Prácticas ilegales y más jaulas salmoneras en aguas protegidas: Terram revisa el 2025 en la industria del salmón
Tras el anuncio inicial del Gobierno de impulsar una nueva Ley de Acuicultura, la agenda legislativa fue modificada luego de presiones del sector salmonero. En su lugar, se optó por avanzar en una Política Nacional de Acuicultura orientada a simplificar trámites, particularmente aquellos asociados al otorgamiento, relocalización y renovación de concesiones, una de las principales demandas de la industria.
Así lo indica la nueva edición del Balance Ambiental de Fundación Terram, titulada “Ambientalmente fuera de servicio” , documento que analiza los hitos más relevantes ocurridos en el último año en país. Desde la organización indican que se optó por avanzar en una Política Nacional de Acuicultura orientada a simplificar trámites, particularmente aquellos asociados al otorgamiento, relocalización y renovación de concesiones, una de las principales demandas de la industria.
“Esta simplificación de trámites relativa a las concesiones es la principal demanda de la industria, ya que el otorgamiento de nuevas concesiones y la relocalización de aquellas que hoy no son productivas y/o se encuentran al interior de áreas protegidas permitiría seguir expandiendo su actividad hacia nuevas aguas y también aumentar la producción en zonas donde ya se encuentra instalada”, señala Maximiliano Bazán, autor del capítulo referido a la Industria Salmonera.
Uno de los aspectos más críticos es el aumento sostenido de la producción de salmones al interior de áreas protegidas. Según datos analizados por Fundación Terram, la producción en estas zonas pasó de representar en promedio un 13% del total nacional entre 2004 y 2013, a un 25% entre 2014 y 2023. Actualmente, existen además 56 concesiones en trámite solo dentro de la Reserva Nacional Kawésqar.
Prácticas ilegales
El documento también alerta sobre la persistencia de prácticas ilegales, como la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En este contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó a la empresa Cooke Aquaculture por modificar proyectos sin evaluación ambiental en centros ubicados dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. No obstante, la sanción permitió que la empresa continúe operando dentro de los niveles originalmente autorizados, lo que, según el informe, carece de efectos disuasivos reales.
A ello se suman 9 casos de sobreproducción. Durante 2025, la SMA resolvió numerosos Programas de Cumplimiento presentados por Australis Seafood en el marco de 40 procedimientos sancionatorios. De aprobarse completamente dichos programas, al menos 29 casos de sobreproducción podrían quedar sin sanción, pese a haber generado ganancias estimadas por Fundación Terram en más de 200 millones de dólares.
El Balance Ambiental 2025 también revela los subsidios estatales entregados a la industria salmonera. Entre 2004 y 2023, el sector recibió más de 67 mil millones de pesos en subsidios a la mano de obra, cubriendo cerca del 17% de más de dos millones de salarios. Parte de estos recursos fue entregada a empresas que registraban multas laborales e incluso a casos que no cumplían con los requisitos legales, sin que se activaran las denuncias correspondientes por parte de los organismos públicos.
Para Fundación Terram, este conjunto de antecedentes muestra una institucionalidad ambiental debilitada, donde la falta de sanciones efectivas y el uso de recursos públicos terminan incentivando el incumplimiento normativo, profundizando los impactos ambientales y sociales de la industria salmonera, especialmente en ecosistemas de alto valor ecológico.
