El compromiso del gobierno con los DDHH se pone a prueba con la expropiación de la ex Colonia Dignidad
El gobierno del presidente Boric enfrenta un importante desafío en lo que resta de su mandato en materia de derechos humanos. Se trata de la materialización de la expropiación de inmuebles emblemáticos de la actual Villa Baviera, ex Colonia Dignidad, para el establecimiento en ellos de un sitio de memoria.
Se trata de una medida a la que él presidente, personalmente, lo mismo que sus ministros, comprometieron al país y a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas entre los años sesenta y noventa del siglo pasado.
En efecto, luego de anunciar esta medida en su cuenta pública el 1 de junio de este año, el 7 de julio pasado el Ministro de Vivienda y Urbanismo dictó un decreto que aprobó un programa de expropiación de un conjunto de inmuebles que forman parte de la Villa Baviera, por un total de 117,27 hectáreas.
El decreto incluyó seis polígonos del área urbana de la Villa donde se encuentran los sitios ligados a la represión durante la dictadura militar, la casa de Paul Schäfer, el lugar de reuniones, el restauran, el hospital, y los espacios donde se realizaron inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada, varios de los cuales habían sido declarados por el Ministerio de Educación como Monumento Histórico el 2016.
La expropiación se fundamenta en tratados internacionales ratificados por Chile que establecen la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la tortura, así como de reparar integralmente a las víctimas, incluyendo medidas de satisfacción, como lo son los sitios de memoria.
Pues bien, por motivos que se desconocen, trascurrieron cuatro meses, hasta noviembre pasado, para que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo designara a la comisión de peritos tasadores que de acuerdo a la ley debe determinar el monto de la indemnización a pagar por los lotes a ser expropiados.
Como podría haber sido previsto por dicho Ministerio, dada la reiterada oposición pública que colonos hasta hoy residentes en la ex Colonia han manifestado a la expropiación, la diligencia de tasación material al interior de dicha propiedad prevista para el 26 de noviembre, no pudo llevarse a efecto. Dichos colonos argumentaron que los funcionarios del Ministerio y los tasadores no tenían autorización de su directorio para ingresar a los predios de la ex Colonia para realizar esta diligencia.
Ello determinó la interposición por parte de los peritos tasadores de una solicitud al Juzgado de Letras de Parral a fin de obtener el auxilio de la fuerza pública para poder ingresar a la ex Colonia y llevar a cabo el procedimiento legal de tasación de los inmuebles a ser expropiados, solicitud que fue acogida por dicho tribunal, el cual estableció un plazo de 30 días a contar del 4 de diciembre para llevar a cabo dicha diligencia.
Tanto la demora en el procedimiento de tasación impulsado por el Ministerio para la materialización de esta expropiación, como su falta de trasparencia, incluyendo la incertidumbre en relación a los inmuebles considerados para estos efectos (en la solicitud de auxilio a la fuerza pública presentada a la justicia se identifican los inmuebles a ser tasados por poco más de la mitad de las 117, 27 hectáreas consignadas en el decreto ministerial), han sido criticadas por las agrupaciones de derechos humanos que promueven el establecimiento de un sitio de memoria en la ex Colonia.
A menos de tres meses de terminar el gobierno del presidente Boric, su administración debe demostrar en este caso su compromiso efectivo con los derechos humanos. La frustrada experiencia de la prometida adquisición de las viviendas de los ex presidentes Aylwin y Allende, dejó un sabor amargo. En ambos casos, ya sea por inexperiencia, ineficacia o falta de voluntad, el gobierno incumplió su palabra, frustrando la posibilidad de honrar la memoria democrática de Chile representada por los dos ex presidentes.
Esperamos que en este caso no ocurra lo mismo, y que el gobierno cumpla el compromiso adquirido en esta materia, materializando en el breve tiempo que le resta la expropiación de los sitios emblemáticos de la ex Colonia, haciendo posible la creación de un sitio de memoria en la ex Colonia. Ello a fin de que los horribles crímenes allí cometidos pueden ser conocidos por la población, contribuyendo así a evitar su repetición a futuro.
El cumplimiento de este compromiso adquiere mayor relevancia teniendo la certeza de que el presidente electo no perseverará en la expropiación, y menos en la creación de un sitio de memoria en la ex Colonia. Ello no solo por su voluntad de reducir drásticamente el gasto fiscal, sino también por su adhesión a la dictadura, régimen con el cual la ex Colonia, y sus jerarcas tuvieron gran cercanía, tanto así que convirtieron sus propiedades en centro de detención, tortura y desaparición de sus opositores. No es casualidad que los colonos que hoy residen allí celebraron con banderas y pancartas la victoria de Kast en las últimas elecciones presidenciales.
