La situación se originó cuando el concejal de Puerto Varas se ausentó de sesiones del Concejo Municipal para participar en una gira de canto en el norte del país.
En esos días, el edil presentó un certificado médico que daba cuenta de una “faringobronquitis”, documento que le permitió justificar su inasistencia y evitar descuentos en su dieta, recibiendo de manera íntegra un bono cercano a los 300 mil pesos.
El cuestionamiento no estuvo puesto en la gira artística ni en la ausencia a las sesiones, sino en el uso de ese certificado médico para mantener el pago completo de su asignación mensual, pese a que el diagnóstico fue considerado incompatible con las actividades que desarrolló fuera de la comuna.
A partir de estos hechos, se abrió una revisión administrativa que derivó en una auditoría de la Contraloría.
En su informe, el organismo no solo analizó la justificación presentada, sino que también recomendó remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional de Los Lagos.
Esa recomendación dio paso a un requerimiento de destitución que fue acogido a trámite y que actualmente se encuentra en desarrollo ante esa instancia, en paralelo a otras indagatorias.
En el ámbito penal, el abogado Carlos Baraona presentó una querella por el delito de fraude de subvenciones, la que fue declarada admisible.
En ese contexto, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas fijó para el próximo 29 de abril la audiencia de formalización, instancia en la que el Ministerio Público comunicará formalmente los cargos que se investigan.
Según el querellante, la conducta atribuida al concejal reviste especial gravedad, ya que, a su juicio, se habría obtenido un beneficio económico mediante el uso de un certificado médico que no se condice con los hechos.
La defensa del edil, encabezada por el abogado Enrique Cárdenas, ha sostenido públicamente la inocencia de su representado.
Desde esa vereda se afirma que el concejal cumplió con el descanso indicado y que la normativa permite justificar inasistencias mediante certificados médicos, recordando además que basta asistir a un número acotado de sesiones de comisión para acceder al pago íntegro de la dieta.
Mientras tanto, continúan en curso tanto la investigación penal como el procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional, donde concejales de la comuna solicitan su destitución por estos mismos antecedentes.
Este caso se suma a una controversia previa que involucró al mismo concejal, relacionada con el uso de una oficina arrendada por el municipio para el ejercicio de sus funciones.
En esa oportunidad, una extrabajadora declaró que el espacio habría sido utilizado también como lugar de residencia junto a su pareja, situación que generó cuestionamientos públicos y que volvió a instalar dudas sobre el uso de recursos asociados al cargo.
