La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección contra la contralora Dorothy Pérez, luego de que la máxima autoridad de la Contraloría General de la República (CGR) solicitara información de detallada de niños, niñas y adolescentes que participan en programas vinculados a identidad de género, como el Programa Salud Trans y la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género.
La acción judicial busca evitar el cumplimiento del oficio emitido por el órgano autónomo por atentar "contra las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República".
Estas son, "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona", la igualdad ante la ley, ya que no hay personas ni grupos privilegiados y "el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia". Por ende, el oficio presentado por la CGR sería ilegal y arbitrario, según sostiene la Defensoría.
La CGR solicita desde noviembre de 2025 datos "sensibles" como nombre social, nombre legal, identidad de género, sexo registral y RUT de las personas que tienen acceso al Programa Salud Trans y la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género.
Desde el Bloque Nacional de Colectividades Transdiversas y gremios de la Salud han alertado durante el último tiempo de esta situación expresando su temor a "ser perseguidos", entendiendo que la críticas y oposición a los programas de ayuda a personas trans han sido lideradas por sectores de la derecha y grupos extremistas.
Durante la semana, la Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible el primer recurso de protección presentado contra la contralora Dorothy Pérez.
El recurso fue interpuesto por un usuario de estos programas, quien argumentó que la solicitud vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y afecta su vida privada, al incluir datos sensibles como diagnósticos, tratamientos, RUT, identidad de género y hospital tratante. Solicitó además que cualquier información eventualmente entregada fuera anonimizada y disociada.
El tribunal determinó que el recurso cumple con los requisitos formales para su tramitación, aunque rechazó la medida de no innovar que buscaba paralizar el oficio emitido por la Contraloría.
La Corte notificó al organismo fiscalizador y le ordenó presentar un informe justificando la necesidad de los datos solicitados para auditar el uso de recursos públicos.
La Contraloría había enviado originalmente su oficio en enero, exigiendo información detallada sobre las y los menores, pero el Ministerio de Salud se negó a entregar los datos, apelando a normas nacionales e internacionales de protección de la infancia. Ante la negativa, Pérez insistió en su solicitud, advirtiendo que podría aplicar sanciones si no se cumplía.
Desde noviembre de 2025, la CGR ha enviado de manera insistente tres oficios a los servicios de salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, solicitando dicha información.
Esta insistencia ha generado preocupación entre colectivos trans y gremios de la salud, quienes denuncian que la Contraloría apunta de forma específica a los menores participantes de estos programas, mientras que la Subsecretaría ha dejado claro que no entregará datos sensibles, amparándose en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en el Decreto Supremo N° 41 (2012), que protege la confidencialidad de las fichas clínicas.
A comienzos de enero, el organismo fiscalizador reiteró la solicitud, extendiéndola ahora a “todos los servicios de salud”, incluyendo detalles del arsenal farmacológico utilizado en terapia hormonal.
Esta medida ha sido cuestionada por los colectivos trans, quienes se preguntan por qué se exige un nivel de detalle tan específico solo a este programa y no a otros pacientes o programas de salud.
