Empresa de Dominga defiende pagos a Lagos y Vargas con informes sacados de Internet y omite fallo judicial favorable de Matus
La empresa Andes Iron, controladora de la minera Dominga, salió a defender los pagos por $255,5 millones realizados durante 2023 al estudio jurídico integrado por Eduardo Lagos, Mario Vargas y el exdiputado Gabriel Silber, en el marco de un año clave en materia judicial para el proyecto.
Según la compañía, los desembolsos respondieron a servicios legales debidamente contratados y respaldados, sin ningún tipo de irregularidad.
La respuesta tuvo lugar posterior al reportaje de Reportea, el cual reveló la existencia de estos pagos y solicitó antecedentes que acreditaran las asesorías.
A través de su agencia de comunicaciones y lobby, Andes Iron remitió copia del contrato firmado el 14 de marzo de 2023 y nueve informes que, según su versión, justificarían los servicios prestados por los abogados.
Sin embargo, una revisión detallada de esos documentos mostró que su contenido se limita a resúmenes de información pública, disponible en los portales del Poder Judicial y del Servicio de Evaluación Ambiental.
Los informes reproducen, en gran parte, antecedentes de dos procesos que enfrentó Dominga en 2023: la evaluación ambiental del proyecto y el recurso judicial presentado por la ambientalista Nancy Duman, que buscaba anular dicho proceso.
Los documentos fueron elaborados de manera mensual y, en varios casos, repiten extensos párrafos de informes anteriores, incorporando únicamente actualizaciones tomadas desde expedientes públicos.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) denunció los hechos ante la Fiscalía, así lo confirmó a través de sus redes sociales.
"Dominga pagó $255 millones por 9 “informes” que son básicamente copy-paste. A quien? A los mismos abogados acusados de coimear jueces. Para qué era ese dinero que les pasó Dominga? ¿Hubo coimas a jueces? ¿Qué rol tuvo Matus? ¿Qué pasó en los tribunales ambientales? Este caso huele podrido a corrupción. Ya lo denunciamos a la @FiscaliadeChile. Chile merece la verdad".
Andes Iron niega acusaciones de lobby
La empresa descartó que los pagos estuvieran asociados a gestiones de lobby o influencias indebidas. En ese sentido, explicaron que dichos montos no se vinculan a “labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas, o actuaciones de cualquier otra naturaleza distintas a las expresamente pactadas”.
“En nuestra declaración anterior ya nos referimos extensamente a la naturaleza del contrato con esa oficina, y a cuáles fueron los servicios contratados, los cuales son muy claros y no incluyen ningún tipo de labor de relacionamiento o lobby. Los señalados informes formaron parte del servicio que se prestó y adicionalmente adjuntamos toda la información”, afirmó el subgerente de comunicaciones y asuntos externos de la minera, José Antonio Edwards a Reportea.
Detalles que levantan sospechosas
Un antecedente adicional que genera cuestionamientos es que el abogado Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme, quien representó a Andes Iron en los tribunales durante 2023 y 2024, aseguró que desconocía la participación de Lagos, Vargas y Silber en la defensa judicial del proyecto.
Según indicó, “no tenía antecedente de que esos abogados hubieran sido contratados por Andes Iron pues no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”.
Por lo tanto, la interrogante sigue siendo la misma: con qué motivo la empresa pagó $255 millones a Lagos y Vargas si no formaban parte de la causa.
A esto se suma que el contrato con el estudio jurídico incluyó pagos a otros asesores, como el exdiputado Aldo Cornejo (DC), hoy dedicado al lobby, y a la consultora Qualiz, encabezada por Carlos Correa, quien confirmó que prestó servicios de comunicación corporativa y manejo de crisis. Parte de estos pagos quedó registrada en facturas y transferencias bancarias revisadas por Reportea.
En paralelo, Andes Iron sostuvo públicamente que durante la vigencia del contrato con Lagos, Vargas y Silber no existieron fallos judiciales favorables al proyecto.
No obstante, la empresa omitió un recurso resuelto en agosto de 2023 por la Corte Suprema, cuyo fallo fue redactado por el ministro Jean Pierre Matus.
Dicha causa era monitoreada en los informes entregados por los abogados, según consta en los documentos revisados.
