Ley de Etiquetados en Chile: diez años de avances, grises regulatorios y un debate pendiente sobre alimentos ultraprocesados
A casi diez años de su entrada en vigencia, la Ley de Etiquetados en Chile es valorada como un avance inédito en transparencia alimentaria. Sin embargo, el balance está lejos de ser concluyente: mientras cambió los hábitos de compra y obligó a la industria a reformular productos, las cifras de obesidad siguen siendo altas y los alimentos ultraprocesados encontraron nuevas formas de sortear la regulación.
Desde su implementación el 27 de junio de 2016, la normativa introdujo los sellos negros “Alto en” para advertir sobre excesos de azúcar, sodio y grasas. Una herramienta que, aunque efectiva para informar, no ha logrado revertir el problema estructural de la mala alimentación en el país.
Pese a que para profesionales del mundo alimentario la normativa representó un avance significativo, los índices de obesidad en el país siguen siendo elevados. Según el último informe de la OCDE, publicado en noviembre, la obesidad alcanza al 31% de la población chilena, superando ampliamente el promedio del 19% registrado en los países miembros de la organización.
Si se hace un zoom a la problemática, la obesidad infantil también presenta cifras preocupantes. Aunque no se trata de un fenómeno exclusivo de Chile, un informe publicado este año por UNICEF establece que el 27% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años presenta obesidad.
Los datos muestran que, pese al impacto de la Ley de Etiquetados en el mercado, el problema sanitario de fondo permanece prácticamente intacto.
Para Camila Corvalán —directora ejecutiva del Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios (CIAPEC) del INTA de la Universidad de Chile— la Ley de Etiquetados constituye uno de los avances más relevantes en esta materia, al ser una de las primeras normativas de este tipo en implementarse a nivel internacional.
En la misma línea, Corvalán señala que “hemos visto que las personas compran menos alimentos con sellos, y esto debería reflejarse también en la alimentación. También hemos notado una disminución en el consumo de alimentos regulados y, por otro lado, un cambio respecto de la oposición inicial de los productores, con la aparición de compañías que hoy proveen alimentos alternativos basados en ingredientes más naturales”.
Sin embargo, aunque una mayor conciencia sobre los alimentos consumidos es un factor positivo, los indicadores de salud no muestran mejoras sustantivas. En ese sentido, la directora del CIAPEC es enfática: “las enfermedades nutricionales siguen siendo la principal causa de muerte y discapacidad en el país. Por lo tanto, se requieren medidas complementarias a la Ley de Etiquetados”.
Los “grises” de la Ley de Etiquetados que las empresas capitalizaron
El impacto positivo de la normativa también supuso un desafío para las compañías del rubro alimentario, que debieron buscar fórmulas para evitar que ciertos productos fueran estampados con sellos de advertencia.
Bajo esa premisa, las empresas entendieron que los productos libres de sellos tendrían una mejor recepción en el mercado y comenzaron a modificar sus recetas. Sin embargo, la ausencia del sabor original abrió un nuevo problema: los consumidores pedían “lo de siempre”.
Un ejemplo ocurrió en 2019, cuando Soprole debió volver a la receta original del Manjarate, aun cuando eso implicaba incorporar sellos en el envase. “Fue imposible llegar a una fórmula que a las personas les gustara, siendo ellas mismas las que nos pedían volver a la receta original”, argumentó la empresa.
Con el paso de los años, diversas marcas iniciaron la búsqueda de una nueva estrategia que equilibrara sabor y cumplimiento normativo. Esta vez, el intento resultó exitoso: lograron reformular productos utilizando ingredientes de origen químico que aportaban sabor y les permitían quedar libres de sellos.
No obstante, con ello emergió otra problemática: alimentos ultraprocesados que comenzaron a comercializarse como opciones saludables.
Sobre este punto, María José Silva, nutricionista y académica de la Universidad de Playa Ancha, advierte que “con el tiempo, parte de la industria pasó de reformulaciones estructurales a estrategias de cumplimiento mínimo de la norma, y hoy vemos productos que quedan sin sellos, pero que siguen siendo ultraprocesados”.
Silva añade que un mayor uso de ingredientes químicos puede derivar en alimentos libres de sellos, pero no necesariamente beneficiosos para la salud, ya que en muchos casos contienen edulcorantes y aditivos sin valor nutritivo positivo.
Así, la normativa terminó incentivando no solo cambios en la composición de los productos, sino también estrategias orientadas a cumplir el mínimo legal, sin necesariamente mejorar su calidad nutricional
Una postura similar comparte Camila Corvalán, quien sostiene que las empresas deben “hacerse cargo de que están vendiendo productos que no son beneficiosos para la salud y que dañan a la población”.
“Hoy sabemos que las políticas no deben ser autodefinidas por estas compañías, sino mandatadas y fiscalizadas por el Estado. Las industrias deben involucrarse en la implementación de las medidas, pero no en su diseño, porque se generan demasiados conflictos de interés”, puntualiza.
Según el historial de la Ley de Etiquetados disponible en la Biblioteca del Congreso, durante su discusión legislativa participaron grandes actores del mundo privado. En esas instancias, McDonald’s Chile manifestó preocupación por los índices de obesidad, aunque atribuyó el problema principalmente al sedentarismo. La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER), en tanto, expresó reparos al proyecto, especialmente frente a la prohibición de comercializar sus productos en colegios, argumentando que “no es una solución eficaz” y que “fomenta el comercio informal”.
Los desafíos para las empresas y su visión sobre los alimentos “ultraprocesados”
En ese escenario, la industria alimentaria defiende su adaptación a la normativa, pero cuestiona el concepto mismo de alimentos ultraprocesados.
AB Chile es uno de los gremios que, desde hace más de una década, agrupa a firmas de la industria alimentaria. Respecto de los desafíos que implicó adaptarse a la normativa, señalan que “la ley ha generado un proceso de adaptación que se refleja en que, según nuestro Informe de Impacto Sostenible 2024, el 48% de los alimentos producidos por nuestros asociados es libre de sellos”.
En relación con el uso de ingredientes “ultraprocesados”, el gremio sostiene que existe un debate abierto a nivel internacional sobre dicha denominación y que el procesamiento permite transformar materias primas en ingredientes aptos para el consumo.
Además, argumentan que el procesamiento contribuye a extender la vida útil de los alimentos y a adecuarlos para personas con patologías específicas, como celiaquía o intolerancia a la lactosa.
“Lo importante es que cada consumidor conozca el valor nutricional de los alimentos, sus ingredientes y las porciones adecuadas para su consumo, con el fin de establecer una dieta balanceada y saludable. La información nutricional, sumada a la actividad física, son elementos clave en la alimentación”, sostienen.
Consultados por medidas para reducir el uso de ingredientes químicos, desde AB Chile responden que “la naturaleza entrega materias primas que, en última instancia, corresponden a componentes químicos, como la sal, que desde un punto de vista químico es cloruro de sodio. El sodio debe consumirse de forma moderada, según las recomendaciones de la OMS, y los aditivos permiten prolongar la vida útil de los alimentos”.
El factor educativo y socioeconómico detrás del problema alimentario
En 2019, en medio de la polémica por la reformulación del Manjarate, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuestionó la aplicación de la normativa por considerarla “demasiado fuerte”.
“Con relación a la Ley de Etiquetado de Alimentos y nuestro problema de obesidad en el país, tengo la impresión de que, como política pública, apostamos demasiado fuerte al etiquetado y dejamos de atender otras acciones, sobre todo en el ámbito educacional”, planteó.
Si bien las especialistas coinciden en la necesidad de avanzar en educación alimentaria, también proponen otras medidas. Camila Corvalán, por ejemplo, sostiene que resulta clave avanzar en la regulación del marketing digital para llegar a los públicos más jóvenes. “Es un aspecto muy pendiente, especialmente con los adolescentes, y en el que Chile debe avanzar no solo por razones nutricionales, sino también por la salud mental de niños y niñas”.
Además, enfatiza la necesidad de mejorar los entornos donde se toman decisiones alimentarias, facilitando el acceso a alimentos naturales a precios más bajos.
“Hoy sabemos, a partir de la evidencia, que lo que debemos modificar son los entornos: los espacios donde tomamos decisiones sobre qué comer. Son medidas que, como país, nos cuestan menos y que parecen tener mayor impacto en las personas”, afirma.
Un sello más: el proyecto que duerme en el Congreso
En octubre de 2024, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto que busca modificar la Ley de Etiquetados mediante la incorporación de un nuevo rotulado: “Alimento ultraprocesado”, destinado a productos que contengan más de cinco ingredientes derivados de procedimientos químico-industriales.
La iniciativa, que también propone prohibir su publicidad dirigida a menores de 14 años, tuvo su primera discusión en junio de este año. En la sesión participó la médica Mónica Manrique, quien aseguró que diversos estudios han demostrado una relación causal entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la muerte prematura, además de problemas de movilidad.
“Su alto consumo se explica por su bajo costo, su fácil o nula preparación y su fuerte marketing (…) hablamos de snacks, bebidas, jugos y comidas rápidas, entre otros productos”, explicó.
En ese contexto, el senador Iván Flores sostuvo que “si existe respaldo científico y se advierte el nivel de daño asociado al consumo de estos alimentos, debemos actuar en consecuencia y legislar al respecto”.
Pese a ello, hoy el proyecto permanece sin urgencia y se encuentra estancado en el Senado, en su primer trámite constitucional.
