En Chile se han cerrado 50% de las plantas termoeléctricas a carbón, como una señal de justicia ambiental, tanto para dejar de calentar el planeta, como para dejar de dañar la salud de aquellas comunas que albergan las plantas, conocidas con el controversial nombre de “zonas de sacrificio ambiental”.
Ahora, las fundaciones Greenpeace, Chile Sustentable y AIDA ingresaron una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por irregularidades en el proceso de cierre de termoeléctricas en Tocopilla, Mejillones, Coronel y la bahía de Quintero.
Vecinos y vecinas de estas zonas han denunciado por años que las plantas cierran pero dejan abandonada su mega infraestructura o sus pasivos ambientales, que siguen contaminando el territorio sin que exista información o medidas de mitigación para ese impacto latente.
Según la denuncia, de las 14 centrales a carbón retiradas a diciembre de 2025, siete no cuentan con un plan de cierre ni un permiso ambiental con condiciones claras, porque se instalaron antes de que existiera el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Estas unidades son: Tocopilla U-12, U-13, U-14, U-15 de Engie en Tocopilla; Ventanas 1 y 2 de AES-Andes en Quintero /Puchuncaví; y Bocamina 1 de Enel en Coronel.
Las otras 7 centrales que dejaron de operar entre 2019 y 2025 sí cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) donde se comprometen a ciertas medidas de operación y cierre. Pero las organizaciones argumentan que ninguna de ellas ha cumplido con los compromisos de presentar planes de cierre o ejecutar acciones de abandono, desmantelamiento y remediación, como lo establecen sus RCA.
Estas plantas son: Norgener 1 y 2 de AES-Andes en Tocopilla; las centrales Tarapacá en Iquique y Bocamina 2 en Coronel, ambas propiedad de ENEL; y las centrales Mejillones 1 y 2 e Infraestructura Energética Mejillones (IEM), las 3 propiedad de ENGIE en Mejillones.
En la denuncia, las organizaciones también recuerdan que a pesar de no tener un permiso ambiental con condiciones, las centrales que se instalaron antes que existiera el SEIA están afectas, y deben cumplir normas sectoriales, establecidas en el Código Sanitario y la Ley General de Urbanismo y Construcción entre otras, referidas a desmantelamiento, transporte y disposición final de desechos, infraestructura de agua para enfriamiento y remediación de suelos contaminados, entre otras.
Las organizaciones que denuncian han representado a comunidades de las distintas zonas en procesos legales para buscar justicia ambiental. En el texto ingresado ante la SMA, reclaman lo siguiente:
El incumplimiento de las empresas generadoras, de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental de siete centrales termoeléctricas a carbón que han cesado sus operaciones entre 2019 y 2025, específicamente en lo relativo a la presentación, ejecución y fiscalización de sus planes de cierre.
La omisión por parte de las empresas generadoras, de medidas de desmantelamiento, remediación y gestión de residuos comprometidas en las RCA, generando el riesgo de pasivos ambientales permanentes en los territorios históricamente afectados por la contaminación industrial.
La utilización por parte de las empresas generadoras, de mecanismos administrativos como las Consultas de Pertinencia, para modificar sustantivamente las condiciones de cierre de las centrales termoeléctricas, sin someter dichas modificaciones a evaluación ambiental, eludiendo el cumplimiento íntegro de las obligaciones ambientales vigentes.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran un incumplimiento sistemático de la normativa ambiental aplicable, afectando el derecho de las comunidades a un medio ambiente libre de contaminación y debilitando los objetivos de una transición energética justa en el país.
