Un reajuste urgente para un futuro de incertidumbre
El debate sobre el reajuste del sector público se da en un contexto de incertidumbre que no es casual ni neutro. Sabemos que se viene un inminente cambio de gobierno, y con él, inseguridad sobre cómo el futuro presidente va a disminuir los USD $6.000 millones comprometidos del presupuesto.
Hay sectores que, una vez más, intentan instalar la idea de que los derechos laborales son un problema y no una condición básica para el funcionamiento del Estado.
Esa mirada, promovida históricamente por la derecha, vuelve a aparecer con fuerza: fragmentar el proyecto, dilatar su tramitación o reducirlo a un mero cálculo fiscal es una forma encubierta de debilitar a quienes trabajan en el Estado, a las y los funcionarios que hacen posible que los derechos sociales no se queden en el papel, sino que lleguen efectivamente a las personas a través de la salud, la educación, la protección social y los servicios públicos en todo el país.
En lo concreto, ya hemos avanzado. El proyecto fue aprobado en general y se han despachado un poco más de quince artículos correspondientes a las materias que consignaban mayor acuerdo entre las y los integrantes de la comisión, varios de ellos derivados de acuerdos tomados en la Ley de Presupuestos.
Ese avance demuestra que, cuando hay voluntad, es posible responder con responsabilidad a las urgencias de las y los trabajadores. Nuestra expectativa es que este proyecto pueda quedar despachado el día lunes, y en ese objetivo vamos a trabajar con toda la fuerza necesaria, porque lo que está en juego no es un trámite legislativo, sino las condiciones laborales y la certidumbre de miles de trabajadoras y trabajadores del sector público.
Las y los trabajadores del sector público no son una variable de ajuste. Son quienes mantienen en pie al Estado incluso en los momentos más difíciles, garantizando derechos, servicios y políticas públicas cuando otros solo hablan de cifras y balances. Son enfermeras, TENS, policías, carabineros, doctores, profesoras, profesores y tantos más.
Tengo que decirlo con responsabilidad, este reajuste probablemente no es el que esperaban las y los trabajadores. Las demandas de las y los trabajadores son legítimas y responden al alza del costo de la vida y a años de sobrecarga laboral. Sin embargo, frente a ese escenario, nuestra responsabilidad es asegurar certidumbre, estabilidad y reglas claras, especialmente cuando ya se anuncian retrocesos en derechos sociales bajo el argumento de la “austeridad”.
Las manifestaciones del sector público incomodan a quienes prefieren un Estado débil y precarizado, pero fortalecen la democracia. Escucharlas y actuar en consecuencia es parte del deber político. Defender este reajuste es también defender la continuidad de los servicios públicos y el respeto por quienes los sostienen.
Seguiremos defendiendo cada espacio y cada derecho, porque el reajuste del sector público no es un privilegio, es una condición mínima de dignidad laboral y una señal clara de qué lado estamos cuando toca decidir.
