Colapso de la merluza: Critican que gobierno no logró revertir crisis de recurso clave para pesca artesanal e industrial

Pescadores artesanales que históricamente se han dedicado a pescar merluza común, conocida tradicionalmente como “pescá”, cada vez tienen que navegar más lejos, encontrando redes más vacías y peces más pequeños. La merluza común lleva más de una década sobreexplotada en Chile.

A pesar del diagnóstico claro y de las constantes alertas científicas, desde la ONG Oceana Chile y desde gremios y sindicatos pesqueros critican que durante el gobierno de Gabriel Boric no se han tomado medidas efectivas para revertir esta crisis que vive uno de los principales recursos pesqueros del país.

A fines de 2025, el Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales Centro Sur concluyó que la merluza sigue presentando señales negativas y un descenso en los tamaños de captura aumentando la proporción de peces menos largas que la referencia. Para ello determinaron que la cuota total de captura de merluza común para 2026 se reduzca en 15%.

“Cuatro años y retrocedimos. Este gobierno inició con una cuota de 40 mil toneladas y nos deja con un máximo de 29 mil toneladas. En cuatro años retrocedimos en un 27,5% aproximadamente”, indicó César Astete, director de las campañas de pesca de Oceana en Chile. “Advertimos que se podían tomar medidas administrativas considerando la urgencia de la situación de la merluza común. Sin embargo, no hubo respuesta”, acusó.

Pesca artesanal e industrial

“Las decisiones sobre la merluza común de la Subsecretaría de Pesca han sido para favorecer a un sector y no para recuperar la especie. Es la institucionalidad la principal culpable de esta crisis, lo cual ha trascendido a distintos gobiernos”, declara Omar Méndez, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Cocholgüe en la región de Biobío. “Tampoco se entiende que la inversión que se hace en ciencia no genere resultados. Hay más de tres décadas de estudios y el recurso va cada vez más en decadencia”, agregó.

Desde Pacific Blu, empresa líder en la pesca industrial de Talcahuano que depende en gran medida de la merluza, también levantan alertas sobre la viabilidad de su actividad para 2026 y apuntan a que el Ejecutivo se enfocó por tres años en discusiones regulatorias, en vez de tomar medidas para recuperar la merluza común.

2026 será el primer año donde rigen las nuevas cuotas de la Ley de Fraccionamiento, que será de 45% para el sector artesanal y 55% para el industrial.

Uno de los puntos álgidos de disputa al tramitar la ley fue la situación de crisis de la merluza y el llamado desde el sector artesanal a disminuir la cuota industrial por el impacto de la pesca de arrastre.

Este mecanismo consiste en arrastrar grandes redes al ras del fondo marino, llevándose en ellas todo lo que se encuentra. Ha sido señalada a escala global como una práctica que daña los ecosistemas marinos y compromete la sostenibilidad de la pesca hacia el futuro.

Recuperar la merluza

Desde Oceana recuerdan que junto con sindicatos de pescadores artesanales elaboraron una propuesta con cinco medidas para recuperar la merluza, las cuales tampoco fueron adoptadas por el gobierno. Las medidas son:

1) Extender la veda reproductiva: Actualmente la merluza entra en veda cada septiembre. Sin embargo, pescadores buscan que se extienda para fortalecer la protección del recurso, medida respaldada por pescadores, académicos y organizaciones sociales.

2) Congelar la huella de arrastre: Se busca impedir que la flota industrial amplíe sus operaciones de pesca de arrastre a zonas no impactadas previamente.

3) Proteger los caladeros artesanales: La baja disponibilidad de merluza en zonas tradicionales se atribuye a la interacción con la industria de arrastre. La propuesta plantea resguardar estos caladeros como espacios exclusivos para la pesca artesanal.

4) Combatir la pesca ilegal: Se sugiere fortalecer la fiscalización en toda la cadena de valor —desde la captura hasta la comercialización— mediante tecnología y análisis de datos que permitan un control más eficiente por parte del Estado.

5) Certificar la pesca en origen: Basado en lo establecido por la ley de fraccionamiento, se busca que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) defina una estrategia para certificar flotas según zona, riesgo o punto de desembarque, garantizando trazabilidad y sustentabilidad.