara. Nosotros estamos esperando que ojalá se pueda despachar en marzo en el Senado. Han existido buenas disposiciones. Y yo creo que es una reforma bien clave respecto a las estrategias que vienen hacia adelante.
-Además de pasar Gendarmería a las fuerzas de orden, ¿qué otras fórmulas se están viendo para evitar la corruptibilidad? Porque al final ellos, los gendarmes en este caso, son personas que trabajan codo a codo con criminales.
Estamos trabajando en mecanismos de control interno, hay propuestas legislativas a propósito de las declaraciones de patrimonio e intereses de todo el personal, no solamente de los directivos.
Y yo creo que lo clave, y por eso es importante que pase a ser una institución de orden y seguridad pública, es que una institución jerarquizada, obediente y no deliberante tiene una doctrina institucional. Las doctrinas institucionales permiten fortalecer fuerzas jerarquizadas, sin perder de perspectiva el objetivo y la razón a las cuales están asociadas. Por eso es tan relevante que Gendarmería pase a ser una institución de orden y seguridad.
-¿Le preocupa la expansión de grupos criminales en Chile?
A nosotros nos preocupa, pero es una preocupación que está abierta en América Latina en general. Yo diría que en buena parte de los países del mundo, después de la pandemia, la principal preocupación cuando usted mira todas las evaluaciones de riesgo global, todas las evaluaciones que existen en distintas partes del mundo, las preocupaciones por la expansión de organizaciones criminales internacionales después de la pandemia es un tema común.
Y tiene que ver con el crimen organizado, no solo drogas, sino la minería ilegal, que está asociada a la explotación de flora y fauna, los delitos ambientales o los delitos económicos, simplemente por ejemplificar algunos. Y hay otros que están vinculados a delitos predatorios, como la extorsión de personas.
Estamos hablando de 15 tipos de delitos que son altamente rentables para organizaciones criminales. Y en América Latina eso es muy relevante respecto a determinado tipo de mercados, el mercado de la droga, el mercado de la minería ilegal.
Nosotros no lo vivimos tanto, porque tenemos una estructura de regulación minera que evita que tengamos esa expansión de delitos ahí, pero también tenemos en América Latina, además de droga y minería ilegal, delitos que están vinculados a flora y fauna, y además de eso, tráfico de migrantes y tráfico de personas.
Y además las organizaciones criminales ocupan, para eso, estructuras públicas, los puertos, por ejemplo, o bien prestan servicios criminales, como aquellos que están vinculados al transporte. Y por eso la preocupación que tiene Asia, o la preocupación que tiene América, o la que tiene Europa en determinados puertos, sobre cómo estructuras criminales extranjeras, por ejemplo, la 'Ndrangheta o la Camorra en Italia, ocupan mercados de expansión en América Latina y servicios criminales que prestan a otro tipo de organizaciones.
Entonces, el crimen organizado internacional es una expansión de comercio ilícito muy rentable, que desafía a los estados, y que Chile tiene ciertas particularidades respecto de las cuales sus estrategias de combate le han permitido obtener determinado tipo de resultados, pero Chile tiene que mantener esa lucha permanente con el propósito de evitar que ese tipo de organizaciones criminales se expandan.
Y de ahí que es tan importante el tipo de delitos que se cometen en el país, qué indicadores de riesgo están asociados a ellos, y también importa mucho qué información pueden obtener en las cárceles.
-¿Cuáles son las acciones que está llevando a cabo el Estado para evitar que se expandan sobre todo en Chile?
Yo creo que en Chile, cuando tuvimos la crisis de seguridad en el 2021-2022, Chile tenía la alternativa de la paralización, y la alternativa que optó Chile fue tener una acción proactiva. Esos son los acuerdos entre el gobierno y la oposición, entre el Congreso y el Ejecutivo.
Eso dio origen a tres cosas que son centrales: la actualización de la legislación chilena, más de 70 leyes, algunas de ellas que llevaban mucho tiempo en el Congreso y que pudieron ser despachadas en este período; la segunda tuvo que ver con el aumento muy significativo del presupuesto en materia de seguridad, más del 16%; y la tercera tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, nosotros hemos fortalecido a las policías, al Ministerio Público, y a otras instituciones del Estado que forman parte del ecosistema de seguridad.
Eso tiene manifestación en resultados. Chile pudo tener un escenario muy complicado al inicio de esta administración en materia de violencia rural, los casos de violencia rural en la Macrozona Sur eran muy grandes, teníamos un aumento de la tasa de homicidios que venía desde el 2016, y además delitos violentos y los índices de muertes que preocupaban al país, que venían en aumento.
Esta administración está cerrando con esa producción legislativa, con instituciones fuertes, con un aumento del presupuesto, y eso también impacta en resultados. Hemos disminuido más del 54% los índices de violencia rural, más del 80% la violencia rural en la Macrozona Sur, hemos disminuido la tasa de homicidios de 6,7 cada 100 mil habitantes a fines del año 2022 a 6,4 en el año 2025.
Delitos violentos o de mayor connotación social a la baja, especialmente los robos, los secuestros que tuvimos un aumento, también se muestran a la baja, las extorsiones que era un delito que nosotros también desconocíamos, que tuvieron un peak también en el pasado, también están a la baja.
Pero eso es única y exclusivamente fruto de un trabajo coordinado, integrado del Estado. No sería correcto decir que es única y exclusivamente fruto de la acción del gobierno. Es que a partir de esa crisis de 2021-2022, el Estado de Chile logró un consenso, no se paralizó, dictó leyes, aumentó el presupuesto.
-¿Con paralizar se refiere a no tomar acción?
Paralizar es decir, simbólicamente, ya estamos haciendo esto y trabajemos con lo que tenemos. Y yo creo que este es uno de los temas que es bien relevante. La reacción del Estado de Chile fue proactiva, desde el Ejecutivo y el Congreso, el Gobierno y la oposición.
Y en un periodo, en esta administración en particular, donde además usted tenía, por distintos tipos de razones, una elección por año. Entonces, por cierto, los números han sido buenos, pero ha sido un tránsito complejo. Ha tenido mucha discusión y requiere mucha gestión pública.
Y esos números tienen que seguir mejorando hacia el futuro. Pero hay que entender que nos estamos moviendo en un contexto global donde las organizaciones criminales han ido adaptándose a distintos tipos de mercados. Por eso el Estado no puede bajar los brazos.
Y en el caso del crimen local, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que el crimen local no homologue las prácticas violentas de las organizaciones criminales extranjeras. Y el factor violencia es un factor que es muy relevante mantener adecuadamente observado.
Entonces, aunque los números han estado mostrando la baja, lo que el país no puede hacer es desatender esta preocupación permanente. Si uno desatiende alguna de estas áreas, las organizaciones criminales funcionan como empresas ilícitas que aprovechan la primera desatención del Estado para poder optimizar sus negocios.
-Ministro, yo lo escucho hablar y veo un gran esfuerzo, un esfuerzo monumental, pero lo que me pasa es que la ciudadanía creo que no está en sintonía con esos resultados. ¿A qué cree que se debe esa sensación de la ciudadanía por más seguridad cuando las cifras...?
Lo que pasa es que esto tiene que ver con dos cuestiones. La política de seguridad que el presidente suscribió en octubre, fue enviada a la Contraloría y se publicó, va a estar vigente hasta el 2030. Y una de las cosas que la política de seguridad establece en el diagnóstico, lo dice explícitamente: nosotros creemos que siempre nos hemos focalizado en los indicadores de delitos.
Bajar los delitos violentos, el número de personas privadas de libertad. Pero la política de seguridad también tiene que estar focalizada en la percepción de inseguridad. Porque la percepción de inseguridad afecta la calidad de vida de las personas.
Y ese esfuerzo también va a formar parte del traspaso. Nosotros tenemos documentos y visiones más estratégicas que forman parte de la conversación de traspaso. Buena parte de la producción normativa y de los instrumentos que se han estado utilizando van a permitir que la próxima administración pueda hacer pleno uso de ellos.
Así que buena parte de esto y de otras visiones más estratégicas forman parte también de la conversación de traspaso. El mandato del presidente cuando yo asumí era que nosotros dejáramos instalada la institucionalidad para que la próxima administración pudiera hacer pleno uso de ella.
Luis Cordero Vega - Ministro de Seguridad Pública de Chile (desde el 1 de abril de 2025). Anteriormente fue subsecretario del Interior (octubre 2024 - abril 2025) y ministro de Justicia y Derechos Humanos (enero 2023 - octubre 2024).
Marcos Pastén - Fiscal regional Metropolitano Occidente (no "Pastrana" como se transcribió). Lideró la Operación Apocalipsis.
Operación Apocalipsis - Megaoperativo ejecutado en diciembre de 2025 que desarticuló redes de corrupción en Gendarmería. Se formalizaron 47 gendarmes y 23 civiles por integrar nueve organizaciones criminales que operaban principalmente en las cárceles Santiago 1 y CPF San Joaquín, moviendo más de $6.300 millones en tres años.
Gabriel Boric - Presidente de la República de Chile.
Agenda Corta 2 - Conjunto de reformas legales en materia de seguridad implementadas en gobiernos anteriores.
Ricardo Lagos - Ex presidente de Chile que diseñó el plan original de infraestructura penitenciaria.
Sebastián Piñera - Ex presidente de Chile mencionado en relación a ajustes del plan penitenciario en su primera administración.
Población penal 2021: 39.000-40.000 personas
Población penal 2025: 63.000 personas (aumento del 45%)
Regiones con sobrepoblación: 15 de 16 (solo Los Ríos sin sobrepoblación)
Libertades condicionales: de 8.000/año a 1.000/año
Población penal extranjera: 17% del total (venezolanos, colombianos y peruanos)
Composición por género: 92% hombres, 8% mujeres
Tasa de homicidios 2022: 6,7 por cada 100.000 habitantes (peak histórico)
Tasa de homicidios 2025: 6,4 por cada 100.000 habitantes (proyección)
Reducción violencia rural: más del 54%
Reducción violencia Macrozona Sur: más del 80%
Leyes de seguridad aprobadas: más de 70
Aumento presupuesto seguridad: más del 16%
Reducción letalidad en cárceles 2024: 45% menos que 2023
Módulos de máxima seguridad: Santiago, Concepción, Antofagasta
