Un reajuste urgente para un futuro de incertidumbre

Ese avance demuestra que, cuando hay voluntad, es posible responder con responsabilidad a las urgencias de las y los trabajadores. Nuestra expectativa es que este proyecto pueda quedar despachado el día lunes, y en ese objetivo vamos a trabajar con toda la fuerza necesaria, porque lo que está en juego no es un trámite legislativo, sino las condiciones laborales y la certidumbre de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público.

Las y los trabajadores del sector público no son una variable de ajuste. Son quienes mantienen en pie al Estado incluso en los momentos más difíciles, garantizando derechos, servicios y políticas públicas cuando otros solo hablan de cifras y balances. Son enfermeras, TENS, policías, carabineros, doctores, profesoras, profesores y tantos más.

Tengo que decirlo con responsabilidad, este reajuste probablemente no es el que esperaban las y los trabajadores. Las demandas de las y los trabajadores son legítimas y responden al alza del costo de la vida y a años de sobrecarga laboral. Sin embargo, frente a ese escenario, nuestra responsabilidad es asegurar certidumbre, estabilidad y reglas claras, especialmente cuando ya se anuncian retrocesos en derechos sociales bajo el argumento de la “austeridad”.

Las manifestaciones del sector público incomodan a quienes prefieren un Estado débil y precarizado, pero fortalecen la democracia. Escucharlas y actuar en consecuencia es parte del deber político. Defender este reajuste es también defender la continuidad de los servicios públicos y el respeto por quienes los sostienen.

Seguiremos defendiendo cada espacio y cada derecho, porque el reajuste del sector público no es un privilegio, es una condición mínima de dignidad laboral y una señal clara de qué lado estamos cuando toca decidir.