Sobre el patronato presidencial y la defensa de la Universidad de Chile
Con la reciente elección de José Antonio Kast como Presidente de la República y, por mandato legal, Patrono de la Universidad de Chile, se vuelve indispensable reafirmar con claridad los principios que orientan a nuestra institución y los límites democráticos que el ejercicio del patronato debe respetar.
Por ley y por tradición republicana, la Presidencia de la República ejerce el patronato de la Universidad de Chile. Se trata de una figura de origen premoderno, con rasgos de tutela y jerarquía propios de estructuras históricamente superadas, que la Universidad ha resignificado a lo largo del tiempo bajo parámetros democráticos.
En la actualidad, el patronato no implica subordinación ni control, sino una responsabilidad pública: resguardar la educación estatal, proteger los derechos sociales y garantizar la libertad de pensamiento, la laicidad y la dignidad humana.
La llegada del Presidente electo, José Antonio Kast plantea desafíos que no pueden ser soslayados. Su proyecto político resulta incompatible con el tipo de patronato que requiere una universidad estatal, democrática y laica.
Tanto por su orientación ideológica como por su forma de ejercer el poder, su presidencia abre el riesgo de un ejercicio del patronato de carácter autoritario, marcado por presiones de subordinación ideológica que se alejan de una conducción republicana de lo público y se aproximan a lógicas de matriz abiertamente autoritaria.
La Universidad de Chile sostiene que la educación es un bien público y un derecho social fundamental, inseparable de un Estado capaz de garantizar igualdad, justicia y derechos. Promueve la igualdad de género, la libertad de conciencia, el pluralismo intelectual, la inclusión y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estas convicciones constituyen el núcleo de su misión histórica.
Las posiciones del Presidente Kast chocan frontalmente con esta misión. Sus vínculos con sectores de la ultraderecha global, donde convergen discursos anti-derechos, anti-género y explícitamente autoritarios, tensionan de manera directa los principios que sostienen a la educación pública y a la universidad estatal.
Cuando el ejercicio del poder se distancia de la democracia, la Universidad tiene el deber de marcar límites. No por antagonismo político, sino por responsabilidad histórica y compromiso con el pueblo de Chile. La experiencia chilena y latinoamericana demuestra que las universidades públicas suelen ser de los primeros espacios en ser tensionados cuando se busca debilitar el pluralismo, erosionar derechos y reescribir la memoria. Como comunidad universitaria, conocemos bien ese camino: ya lo vivimos bajo dictadura.
Cualquier intento de interferencia en la autonomía universitaria o de subordinación de lo público a un proyecto autoritario encontrará a una comunidad organizada, consciente de su historia y dispuesta a defenderla. Esta no es una reacción coyuntural ni una resistencia meramente simbólica, sino una definición política y ética de largo aliento.
La Universidad de Chile y su comunidad no serán tuteladas por proyectos que relativizan la dignidad humana, niegan la historia o conciben el orden como imposición. Nuestra lealtad no es con una autoridad circunstancial, sino con la democracia, los derechos humanos y el derecho de las generaciones futuras a pensar libremente. Ese es el límite. Y también es nuestra responsabilidad.
