Salcobrand recurre a la Corte para anular condena por acoso con gritos y humillaciones que ordenó pagar $29 millones a trabajadora
La historia del caso comenzó al interior de una sucursal de Salcobrand en la comuna de Puente Alto.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, desde 2022 una trabajadora fue sometida de manera reiterada a gritos, humillaciones, diferencias arbitrarias de trato y aislamiento por parte de su jefatura directa, hechos que terminaron por afectar su salud mental y deteriorar de forma sostenida el ambiente laboral.
En noviembre de 2024, la situación fue denunciada formalmente bajo el amparo de la llamada Ley Karin, activándose medidas de resguardo que, con el paso de los meses, fueron consideradas insuficientes.
Tras un período prolongado con licencias médicas y sin que la empresa lograra corregir el clima interno, la trabajadora decidió poner término a su contrato mediante un autodespido en julio de 2025.
El conflicto llegó al Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, donde la magistrada Moira Paola Ramírez Valenzuela acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y declaró justificado el autodespido, ordenando el pago de diversas indemnizaciones que, en total, superan los $29 millones.
El fallo concluyó que Salcobrand reaccionó de manera meramente formal frente a la denuncia y no adoptó medidas eficaces para proteger la integridad psíquica de la trabajadora.
Luego de esa decisión, la empresa interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.
En ese escrito, Salcobrand solicitó invalidar la sentencia, cuestionando la valoración de la prueba, la aplicación de la Ley Karin y la forma en que el tribunal estimó configurada la vulneración de derechos fundamentales.
Además, pidió dejar sin efecto la remisión del fallo a la Dirección del Trabajo, argumentando que ello podría implicar una eventual prohibición de contratar con el Estado.
El recurso sostiene que la denuncia fue tramitada conforme a la normativa vigente y que las medidas adoptadas habrían sido suficientes, por lo que solicita que se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes.
La causa quedó ahora en manos del tribunal de alzada, que deberá resolver si mantiene o anula la condena impuesta por el juzgado laboral.
