Maisa Rojas: “Ambientalmente Chile está mejor que hace 4 años porque incluimos la naturaleza en las decisiones de Estado”

En entrevista con El Desconcierto, la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas revisa los cuatro años de gobierno en materia ambiental, respondiendo a puntos que han generado duras críticas del ambientalismo, como la presencia de salmoneras en áreas protegidas, la ley de permisos sectoriales o el debate sobre los sitios prioritarios de conservación.

Uno de los primeros hitos de este gobierno fue la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. Terminando el gobierno, la ONG Escazú Ahora hizo una revisión concluyendo que siete de las diez medidas comprometidas para aplicar este acuerdo en Chile aún no se cumplen. ¿Qué hizo el ministerio en este aspecto y qué quedó por hacer? 

Adherir al Acuerdo de Escazú fue parte del programa de gobierno y fue la primera ley que el presidente ingresó. Su adhesión se aprobó en el Congreso en un tiempo rápido y formalmente somos parte del acuerdo desde septiembre de 2022. Luego de eso se desarrolló el plan participativo para implementar el tratado. Esto se aprobó en La Moneda en abril de 2024 y ahora está en completa implementación. Se creó la gobernanza del acuerdo que lanzamos hace una semana en La Moneda y creo que este proceso es un gran logro y muestra de cómo se implementa y se está implementando un tratado nuevo. Hay 29 instituciones públicas comprometidas con 270 acciones y según nuestro plan de seguimiento tenemos 70% de estas medidas ejecutadas o en desarrollo. Estoy muy contenta de cómo ha funcionado esto y sobre todo de la nueva gobernanza del acuerdo que empezó a operar ya a nivel nacional con un consejo que ya sesionó por primera vez.

Cambio climático y negacionismo

En estos cuatro años se vivieron cuatro cumbres por el clima de la ONU; una de ellas en Latinoamérica. ¿Cuál es su balance sobre los avances que se han hecho en Chile para mitigar y adaptarse a la crisis climática?

Al igual que todos los años, Chile tuvo una presencia muy destacada en la COP 30 en Brasil, porque el país tiene una política de Estado basada en la ciencia para enfrentar el cambio climático. Considerando la coyuntura actual, tenemos una fuerte ofensiva contra el negacionismo climático. Esa ofensiva viene desde el presidente y se manifiesta en su discurso en la ONU al decir que negar la crisis climática no es una opinión sino una mentira. Yo como ministra y como científica reafirmo que la ciencia ha sido clara, que el calentamiento de la atmósfera y del océano están causados por actividades humanas y que es una obligación y una responsabilidad de los estados asegurar que todas sus políticas incluyan esta visión. Chile tiene una ley que hace vinculantes a nivel nacional nuestros compromisos climáticos y con ese ejemplo hemos participado en todas las COP. 

Desde el sector del presidente electo José Antonio Kast se han emitido declaraciones que niegan o minimizan la crisis climática y las menciones sobre esto en el programa de gobierno eran escasas. ¿Cómo se puede proyectar la acción climática en Chile desde el próximo gobierno? 

En Chile, las políticas ambientales en general pero la del cambio climático en particular, se basan en la ciencia y el negacionismo es inaceptable. Promueve la ignorancia y afecta la democracia. Pero yo estoy segura de que en Chile hay poco espacio para ello porque tenemos una ley aprobada por amplia mayoría en el parlamento (la Ley Marco de Cambio Climático), se está implementando y su implementación le trae prosperidad y bienestar al país. La acción contra el cambio climático es una política de Estado que debe continuar. 

Una de las situaciones que despiertan más críticas desde el ambientalismo es la presencia de salmoneras dentro de áreas protegidas. Un informe reciente muestra que esta actividad está creciendo más aceleradamente dentro de mares protegidos que fuera de ellos. ¿Qué solución ve para este problema y cuáles son las dificultades de esta gestión? 

Lo primero que hay que reconocer es que Chile heredó un problema estructural con cientos de concesiones aprobadas hace décadas al interior o colindando con áreas protegidas. Esto se aprobó en un contexto de una regulación más laxa que la actual y resolver ese pasivo ambiental va a requerir su tiempo y no depende solo del Ministerio de Medio Ambiente. Pero estamos hoy día en una mejor posición porque contamos con una nueva institucionalidad. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que entra en funcionamiento en febrero con estándares más altos. Enfrentar la situación de las salmoneras requiere de una articulación interministerial que debe continuar, por ejemplo para los procesos de relocalización. Pero hay un camino por recorrer, la dirección es inequívoca y este gobierno empezó a traducir esto en cambios reales y no solo anuncios. Tanto el SBAP como la Ley Marco de Cambio Climático obligan al sector pesquero y acuícola a elaborar planes de adaptación al cambio climático e incorporar esta variante en el futuro de la industria. Y es fundamental que esta industria que genera tanto empleo y es tan relevante para el país, se adapte al cambio climático.

Institucionalidad, "permisología" y sitios prioritarios

Durante este gobierno se aprobaron grandes cambios a la institucionalidad ambiental, con la creación del SBAP y del Sernafor que reemplaza a Conaf en el combate de incendios. ¿Cuál cree que será el aporte de estos nuevos servicios? 

Uno de los grandes legados ambientales de este gobierno es que después de 13 años de discusión en el Congreso se aprobó el SBAP. Chile va a contar a partir de ahora y por primera vez con un servicio público encargado de la naturaleza. Por eso decimos que ahora la naturaleza tiene ley. El Sernafor también logra que sea un servicio público el que se encargue de los incendios forestales.Esta es la institucionalidad ambiental completa. Diseñamos una institucionalidad ambiental en 2010 como una mesa con cuatro patas y tenía solo tres. Ahora la completamos y eso le va a dar herramientas concretas al país para enfrentar la pérdida de biodiversidad y los incendios. Recordemos que la crisis climática tiene un impacto en la severidad y frecuencia de los incendios. Tener un servicio público que se pueda adelantar y hacer cargo de eso de forma concreta va a ser fundamental. 

La declaración de los sitios prioritarios para la conservación generó polémica este año, ya que se reconocieron muchos menos que los que se esperaban. Aún así, los gremios empresariales también levantaron la voz en contra de los sitios que se declararon. ¿Se redujo la cantidad de sitios prioritarios declarados para no afectar actividades productivas? 

Los sitios prioritarios son sitios que existen en el país y que se  identificaron a comienzos de los 2000 como zonas donde hay valor ecológico. Lo que nos mandató la ley era ordenar ese trabajo y reconocer sitios, para lo que se hizo una consulta pública hace unos meses, y se priorizaron 99 sitios. Pero los cerca de 350 que eran parte de la estrategia hoy se encuentran ordenados en un expediente con sus detalles, por lo que no se ha perdido ninguno. Tras más de 20 años de desarrollo del país había que ordenar ese trabajo, priorizarlo y dejarlo en un expediente público digital. Ahora le tocará al SBAP, con los nuevos instrumentos que le da la ley como la planificación ecológica, considerar esos sitios priortarios para asegurar que esa naturaleza de valor se resguarde y nos siga entregando los servicios ecosistémicos que ya nos entrega y que son tan importantes ante la crisis climática.

Organizaciones ambientales de todo tamaño y alcance han criticado duramente la ley de permisos sectriales y el proyecto de reforma al SEIA porque ven un retroceso ambiental por ejemplo en el uso de declaraciones juradas o en las disposiciones sobre el silencio administrativo. ¿Se puede garantizar que estos cambios normativos no reducirán los estándares ambientales? 

Yo creo que hay un diagnóstico claro de que el país avanzó en cuanto a permisos sectoriales. Yo quisiera volver un paso atrás y decir que los permisos existen para asegurar por ejemplo que los edificios no se caigan tras un terremoto. O que no nos vamos a enfermar si comemos algo que compramos en un negocio establecido. Los permisos son muy valiosos, pero lo que no existía hasta ahora con estos más de 380 premios era una ventanilla única y eso es lo que hace la ley de permisos sectoriales. Es una modernización del Estado significativa y ahora está elaborándose su reglamento. Yo espero que esta modernización traiga más eficacia al Estado sin ningún retroceso por la importancia que tienen los permisos en sí. 

Se ha instalado en el país un discurso que apunta a la evaluación ambiental de proyectos como un obstáculo muchas veces injustificado al crecimiento económico del país. Pero los datos del SEIA muestran que este año se aprobó un monto de inversión récord en evaluación ambiental. ¿Hay realmente un estancamiento de la inversión atribuible a la burocracia en la evaluación ambiental? 

Quiero ser muy clara en esto. El mundo y Chile están viviendo una triple crisis ambiental que se manifiesta con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El cuidado del medio ambiente es una condición del desarrollo. La Ley Marco de Cambio Climático pone esta crisis ambiental y climática en el centro del desarrollo del país. Chile ha entendido que su desarrollo tiene que incluir esta mirada ambiental y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es una pieza fundamental para materializar eso. Efectivamente el servicio está funcionando porque está permitiendo incorporar regulaciones ambientales en las inversiones para asegurar la prosperidad del país y lo está haciendo con una eficiencia importante, como lo muestran los datos sobre inversión aprobada. El servicio ha funcionado bien en esto y lo ha hecho dentro de plazos adecuados, a pesar de las críticas que existen. Cuando un proyecto ingresa al SEIA con un buen estudio y buenos datos, la evaluación ambiental fluye. Me gustaría destacar por ejemplo al proyecto de carretera eléctrica Kimal Lo Aguirre, que es un proyecto muy complejo y el más grande que haya evaluado el SEIA porque cruza cinco regiones y más de 30 comunas para que la energía renovable del norte llegue al centro del país. Ese proyecto fue evaluado y en dos años obtuvo su permiso ambiental. Esto demuestra que con un buen proyecto presentado la evaluación fluye. 

Comunidades que sufren el impacto ambiental

Hay una estrategia del litio que ha avanzado en concretar contratos para la extracción de este mineral, pero también tiene disposiciones para proteger salares y para estudiar cómo la extracción impacta el régimen hidrológico de estos ecosistemas. ¿Cómo se ha avanzado en los esfuerzos de conocimiento y protección? 

La estrategia nacional del litio es tremendamente innovadora e inédita porque es una estrategia esencialmente productiva que tiene como objetivo principalextraer y exportar más litio. Pero demuestra que el cuidado ambiental y el crecimiento económico no son contrapuestos sino que van de la mano. Esta estrategia representa el sello que lega este gobierno, de poner lo ambiental y ecológico en el centro de las decisiones de Estado. La estrategia incluye una red de 26 salares y lagunas altoandinas protegidas, lo que representa 30% de la superficie salar del país que queda bajo protección. Esto responde al compromiso internacional de proteger 30% de todos los ecosistemas representativos a 2030. El hecho de que un tercio de los salares vayan a protección es lo que hace viable la estrategia de extracción. En noviembre se aprobó en el Consejo de Ministros la primera tanda con seis salares de Atacama y estamos terminando las últimas consultas indígenas en Antofagasta para que tambíen se vote la protección de salares de esta región en el consejo. 

Una de las preocupaciones de comunidades atacameñas es sobre el impacto que tiene la extracción de litio en la disponibilidad de agua para sus modos de vida y para los ecosistemas. ¿Qué se está haciendo para conocer este impacto y mitigarlo? 

Este es el otro aspecto ambiental relevante en la estrategia nacional del litio. Asegurar que la extracción se haga minimizando el impacto sobre el agua que es una preocupación central para estos ecosistemas que son muy valiosos en el desierto. Por eso todos los contratos de extracción que se están firmando incluyen cláusulas para modernizar y usar métodos de extracción que tengan menos impacto en las aguas. No se va a seguir con el método de extracción actual de evaporación sino con uno de extracción directa que consume menos agua. 

Las termoeléctricas han ido cerrando en los lugares donde se concentran, pero en algunos de ellos se ha criticado la forma de esta transición ya que quedan en el territorio los pasivos ambientales, las centrales en desuso y los problemas de salud sin evaluar. También se han criticado métodos de reconversión polémicos como la quema acelerada de carbón o la co-combustión con amoníaco. ¿Qué se ha hecho y que se debe seguir haciendo para solucionar estas complejidades de la transición energética? 

Quiero ser muy enfática en que como gobierno hemos priorizado desde el primer día que la transición energética se haga con un sello de justicia social, ambiental y económica. Para que eso se pueda materializar, los organismos del Estado tienen que trabajar de forma conjunta. Por eso tenemos un comité de ministros intersectorial que trabaja en las que hemos llamado zonas de transición, como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Concón-Quintero-Puchuncaví y Coronel. Elaboramos una estrategia nacional de transición socioecológica justa, que es parte de los compromisos climáticos de Chile que presentamos ante la ONU por el Acuerdo de París. Además de la estrategia nacional tenemos planes locales en cada una de las cinco zonas, donde hay una gobernanza que incluye servicios públicos, municipios, empresas y organizaciones sociales y ambientales. Hay también un convenio inédito del Ministerio de Medio Ambiente con la CUT, como parte de las medidas para asegurar que el cierre de las termoeléctricas se haga asegurando la reconversión laboral de sus empleados. Hemos aprobado nuevas normas para contaminantes y una norma inédita de calidad ambiental para la bahía de Quintero, que es la primera norma de calidad ambiental para una bahía. En la última regulación tarifaria se redujeron en estos cinco territorios las cuentas de la luz entre 30% y 40%. Entonces tenemos más y mejores herramientas que hace cuatro años para asegurar la evolución favorable de estas zonas. 

Un caso emblemático de cómo se vive en estas zonas de transición es el de Quintero y Puchuncaví, donde se siguen registrando intoxicaciones masivas de niños y adultos a años de que se dictara un fallo de la Corte Suprema para identificar los contaminantes y reducir esta afectación. ¿Por qué se ha hecho tan difícil determinar el origen de las intoxicaciones y frenarlas? 

En Quintero y Puchuncaví la contaminación que se ha acumulado es multifactorial porque hay un polo industrial muy grande con muchas fuentes de contaminación. Esas fuentes se están eliminando y el caso más emblemático es el de la fundición Ventanas que dejó de funcionar en 2023 y a raíz de ello prácticamente se eliminó el dióxido de azufre que contaminaba la zona. Hoy estas comunas tienen la red de monitoreo más moderna del país, con 14 estaciones en Concón , Quintero y Puhcuncaví y tres de ellas llamadas supersitios con las que estamos monitoreando todos los contaminantes que tienen norma y también contaminantes sin norma. Esto nos va a permitir diseñar nuevas normas. También tenemos un delegado presidencial especial para ese territorio que nos permite ayudar a coordinar rápidamente a todos los servicios públicos cuando hay situaciones de emergencia. Esto significa que estamos muchísimo mejor preparados para dar respuestas más efectivas y rápidas. Ese trabajo es importante continuarlo y también seguir avanzando en otras áreas como la limpieza de los alcantarillados y otras fuentes de contaminación que no están directamente asociadas con el polo industrial, pero hoy tenemos mucha más claridad de dónde están las fuentes y tenemos más instrumentos para reaccionar. 

Ley de plásticos

La implementación de la ley de plásticos se topó con un nudo a raíz de la norma para prohibir entrega de envases de un solo uos para consumo dentro de locales de comida, que despertó la oposición de cadenas de comida rápida y otros gremios. ¿Cuál es tu opinión sobre esa disputa y por qué se plantea eliminar envases incluso si no son plásticos?

La contaminación por plásticos es probablemente la crisis ambiental más visible y fácil de entender porque la vemos en las playas, en la calle y en el mar donde agrava la crisis de pérdida de biodiversidad. Es importante que le cerremos la llave directamente a la producción de tanto envase que sirve para un solo uso. Nuestra sociedad usa mucho plástico y hay que asegurarnos de que, ahí donde se puede evitar ese uso, no ocurra. Chile tiene la ley de plásticos de un solo uso pero también tiene la ley REP, que en estos dos años ha aumentado nuestra capacidad de reciclar envases y embalajes plásicos. Chile tiene una normativa fuerte pero debe seguiravanzando porque la triple crisis ambiental se da por un sobreconsumo de recursos del planeta que no es sostenible y que supera la capacidad de restaurarse. Una medida fundamental es dejar de sacarle tanto recurso al planeta, sobre todo para crear envases que se van a usar unos pocos minutos y que luego se van a quedar por años contaminando el mar.

Gobierno ecológico

¿Teniendo en cuenta lo que se hizo y lo que quedó por hacer, podría decir hoy que este fue el primer gobierno ecológico de Chile?

Yo creo que Chile ambientalmente está mejor que hace cuatro años y eso es porque hemos logrado fortalecer la institucionalidad ambiental y porque hemos logrado transversalizar esta mirada ambiental del Estado, poniendo la naturaleza en el corazón de las decisiones no solo ambientales sino también de las decisiones sociales y económicas. Esto se ha logrado en la estrategia del litio, en la transición energética, en la creación del SBAP, en la Ley Marco del Cambio Climático. Ese esfuerzo debe continuar porque está en el centro del desarrollo sostenible, para darle prosperidad y bienestar a las chilenas y chilenos.