La protesta social como recurso democrático: Lo que nos quiso decir octubre

Desde hace unas semanas el Partido Comunista de Chile ha estado moviendo el tema de la movilización social en una coyuntura evidentemente adversa a la izquierda. En un momento, el máximo dirigente de esa colectividad llamó a erigir “hitos de movilización” para defender los derechos sociales.

De inmediato llegó una reacción muy fuerte desde todos los rincones de la derecha, y, sintomáticamente, lo hizo denunciando el retorno del “octubrismo”.  Un término que alude a las jornadas de protesta de octubre de 2019, y que ha devenido un ideologema que cualifica lo negativo e incorrecto en la política nacional. En consecuencia, el octubrismo –parangonado como violento, anárquico y depravado- resulta la negación misma del sistema democrático y de sus virtudes.

Es natural que la derecha chilena haya reaccionado de esta manera. Siempre lo hace, mostrándonos en cada momento la inestimable carencia de una derecha política liberal en Chile. Lo curioso –es una manera de decirlo- es que también los políticos de la llamada centro izquierda se hayan rasgado las vestiduras invocando la paz social y a los mecanismos institucionales (que ellos controlan) como los legítimos y pertinentes para la acción política.

Un legislador, particularmente locuaz, se apresuró a mencionar la palabra sagrada –octubrismo- y a denunciar cualquier alianza futura que no se avenga con la visión moderada de su sector político. Todo ello es una muestra fehaciente de la peor de las derrotas que ha sufrido la izquierda: la derrota cultural e ideológica que implica la negación de su propia razón de existencia.

En la política chilena, octubre de 2019 es huérfano, y de ahí la suerte lexical del “octubrismo”. Pero en realidad, no hubo un octubre, sino varios. Hubo uno, estridente, reportado cada minuto por una prensa parcializada, que efectivamente destruyó estaciones del metro, quemó iglesias y apedreó comercios.

Fue una suerte de violencia turbulenta, una ira sin norte, que pretendía responder a la violencia cotidiana de un sistema desigual en que el 1% de los chilenos se queda con casi todo y cuando delinquen no van a la cárcel. Pero también a otra violencia factual, la de los cuerpos de seguridad, de cuyos excesos represivos en aquellos momentos han dejado constancia múltiples dictámenes especializados.

Fue una violencia dañina, sin lugar a dudas. Debió evitarse. Pero octubre de 2019 fue mucho más que eso. Diría que algo más importante que eso. Fue cientos de miles de personas de sectores diferentes marchando pacíficamente y reclamando sus derechos a tener un lugar bajo el sol. Fue un golpe duro a la misoginia, a la homofobia y a la discriminación en general. Fueron debates públicos, música en las calles y el anhelo de una nueva constitución que rebasara para siempre el orden heredado del pinochetismo. Este otro octubre fue el que votó por Boric en 2021, y fue el 42% que, en una verdadera proeza política, Jara logró capitalizar hace solo unos días.

Pero este octubre queda -en el discurso dominante al que sectores de la izquierda se somete- ocultado por el primero, desdibujado en el ideologema del octubrismo pecaminoso, y con ello, se legitima la sospecha contra todo anhelo de participación popular y ciudadana que rebase el estricto conteo electoral, las querellas parlamentarias y las declaraciones partidistas.

Las ideologías tienen terror al vacío. Por eso, al mismo tiempo que la izquierda retrocede y se anatematiza el derecho a la protesta social, la derecha extiende su manto piadoso al pinochetismo (en realidad nunca ha renunciado a él) y se vuelve a levantar la idea de que el golpe militar, la brutal represión, el asesinato de millares de personas, el destierro de decenas de miles, la extirpación de un tejido social solidario y la destrucción de la institucionalidad democrática, fueron males menores.

Se trata de una marea negacionista que implica el coqueteo con la idea de perdonar a los infames reos de Punta Peuco, pero sobre todo, lo que en realidad más importa, apunta a la liquidación de muchas de las conquistas sociales y culturales que fueron conseguidas mediante intensas luchas sociales y que hoy hacen a la sociedad chilena un lugar mejor. Existe una amenaza autoritaria real que requerirá el compromiso y la astucia de nuestros políticos de la izquierda, pero, de igual manera, las energías sociales e intelectuales comprometidas con la democracia.

Reclamar el derecho a la acción social en las actuales condiciones no es negar el rol de la institucionalidad formal de la que los partidos y los mecanismos de representación partes son vitales. Tampoco reclamar el derecho a las protestas es una incitación “violentista”, sino una obligación democrática. La incitación violentista es anunciar el recorte de los programas sociales, comprometer mas el medio ambiente, confiscar derechos sociales, calificar un gobierno como de “emergencia” cuando no hay razones para ello y coquetear con la idea de un ejercicio de gobernabilidad por decretos.

La protesta es un recurso legítimo para proteger la democracia. No implica violencia en sí misma, pero sí un compromiso ineludible con la libertad y los derechos de las personas, que, como afirmaba Ramsey Clark, son derechos, sencillamente, porque nadie nos lo puede quitar.