La reciente promulgación de la nueva Ley de Convivencia Educativa en Chile abre un momento significativo para el sistema escolar. No solo porque actualiza normas y responsabilidades, sino porque reorienta el foco: pone el bienestar, el buen trato y la convivencia en el centro del proceso educativo. Que hoy se hable de convivencia educativa -y no solo escolar- es una señal potente para un país que comienza a comprender que convivir no es un problema a administrar, sino un aprendizaje fundamental para la vida en comunidad y democracia.
En diversos territorios del país, especialmente en contextos marcados por desigualdad y fragmentación social, esta ley ha sido recibida con esperanza. No como una solución automática ni como una receta cerrada, sino como una oportunidad para profundizar un cambio cultural que muchas comunidades educativas ya vienen explorando: pasar del control a la formación, del castigo a la reparación, de la sanción a la responsabilidad compartida.
Migrar de un paradigma que pone el foco en la falta y el castigo a otro que enfoca la oportunidad de aprender que trae todo conflicto. Esto se refuerza porque es en la escuela donde todo niño y niña debe aprender a convivir en comunidad, no existe un espacio mas privilegiado de encuentro entre cientos de estudiantes compartiendo el mismo espacio y tiempo.
Durante mucho tiempo se pensó que los problemas de convivencia en las escuelas se resolvían sumando especialistas, protocolos y reglamentos cada vez más detallados. Sin embargo, múltiples experiencias han mostrado algo distinto: la convivencia no mejora con mayor autoridad ni con fuerza punitiva, sino cuando disminuye la violencia basal del sistema. Es decir, cuando cambian las lógicas que organizan el vínculo cotidiano y promueven espacios protectores.
Cuando una escuela deja de operar desde la sospecha permanente, desde la amenaza del castigo y desde la exigencia de una normalidad estándar, el clima cambia. Reemplazar progresivamente los castigos por procesos de reparación permite avanzar hacia el desarrollo de la empatía, la conciencia comunitaria y la responsabilización de los propios actos.
En ese tránsito emerge una idea que puede resultar orientadora: la hospitalidad nómada. No se trata de tolerancia ni de mera inclusión entendida como adaptación del otro a lo que ya existe. La hospitalidad nómada implica algo más exigente: la disposición a transformarse en el encuentro con estudiantes singulares, con historias, cuerpos, ritmos y necesidades diversas. Hospedar, en este sentido, es abrir espacio y, al mismo tiempo, aceptar que ese espacio se modificará.
Al igual que ciertas culturas del desierto que practican una hospitalidad incondicional, se trata de recibir no desde la sospecha, sino desde el cuidado. En el ámbito educativo, esto se traduce en una práctica cotidiana que se expresa en pequeños gestos: en cómo se escucha, en cómo se interviene en un conflicto, en cómo se cuida la palabra y el tono, en cómo se actúa con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Son esos gestos los que permiten que niños, niñas y jóvenes encuentren sentido al llamado a convertirse en protagonistas de nuevas formas de convivencia. El ejemplo, más que la sanción, se transforma en la vía principal de transmisión ética.
Esto no significa que no existan reglas. Las hay, y deben ser respetadas. Pero cuando el aprendizaje surge de la coherencia y no del miedo, las normas dejan de ser instrumentos de control para convertirse en acuerdos vivos que se interpretan a la luz de las experiencias concretas y del impacto que los actos tienen en la comunidad.
En este marco cobra relevancia la noción de campo. El buen convivir no se explica únicamente por un reglamento bien escrito ni por un manual de procedimientos. Se explica por un campo que emerge de prácticas sostenidas de buen trato, cuidado, diálogo y reparación. Un campo vivo, que no se ve pero se siente, y que es construido cotidianamente por quienes habitan la comunidad educativa.
Desde esta perspectiva, la convivencia puede entenderse también como una forma de jurisprudencia restaurativa. No porque la escuela funcione como un tribunal, sino porque cada conflicto se aborda como una oportunidad para reflexionar éticamente, dialogar, reparar y aprender. Más que la aplicación automática de reglamentos universales, importa la práctica situada, sensible al contexto y a las relaciones concretas.
Cuando el conflicto se reduce a un problema entre un agresor y una víctima, se privatiza y se empobrece la experiencia educativa. En cambio, cuando se comprende como una afectación al tejido comunitario, la respuesta deja de ser punitiva y se vuelve formativa. La comunidad entera aprende a cuidarse.
En un mundo cada vez más fragmentado, donde sostener la vida en común se vuelve un desafío complejo, la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde es posible ensayar otras formas de convivir. No desde la imposición, sino desde la hospitalidad. No desde el control, sino desde la responsabilidad compartida.
Por eso resulta relevante que desde la política pública se reconozca hoy la convivencia como un eje educativo central. La nueva ley no viene a reemplazar lo que las comunidades ya hacen, sino -idealmente- a respaldar, fortalecer y proyectar prácticas que han demostrado que otro modo de convivir es posible.
Tal vez el mayor desafío que se abre ahora no sea solo implementar una normativa, sino atrevernos a vivirla pedagógicamente. Comprender que cuando una escuela se anima a hospedar de verdad, la convivencia deja de ser un problema que se gestiona y se convierte en un aprendizaje profundo. Y ese aprendizaje es, hoy más que nunca, una tarea compartida entre la escuela, la comunidad y la sociedad en su conjunto.
